Lamberto termina su mandato como Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo de la Provincia, Raúl Lamberto, culminará su mandato el próximo jueves 28 de julio, sin que hasta el momento se conozca la propuesta de alguien para reemplazarlo en el cargo.
En el interín hay un vacío normativo, aunque en anteriores oportunidades de casos similares tomaron el relevo de manera provisoria los dos defensores adjuntos, que para el caso son el ex vicegobernador Jorge Henn, por la zona norte, y Gabriel Savino por la zona sur; en un esquema que también incluye a la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Analía Colombo.
A Lamberto lo propuso el ex gobernador Miguel Lifschitz, se aprobó su nombramiento en junio de 2016 y asumió un mes después, con lo cual ahora se cumplirán los cinco años establecidos por la ley. El próximo paso será que, a propuesta del secretario de Justicia, el gobernador envíe un pliego a la Legislatura para designar al próximo defensor, que deberá ser aprobado por ambas cámaras; habitualmente previo acuerdo político entre las distintas fuerzas con representación parlamentaria.
Si bien inicialmente estaba previsto que el mandato de los defensores adjuntos coincidiera con el del Defensor provincial, la necesidad de cubrir vacantes en esos cargos por distintas circunstancias provocó que actualmente no tengan el mismo punto de inicio y, por tanto, de finalización. Así es que Henn y Savino seguirán en sus cargos hasta diciembre de 2024, ya que sus pliegos fueron aprobados en noviembre de 2019 y asumieron al mes siguiente, pocos días después que el actual gobernador.
En tanto, el reemplazo de Lamberto se produce en un escenario de particular tensión entre el Ejecutivo y la Legislatura, y se inscribe en un marco en el que también serán objeto de discusiones y negociaciones otros cargos que requieren del concurso de ambas instancias, como los correspondientes al Enress y, sobre todo, al Tribunal de Cuentas.

De que se trata

Tal como lo consigna su propia página oficial, la Defensoría del Pueblo es un organismo descentralizado, unipersonal e independiente con autonomía funcional y autárquica financiera que no recibe instrucciones de ninguna índole, con facultades de control extra poder.
La función del Defensor del Pueblo es proteger los derechos fundamentales del individuo y los intereses difusos o colectivos de la comunidad contra actos irregulares, arbitrarios, ilegítimos, discriminatorios o negligentes de los funcionarios de la Administración Pública.
Sin perjuicio de presentar la denuncia de hechos delictuales, el Defensor del Pueblo efectúa recomendaciones a los funcionarios, propone la modificación de normas legales, realiza críticas y amonestaciones y hace pública su labor a través de informes.
Ejerce la defensa del individuo y de la comunidad tanto en el plano de los derechos fundamentales, derechos económicos (protección del consumidor) como en los intereses difusos.