El ex ministro de Salud de la Nación Gines Gonzáles García rompió el silencio luego de un largo tiempo y en concreto reconoció que desde el gobierno le «soltaron» la mano en un momento marcado por la polémica que se había dado en materia de vacunatorio vip. En concreto el ex ministro reconoció sin pelos en la lengua que «si uno conduce tiene que bancar. Hay quienes me dicen que me hicieron una emboscada o una cama».

Sin lugar a duda que la noticia tomó una gran repercusión y fue el mismo Marcelo Sain quien levantó en sus redes sociales una placa con ese título y allí mismo enfatizó que «Gines tiene razón. En Santa Fe, también que conduce tiene que bancar, particularmente a aquellos que se jugaron el cuero y el trabajo por una gestión de gobierno acordada explícitamente».

Recordar que sobre Marcelo Saín pesa una causa judicial de supuesto espionaje ilegal, que por ahora no tiene ningún imputado, lo que generó un revuelo político intenso en el inicio del año en Santa Fe, luego de que trascendiera por los medios de prensa un listado de 661 nombres de personas y empresas que habrían sido consultadas en bases de datos que manejan información pública.

De ese puesto fue destituido el 4 de noviembre pasado por la Legislatura de Santa Fe acusado de realizar “proselitismo político” a través de la red social Twitter. El senador radical Lisandro Enrico, quien actuó de acusador, argumentó que la destitución era por realizar “actividad proselitista incompatible con su función dentro del Poder Judicial”.

Saín apeló esa medida, pero luego estalló el escándalo del supuesto espionaje. El gobierno de Omar Perotti se mantuvo en silencio después de que detonara la polémica. Esta postura se interpretó como que le había soltado la mano a Saín, que fue designado asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández.

El exministro de Seguridad dijo que la difusión de supuestas pruebas por los medios de comunicación eran una clara maniobra de “lawfare” para condicionar a los jueces que luego tendrán el análisis de una causa que hasta ahora no llegó a la etapa inicial de una audiencia imputativa. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que esa instancia podría concretarse en la primera semana de febrero, tras la finalización de la feria judicial.

“Los fiscales tienen que hablar en las audiencias imputativas y dentro del marco del expediente judicial, pero evidentemente chivean a la prensa porque lo que hacen es preparar el terreno en materia de opinión pública. Eso es lo que técnicamente se llama lawfare”, dijo el actual asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación.