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Causa estafa y “aprietes”: las partes aceptaron la constitución del querellante

El padre de un presunto estafador, Miguel Horacio V., quien habría recibido amenazas y “aprietes” por parte de varios de los imputados, será representado por los Dres. Alejandro y Lucía Mognaschi. Y si bien aún no se conocen acciones concretas, Diario Castellanos pudo saber que las primeras medidas adoptadas por los profesionales fueron adherir a los agravios de la apelación presentados por el fiscal Martín Castellano haciendo reserva también de ampliar otras cuestiones al tomar conocimiento de las totalidad de la investigación. También trascendió que los letrados habrían presentado evidencia para acreditar lo dicho en un primer momento por uno de los testigos que luego cambió su declaración.

Sucesos 17/09/2020 Redacción web Redacción web
fiscalia-rafaela- Ministerio público de la acusación - MPA

(Nilo Peretto) La causa conocida como Estafa y “aprietes” sigue su curso y en las últimas horas, de acuerdo a información a la que tuvo acceso Diario CASTELLANOS, se habrían producido importantes novedades. Una de ellas es que las partes -defensores de los imputados y el magistrado interviniente- aceptaron que Miguel Horacio V., padre de Martín VF y sindicado como presunto estafador, se presente como parte querellante en la causa que investiga el responsable de la Sección Delitos Complejos y Criminalidad Económica de la Unidad Fiscal Rafaela, Dr. Martín Castellano. En este caso -tal como ya lo habíamos adelantado- Miguel Horacio V. contará con el asesoramiento legal de los doctores Alejandro y Lucía Mognaschi.

Primeros pasos

La información a la que accedimos ahora permite aseverar qué, tras conocerse la aceptación para la constitución del querellante, el Dr. Alejandro Mognaschi y su hija Lucía, manifestaron su total adhesión a los agravios de la apelación presentados en su momento por el fiscal Martín Castellano (ver aparte) e hicieron también reserva de ampliar las mismas al tomar conocimiento de las totalidad de la investigación. También trascendió que los letrados habrían presentado evidencias para acreditar lo dicho en un primer momento por uno de los testigos que luego cambió su declaración motivando con ello que el Juez de la IPP José Luis Estévez le otorgara su anterior estado de libertad a tres de los imputados que debían cumplir prisión preventiva en principio hasta el 18 de noviembre.

La apelación

En ediciones pasadas de Diario Castellanos, informábamos que el fiscal Martín Castellano, responsable de la Sección Delitos Complejos y Criminalidad Económica de la Unidad Fiscal Rafaela, había apelado la resolución adoptada por el Juez de la IPP, Dr. José Luis Estévez quien dispuso en su momento hacer lugar a lo solicitado por los abogados defensores, ordenando la liberación de Agustín A., Fabricio A, y Ezequiel de los S., quienes estaban detenidos con prisión preventiva, bajo el cumplimiento de medidas alternativas y tras el pago de una fianza de $700.000.

Los agravios básicamente giraron en torno a la valoración del juez sobre dos testimonios de victimas realizados ante un escribano público a pedido de la defensa. Además el representante del MPA planteó disconformidad con la valoración que hizo el magistrado acerca de que los peligros procesales podrían suplirse con medidas alternativas a la prisión preventiva decretada pocos días atrás.

Cabe señalar además que en otro escrito presentado, el fiscal Castellano también pidió la recusación del Juez Estévez, cuestiones que deberán resolverse próximamente.

El hecho

Como se supo y tras una maratónica audiencia que había comenzado a las 18 de un día viernes y finalizó a las 4 de la madrugada del sábado, el Juez de la IPP José Luis Estévez había decretado la prisión preventiva de tres de los ocho imputados por el fiscal Martín Castellano, y la libertad bajo el cumplimiento de medidas alternativas y el pago de una fianza de 700.000 pesos cada uno para otros cuatro acusados.

En aquel acto el fiscal Castellano dijo al juez que iba a solicitar la prisión preventiva de Fabricio Nicolás A.; Ezequiel Martín de los S.; Agustín A.; Mateo Francisco F; Juan Manuel G.; Lucas O.; Martín Miguel B. y Darío Gabriel S., por entender que se encontraban cumplimentados los requisitos del Art. 220 del Código Procesal Penal, al menos con el grado de probabilidad exigida para esta etapa inicial de la Investigación Penal Preparatoria.

Según el fiscal se estaba ante una sucesión de hechos violentos, intimidantes, agresivos -en algunos casos coaccionantes-, con un móvil de orden económico, que se desarrollaron en un contexto predispuesto por un entramado de operaciones de entregas de importantes sumas de dinero en efectivo, en moneda nacional y extranjera a un particular, en este caso a Martín VF, sin que hasta el momento se haya podido acreditar el origen de tales fondos, asunto que por supuesto sería materia de profundización; así como tampoco se había logrado incorporar documental o comprobantes que dieran respaldo a esas entregas de dinero y permitan conocer los términos específicos del acuerdo que tenían los imputados con Martín VF.

Finalmente y tras escuchar a las partes -fiscal, abogados defensores e imputados- el Juez Estévez dispuso decretar la prisión preventiva hasta el 18 de noviembre venidero a tres de los ocho individuos que habían sido detenidos por más de decena de delitos cometidos en Rafaela en perjuicio del kinesiólogo Martín VF y su entorno familiar, a quienes reclamaban el pago de una abultada deuda contraída para comprar insumos profesionales y gastada en apuestas ilegales.

Ellos eran Agustín A. (29 años); Fabricio Nicolás Á. (28); y Ezequiel Martín de los S. (29). En tanto otros cuatro acusados -Martín Francisco F. (30); Juan Manuel G. (26); Martín Miguel B. (32) y Lucas O. (34) recibieron medidas alternativas a la restricción de la libertad, debiendo afrontar el pago de una fianza de $ 700.000 cada uno; mientras que Darío Gabriel S. también fue liberado con medidas alternativas pero sin pago de fianza.

Liberación para tres

Poco después y a pesar que en su momento había dispuesto la prisión preventiva de tres de los imputados hasta el 18 de noviembre venidero, se realizó una audiencia de apelación solicitada por los defensores de los detenidos. En la misma y tras presentar documentación en que la menos dos de las presuntas víctimas de “aprietes” y de haber sido privados ilegítimamente de la libertad se habían “arrepentido” manifestando esos dichos ante un escribano público; y al “desaparecer” la figura más gravosa, el magistrado decidió liberar a los aprehendidos ordenando el cumplimiento de medidas alternativas y el pago de una fianza también de $700.000, decisión que fue apelada por el fiscal Castellano con adhesión ahora de la querella.

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