Mientras la crisis castiga a la sociedad, la Justicia y la política de Santa Fe se encierran en su burbuja

Cuesta entender cómo es posible que en medio de la peor crisis económica de los últimos 20 años, con niveles de inseguridad letales, con índices de pobreza desoladores y frente a una pandemia impiadosa; sectores del máximo poder político y judicial de la provincia de Santa Fe dilapiden su tiempo y esfuerzo en discutir desde hace un mes sobre el destino de un hombre: Marcelo Sain, el exministro de Seguridad que acaba de regresar a su cargo de director del Órgano de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

¿Quién es Marcelo Sain?, ¿realmente es tan importante?, ¿por qué propios y extraños lo quieren lejos?, ¿se trata de un técnico capacitado para luchar contra la inseguridad, de un alfil del peronismo o de ambas cosas?

Si las instituciones funcionaran de manera adecuada, cualquier nombre propio -como el de Marcelo Sain- debería ser apenas un dato secundario. Pero no es el caso de Santa Fe

Sain llegó a la provincia como asesor del socialismo, se convirtió por concurso en director del Órgano de Investigaciones del MPA, hasta que Omar Perotti lo convocó para que fuera su ministro de Seguridad. Entonces, pidió licencia política en el MPA y comenzó a ejercer funciones en el Poder Ejecutivo.

Cuando Sain dejó el ministerio y quiso regresar a su antiguo puesto en el Órgano de Investigaciones, el Frente Progresista se opuso terminantemente, parte del peronismo se puso en alerta y los fiscales regionales de Santa Fe, Carlos Arietti, y de Rafaela, Diego Vigo, se negaron a aceptar su reingreso al MPA.

A estas alturas de las circunstancias y luego de todo lo sucedido durante los últimos 15 meses, queda claro que Marcelo Sain nunca debió convertirse en ministro, sin antes renunciar a su cargo en el MPA.

La Ley Orgánica del Poder Judicial indica que ninguno de los integrantes de la Justicia podrá “ejercer empleo en virtud del cual deban estar bajo la dependencia de otro poder”. Y la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación plantea que “será incompatible con la función de fiscal general, fiscal regional, fiscal y fiscal adjunto, así como con la función de director de cualquiera de los órganos de apoyo, intervenir directa o indirectamente en política”.

Sin embargo, cuando Omar Perotti convocó a Sain para que se convirtiera en su ministro de Seguridad sin renunciar al MPA, nadie alzó la voz para advertir sobre estas incompatibilidades. No lo hizo el peronismo encolumnado detrás de Traferri, no lo hizo el socialismo, no lo hizo el radicalismo, no lo hizo el Poder Judicial, no lo hizo el fiscal general Jorge Baclini, no lo hicieron los fiscales regionales que hoy se muestran alarmados por la situación y tampoco lo hizo el periodismo (mea culpa incluida).

Quizá se trate de una afirmación exagerada, pero la política y la Justicia deberían ser como el agua y el aceite. El problema es que en Santa Fe, desde hace demasiado tiempo, sucede todo lo contrario.

Qué había debajo de la alfombra
Cuando el MPA comenzó a dar sus primeros pasos, gran parte de sus integrantes llegaron de la mano del radicalismo aliado del socialismo en el Frente Progresista. Luego fue el turno de la ola de incorporaciones socialistas -quien quedó a cargo del OI en ausencia de Sain es un exfuncionario del socialismo-. Hasta que Marcelo Sain terminó convirtiéndose en un emblema de la pata peronista.

Lo que desde un principio debió ser un órgano apolítico y dedicado exclusivamente a perseguir el delito, se convirtió prácticamente en una bolsa de trabajo de la política. Y cuando algunos fiscales intentaron investigar a la política, referentes de todos los partidos se abroquelaron rápidamente para impedirlo. El caso Sain es apenas un nuevo eslabón que contribuye a dejar al descubierto qué es lo que había debajo de esta alfombra.

Las consecuencias están hoy a la vista. Las instituciones de la Provincia de Santa Fe atraviesan una crisis sin precedentes durante las últimas décadas. Y mientras el ciudadano común espera que sus dirigentes trabajen para solucionar los problemas reales, la Justicia y la política santafesinas se encuentran enfrascadas en estos enfrentamientos.

La degradación del MPA es evidente: hay cuatro fiscales o exfiscales acusados -algunos presos- por sus vínculos con redes de juego clandestino, una fiscal de Santa Fe investigada por su participación en el Caso Oldani, un fiscal de Venado Tuerto fue detenido por una causa de narcotráfico y otros fiscales en el centro y norte provincial bajo sospecha. Frente a esta realidad, cabe preguntar si la conducción del MPA está a la altura de las circunstancias.

En la política la situación no parece ser mejor, sobre todo desde que gran parte del Senado de Santa Fe se terminó abroquelando para impedir que la Justicia pudiera investigar a Traferri y sus posibles relaciones con el juego clandestino.

Ahora, cuando 27 diputados del Frente Progresista se oponen a la reincorporación de Sain en el Órgano de Investigaciones, surgen sospechas de que la oposición tiene cuestiones por esconder y teme que el exministro de Seguridad las investigue.

Sin embargo, y si de suspicacias se trata, también es posible pensar que la presencia de Sain en ese lugar puede favorecer a peronistas que violaron la ley y cuentan, a partir de ahora, con un aliado clave entre los investigadores.

Es cierto que existen fiscales íntegros que trabajan a destajo y con medios siempre escasos para enfrentar al delito. Es verdad que existen políticos decididos a hacer todo lo posible para torcer esta realidad asfixiante. Sin embargo, las instituciones de la provincia de Santa Fe atraviesan una crisis inusitada.

Los problemas reales de los santafesinos siguen siendo los mismos: la peor crisis económica de los últimos 20 años, niveles de inseguridad letales, índices de pobreza desoladores y una pandemia impiadosa. Mientras tanto, la clase dirigente no logra salir de su microclima y se encierra en su propia burbuja que, por momentos, agobia.