El Fiscal Federal se hizo cargo de la dependencia rafaelina el 1º de enero de 2020 y en el informe elevado al Procurador quien luego lo envía a la Comisión pertinente del Congreso Nacional, se hace constar que la mayor parte del caudal de trabajo está constituído por investigaciones relacionadas a la Ley 23.737, indicándose que fueron elevados a juicio 58 casos de los cuales 50 corresponden a delitos por narcotráfico y el resto por Trata de Personas. También se hace referencia a la situación de Frontera y Josefina; a la necesidad de incorporar tecnología para acelerar los tiempos de brindar justicia; y a la causa de la desaparición de Maxi Sosa en Ceres, entre otros.
Sucesos 20/01/2021
Redacción web
(SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE) En las últimas horas Diario CASTELLANOS tuvo acceso al informe de gestión del año 2020 presentado en su momento por el Fiscal Federal de Rafaela ante el Procurador General de la Nación quien a su vez deberá elevarlo -junto al del resto de los Fiscales Federales- a la Comisión pertinente del Congreso Nacional.
En la jurisdicción también resulta llamativa la situación de las localidades de Frontera y Josefina, las cuales se ubican en la provincia de Santa Fe y lindan con la provincia de Córdoba, y donde se vislumbra una escasa intervención del Estado en todos los aspectos. Es en esa zona que podría tildar de la "más conflictiva" en la extensa jurisdicción territorial que la Fiscalía posee, desde donde el conocido "Clan Gallardo" operaba. Esa organización ha estado vinculada a lo largo de los últimos 10 años a hechos de asociación ilícita, comercio de estupefacientes, abuso de armas, homicidios, amenazas, lavado de dinero, entre otros, encontrándose actualmente una persona prófuga en el marco de una investigación que data del año 2014.
En relación a ello, en el corriente año se logró la detención de una de las personas que se hallaba prófuga, cuya respectiva causa fue elevada a juicio por los delitos de asociación ilícita, comercio de estupefacientes y amenazas.
Asimismo también fue elevada a juicio otra causa contra seis personas por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de tres personas o más en forma organizada, en la que incluso estaba involucrado integrante del citado "Clan Gallardo", en la que el año pasado se allanaron gran cantidad de domicilios ubicados en Frontera (Provincia de Santa Fe) y La Francia y San Francisco (Provincia de Córdoba), secuestrándose material estupefaciente, dinero, armas de fuego, entre otros elementos.
Asimismo, y en una investigación inicialmente radicada en la provincia de Córdoba, y actualmente en la jurisdicción, con motivo de uno de los allanamientos sucedidos (en Frontera), se secuestraron más de nueve kilogramos de picadura de marihuana y plantas secas de esa especie, trescientos ochenta plantas de cannabis sativa y casi tres mil semillas, siendo imputadas tres (3) personas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas (art. 5 inc. c agravado por el art. 11 inc. c de la ley 23.737).
En esa zona resultan de gran importancia los denominados "Buzones de la Vida", lugar donde los vecinos de esas localidades depositan notas anónimas, que finalmente son aportadas a la justicia por las autoridades del Ejecutivo, trayéndose a conocimiento, en su mayoría, personas y/o domicilios vinculados al tráfico de estupefacientes.
En definitiva, lo que a la materia respecta (23.737) y a pesar de la emergencia sanitaria existente, se han llevado a cabo en la jurisdicción y en investigaciones delegadas, setenta allanamientos en cuarenta y un causas, habiéndose elevado a juicio cuarenta y nueve expedientes (algunos iniciados durante los años anteriores) en las que se encontraban involucrados ciento siete imputados y aproximadamente seis kilos de clorhidrato de cocaína, más de doce kilogramos de marihuana y más de 230 kilos de hojas de coca.
La mayor problemática que se ha presentado son las demoras ocurridas en la confección de los informes periciales sobre los teléfonos celulares y principalmente, sobre el material estupefaciente. Sin desconocer que la situación de pandemia ha provocado graves retardos en ese punto, lo cierto es que igualmente este tipo de diligencias generalmente demoran como mínimo dos meses en causas con personas privadas de la libertad, siendo tales informes las únicas medidas probatorias que repercuten negativamente en procurar una ágil elevación de la causa al debate. En tal sentido, los gabinetes técnicos específicos se encuentran en otras jurisdicciones, resultando de suma relevancia contar con este tipo de especialistas en la ciudad de Rafaela.
Ley de Marcas
Asimismo, en fecha reciente, en una causa de trámite por ante la Fiscalía Federal, por infracción a la ley de marcas, se procedió al secuestro en distintas diligencias de allanamientos llevadas a cabo por Gendarmería Nacional, en tres locales comerciales de esta ciudad, de aproximadamente dos mil pares de calzado deportivo de distintas marcas, que se presume resultarían apócrifos, encontrándose en curso de producción actualmente los peritajes correspondientes.
Fuera de ello, las diferentes disposiciones sanitarias adoptadas mediante decretos de necesidad y urgencia en torno al control de la pandemia del Covid -19, provocó una importante conflictividad penal en base al delito previsto en el Art. 205 del C.P. Principalmente la Fiscalía intervenía en base a las prevenciones policiales de las fuerzas federales, impulsando las causas penales de acuerdo a la significación de la gravedad de la conducta, mientras que en otras oportunidades se hicieron uso de los criterios de oportunidad y la consecuente extinción de la acción penal (arts. 30, 31, 251 y 252 del Código Procesal Penal Federal).
Por su parte, y fuera de lo que el tráfico de estupefacientes respecta, merece destacarse que se elevó parcialmente a juicio la causa vinculada a la desaparición de un niño de 3 años de edad en la ciudad de Ceres, hecho que tuvo gran repercusión mediática: el caso "Maxi Sosa". La investigación fue iniciada (en diciembre de 2015) por el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, y luego de algunos años y contando con dos personas detenidas por la sustracción del menor, desde allí se vislumbró una hipótesis de Trata de Personas, quedando finalmente la causa radicada en esta jurisdicción federal por disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Actualmente se ordenaron nuevas medidas tendientes a dar con el paradero del niño, como así también se solicitó la elevación a juicio parcial de la causa respecto de la abuela del menor y la pareja de ésta por la sustracción del niño. A la vez, se formaron nuevas actuaciones para continuar con la averiguación del paradero de Maxi, quien actualmente tendría 8 años de edad.
Durante la víspera se desarrolló un importante operativo a cargo de la policía de Investigación (PDI), en la ciudad de Sunchales, donde se inspeccionó un depósito. Por la actuación, una persona fue detenida y se secuestró un arma de fuego, rollos de cables, placas y ornamentos de cementerio, grifería y más de 300 kilogramos de cobre.
La chacarita está ubicada en 500 Millas al 1.800 y terminó con fajas de clausura por no contar con habilitación de la Municipalidad. El procedimiento se concretó el miércoles por la tarde y los actuantes incautaron diversos elementos relacionados, presuntamente, a hechos ilícitos ocurridos en la ciudad.
El Gobierno de Santa Fe emitió un sentido comunicado tras el aberrante episodio ocurrido en Rosario. Además, insisten en que no retrocederán en su lucha contra las mafias narcocriminales. El sábado mataron al playero de una estación de servicio y este domingo al mediodía falleció el colectivero que había recibido un disparo en la cabeza el jueves.
Personal del equipo de Asistencia de Investigación del MPA bajo las órdenes del Fiscal Regional Carlos Vottero y del fiscal Guillermo Loyola, contando con colaboración de la Policía Federal, concretó 35 allanamientos en Buenos Aires. Detuvo a 18 personas integrantes de una Asociación ilícita que cometía estafas. Los damnificados habían sido las firmas Las Taperitas y Suc. de Alfredo Williner. La suma sustraída superaba los $ 170 millones.
En esta área se atienden y se resuelven diversas problemáticas, con distintos equipos que realizan varios tratamientos, estudios e intervenciones. Uno de ellos es el de cardiología intervencionista, como su nombre indica, interviene al paciente; en los últimos años lo está haciendo con un novedoso método, denominado TAVI, que es exitoso y eficiente.
Lo manifiesta Mauricio Rizzotto, presidente del Centro Comercial e Industrial. Realizó un balance de lo ocurrido el último 9 de mayo donde el mayor impacto se dio a nivel nacional que dentro de la propia ciudad. En casos contados, el movimiento comercial e institucional se mantuvo como cualquier otro día. El comerciante también se refirió al movimiento de ventas y la importancia del cambio en el régimen laboral.
Así lo afirmó la presidente comunal, Dianela Michlig, quién destacó el trabajo realizado para lograr ambiciosos proyectos en materia de Educación, Cultura, Salud, Deporte. Además, destacó la cercanía con el Gobierno Provincial diciendo: "Hoy los funcionarios bajan al territorio y están cerca de las necesidades de cada localidad".
Así lo afirmó el intendente, Marcelo Andreychuk, al hacer referencia a sus primeros 5 meses de gestión en la ciudad. "No estamos recibiendo fondos ni de nación, ni de provincia, por lo que nos estamos autogestionando. Tenemos un pacto social con nuestros vecinos y lo estamos cumpliendo", destacó.