El Municipio se comprometió en la difusión de mayor información

Los reclamos, quejas, inquietudes y peticiones no cesan de llegar en un tema tan sensible como es el alquiler, no solo en la ciudad de Rafaela, sino en toda la República Argentina, con un marco bastante similar en todos los rincones del país, cargando a cuestas una ley de alquiler que no terminó de traer las soluciones esperadas. Para contextualizar, la semana anterior el grupo de Inquilinos de la ciudad de Rafaela, se manifestaron frente al palacio municipal y llevaron adelante la presentación de más de 2.000 firmas de vecinos de la ciudad reclamando por los desajustes en el sector. Luego del mismo, el Estado local programó una reunión que se desarrolló en la víspera, en el salón verde, donde representantes del Ejecutivo local dieron cuenta de la posibilidad de acción que tienen respecto a este tema en particular. Entre las temáticas presentadas por el grupo, se encontraban los precios de los contratos, los requisitos de las inmobiliarias, poca oferta, mal cobro de impuestos, abuso de propietarios, entre otros aspectos. Las autoridades municipales escucharon atentamente la problemática que fue llevada a la reunión y se resolvió colaborar desde un lugar informativo, reconociendo claramente que es un tema con un «ámbito acotado» para el Municipio local en lo que respecta a la intervención puntual.
Luego del encuentro el Fiscal del Municipio local, Daniel Frutero dialogó con CASTELLANOS donde brindó detalles del encuentro y las posibles líneas de acción que se tomarán para tratar de llevar mayor claridad a inquilinos y propietarios. En primer lugar el fiscal local confirmó que el tema de los alquileres «es un ámbito acotado el del Municipio en cuanto a la intervención que puede llegar a tener en este tema», pero en el marco de la discusión que se viene planteando a nivel nacional, el Estado se comprometió a realizar una campaña de difusión pública, tanto del debate que se desarrolla como de los derechos y obligaciones que establece la normativa vigente para todas las partes. «Hemos acordado avanzar en acciones de información a la ciudadanía, para que puedan tener claras cuáles son las herramientas que la ley establece hoy».
Ante la necesidad de tener en claro los derechos y obligaciones, si bien reconocen que la posibilidad de acción del Municipio es acotada en lo que respecta a materia inmobiliaria, ya que no puede intervenir en contratos, situaciones puntuales o brindando asesoramiento concreto, pero si lo puede hacer a nivel colectivo. En este punto desde el grupo de inquilinos se planteó la posibilidad de avanzar en un 0800 para la atención de reclamos, aunque aquí entra en conflicto el rol del estado local el cual no puede brindar un asesoramiento particular, pero puede distribuir información. «La primer medida que puede llegar a tomar el Estado local es difundir a través de todos los medios de comunicación cuales son los derechos y obligaciones que establece la normativa. Por eso vemos más viable esta alternativa antes de que los reclamos puntuales», detalló. 

Una problemática de alcance nacional
Tal como lo señalamos anteriormente, el tema de los alquileres es una problemática que se replica en distintas escalas en varias ciudades del país que básicamente está atravesada por los incrementos de los alquileres y la escasa oferta de inmuebles para alquilar, «es una problemática que no es puntual de la ciudad, sino que se replica a nivel nacional. Creo que la ley tuvo una buena intención de intervenir en el problema pero que no ha dado resultados en lo concreto. Celebro el debate que se da a nivel nacional para modificar esos puntos de la ley», recordando que entre los puntos que se enfocará el debate responden al índice de actualización y el período de tres años. Los diputados que integran la Comisión de Legislación General empezaron la semana pasada a escuchar a representantes de los distintos sectores involucrados. En esa primera ronda predominó la presencia de colegios inmobiliarios y martilleros, mientras que el último martes tuvieron mayor participación las agrupaciones de inquilinos. El debate definitivo tendrá lugar el 26 y 27 de abril. La idea es que de allí surja el dictamen que se votará en el recinto a la semana siguiente y que hará cambios a la Ley 27.551.

 
El pedido de los inquilinos
El grupo de inquilinos reconocieron luego del encuentro que fue realmente «positivo» el encuentro mantenido, y detallaron también las solicitudes presentadas al Estado local donde apuntan como solución la posibilidad del aumento de la tasa municipal a la vivienda vacía, con el objetivo claro de promover más oferta de alquileres y por ende más competencia para que baje el precio. En este caso los funcionarios se comprometieron en el estudio de la medida para debatirla en una próxima reunión a la espera de que lo que suceda a nivel nacional. Lo mismo harán con la iniciativa de la garantía municipal para poder alquilar, a partir de todo esto, se espera que el próximo encuentro entre ambas partes pueda traer definiciones concretas más allá de la campaña de difusión.