La jornada final del encuentro sobre “Persecución Penal al Narcotráfico”, organizado por la Embajada de EEUU, el Centro de Estudios Judiciales de las Américas (CEJA), y el Gobierno de Santa Fe, tuvo al Dr. Gabriel Somaglia, Secretario de Justicia de la Provincia, como orador de cierre del evento con participación internacional. En el cónclave que cerró Somaglia en representación del Gobierno de Santa Fe, estuvieron presentes jueces, fiscales y defensores provinciales de todo el país, como así también, fiscales y jueces federales.

En ese sentido, el funcionario santafesino habló de lo que considera “uno de los desafíos centrales que tiene por delante la provincia, con la instauración de un proceso adversarial o acusatorio en materia federal, circunstancia que posibilitaría dotar de mayor agilidad, eficacia y eficiencia a los casos de narcotráfico, cuya competencia corresponde a la jurisdicción federal, más allá de una destacada labor de algunos fiscales provinciales que colaboran en ello”. Por ello señaló que “se trata de una responsabilidad de los tres poderes del Estado, Nacional y Provincial poder hacer realidad este anhelo”.

Sobre la narcocriminalidad y la inseguridad que tienen lugar en el actual contexto de crisis social, el Dr. Gabriel Somaglia planteó un interrogante a la audiencia: “¿Qué es lo que se espera de las estructuras del Poder Judicial?”. A modo de respuesta, el funcionario señaló “el Poder Judicial no debe ser una mera maquinaria de aplicación de normas, sino que su rol debe ser reforzar el Estado de Derecho para reconstruir un cuerpo social en crisis. Su rol debe ser colaborativo con las políticas que se proyecten, respetando el principio republicano de gobierno”.

Por la neutralidad política

Luego, Somaglia observó con preocupación la acción de algunos funcionarios judiciales quizás más preocupados por su aparición pública junto a candidatos electorales, que en sus magistraturas y ponderación de la justicia. “Hoy vemos como funcionarios o algunos precandidatos abundan en denuncias o exposiciones grandilocuentes, con el único objetivo de limar la imagen de su competidor, adoptando posiciones hobbeianas del todo contra todos, sin un proyecto claro de futuro, obviando su historia y quizás creyendo que el salvataje individual puede resultar constructivo. Precisamente creo todo lo contrario, que la ecuación debe invertirse, hoy debe primar la colaboración de todos con todos, en una concertación sobre distintos ítems a abordarse más allá del color político”, indicó Somaglia.

En esa línea, precisó que “veo con preocupación que algunos funcionarios judiciales abran juicios de valor sobre acciones políticas del poder administrador fuera de sus actos jurisdiccionales, exhibiéndose más en un rol de político, rompiendo la imparcialidad, objetividad e independencia que su investidura le requiere. No me parece mal, al contrario, todos debemos tener nuestra propia ideología y ser coherentes siendo consecuentes con ella, pero otra muy distinta es cuando se ejercen funciones que representan un estamento estatal que requiere del máximo valor de independencia e imparcialidad, sobre todo si su rol representativo debe exteriorizarse; la crítica por la crítica misma impide cualquier hipótesis de consenso o de implementar soluciones conjuntas que es precisamente lo que la gente espera, la democracia es un sistema basado en proyectos que requiere de acuerdos para su concreción. No me parece que aquella impronta sea un camino positivo a recorrer”.

Somaglia abogó para que “la Magistratura y los Ministerios Públicos ejerzan la neutralidad política. Ello, es esencial para tener credibilidad y ofrecer imagen de imparcialidad, algo básico para evitar la politización de la justicia, y desde un ángulo más por la necesaria preservación de la confianza legítima que deben tener los ciudadanos en quienes tienen investidura y representatividad pública para resolver conflictos sociales, en especial hoy aquellos que giran alrededor del narcotráfico”.

Crisis en la justicia

El Secretario de Justicia de la provincia hizo referencia a las distintas crisis que en los últimos 50 años desafiaron al Poder Judicial. “La primera, durante los años 70 y 80 caracterizada por gobiernos de facto que avasallaron los DDHH pero que después, con la sobreviniencia de la democracia esos derechos humanos pudieron ser reivindicados. La segunda, estuvo vinculada con la crisis del modelo económico instaurado en los años 90 que hizo hecatombe en 2001 y llevó a la exclusión de grandes masas sociales y que con la operatividad de los nuevos derechos constitucionales del 94 pudieron satisfacerse”, abundó Somaglia. Luego, consignó: “La tercera, que es la actual crisis social, que nos muestra a un altísimo porcentaje de la población fuera de la ley, no sólo por la marginación, la discriminación y la pobreza, sino por la disgregación cultural y la distancia social causada por la falta de empleo junto a la ruptura de los lazos sociales; pero también se exhibe hoy, lo más preocupante, el quiebre de ciertas reglas de convivencia y tutela de la institucionalidad que pueden llevar a la judicialización de la política y a la politización de la justicia, que poco favor pueden dar a la necesaria reconstrucción del cuerpo social en crisis”, explicó Somaglia.

En el repaso histórico de este proceso, Somaglia destacó que “la condición más importante para concretarlo es la conciliación del mayor consenso político para su instauración, cuyo camino viene transitándose. Pero también que ese consenso pueda sostenerse en el tiempo como una verdadera política de Estado. Sólo así podrá lograrse la mentada instauración del proceso acusatorio”, añadió el funcionario, quien citó como ejemplo a la propia provincia de Santa Fe, que durante la gestión del gobernador Jorge Obeid, pudo sancionar el actual sistema procesal oral y luego, un signo político contrario, el FPCyS pudo ponerlo en práctica.