La Legislatura sin receso, ni sesiones

Tal como ocurrió en 2020, ante la pandemia las Cámaras de la Legislatura santafesina tomaron antes de julio la decisión de no tomarse vacaciones. Para este jueves 15 no han sido convocadas las dos cámaras, algo que entre quienes siguen la agenda legislativa no es sorprendente porque poco hay a la vista en condiciones de ser tratado, pero que –en los hechos- hará que se acumulen dos semanas sin sesiones en el Senado y tres en el caso de Diputados, que no se reunió el jueves 8.

Se presenta la tentación de suponer que a las vacaciones de invierno los legisladores se las toman igual aunque digan que no han decretado el receso, pero no es cierto. Y tampoco el cierre de listas de esta semana y sus negociaciones hasta último momento terminan de explicar estos días de pasillos casi vacíos en el Palacio Legislativo santafesino.

Es el contexto de desconfianzas por el conflicto de poderes que vive la provincia lo que explica la situación. Las simplificaciones del tipo “no quieren trabajar”, son cómodos atajos para no ir al fondo del asunto, que en términos institucionales es mucho más grave.

Fue evidente la ralentización de la producción legislativa durante junio, más con respecto a mayo. Y entre medio hubo un cambio de clima que lo explica. Por unas semanas, el gobernador Omar Perotti instaló condiciones para el diálogo con la oposición que domina la Cámara de Diputados y con las complejas articulaciones entre los bloques del Senado, donde también el oficialismo está en minoría, producto de sus divisiones por mismas tensiones políticas pero en el seno del peronismo santafesino.

El discurso del titular de la Casa Gris del 1ro de Mayo en la apertura del período ordinario de sesiones pareció capaz de inaugurar un año de acercamientos y búsqueda de consensos, aún con un calendario electoral con cuatro llamados a las urnas. Tantas veces se ha hecho… Pero no fue así. Después vino la discusión de los dos vetos del Ejecutivo, con una suerte de empate, y el punto más álgido se produjo con el proceso contra el director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, iniciado por la conducción del propio MPA, que fue elevado a la Legislatura, tal como marca una ley cuya constitucionalidad fue cuestionada por asociaciones de fiscales y hace unos días ratificada por la Corte Suprema.

Se sabe: cuando la sesión conjunta de ambas cámaras se disponían a tomar una dura sanción pudo más el ex ministro de Seguridad y logró, fallo mediante en un juzgado laboral de Rosario, evitar que ese proceso en su contra avance.

Y en el asunto metió las manos otro poder: el Ejecutivo, que ordenó al fiscal de Estado Rubén Weder “allanarse” al pedido del ex funcionario del gabinete de Perotti.

Y por si fuera poco, en forma paralela, un juez de Cámara declaró inconstitucional un artículo de la Constitución de Santa Fe referido a los fueros y su alcance, en el marco de la causa que han iniciado dos fiscales para poder imputar al senador Armando Traferri, pese a que la Cámara alta les rechazó esa posibilidad en diciembre de 2020.

Es difícil que con ese marco institucional, que se suma al recalentamiento lógico de cada año electoral, haya condiciones para el diálogo. Más, con las dificultades (y la dispersión) que muestra el partido de oposición más importante en las elecciones de 2019, el Frente Progresista, tras el fallecimiento de Miguel Lifschitz.

Por lo pronto, este jueves se ha parado casi todo. En Diputados habrá una reunión importante entre el ministro de Seguridad Jorge Lagna y varios legisladores de la oposición para acordar cambios a los tres proyectos de ley que el Ejecutivo ha enviado en tiempos de Sain. Por contraste entre un apellido y el otro, y por sus propias condiciones personales, el ministro en funciones es parte de las condiciones en favor del diálogo. Pero el contexto de desacuerdos generales pesa más.

Comparaciones

La idea actual de mantener al Poder Legislativo en funcionamiento ante la situación de emergencia, para contar con la posibilidad de sancionar las normas que la situación requiera sin demoras, es idéntica a la de 2020.

Quienes recuerden las sesiones del año pasado podrán verificar que durante julio, con telesesiones y sesiones presenciales o mixtas, Santa Fe discutió por ejemplo sobre la posibilidad de obligar a los curados de coronavirus a ser donantes de plasma, un debate en el que no se llegó a sancionar más que un pedido de concientización para la donación siempre voluntaria pero fue único en el país, se votaron leyes para beneficiar a sectores afectados por las aún más duras restricciones del año pasado, y se fijaron posiciones respecto de la manera como el Estado debía asistir a la sociedad santafesina por el Covid 19, entre otros temas.

Hoy la agenda legislativa, donde está pendiente desde octubre de 2020 en Diputados el tratamiento de su proyecto de Conectividad que requiere la autorización de un préstamo del exterior, se parece demasiado a la del año pasado. Y no todas las explicaciones están adentro del Legislativo. Las malas relaciones entre sectores políticos han llegado a las instituciones.