
Elecciones 2025: qué se vota este domingo en Santa Fe y cómo
La provincia de Santa Fe celebrará este domingo una jornada electoral clave, que marca el inicio del calendario electoral 2025.
Frente a la problemática de la inequidad en los subsidios nacionales para el transporte público del interior del país, los legisladores socialistas propusieron eximir del IVA a la actividad y que este mismo beneficio sea aplicado para la adquisición de vehículos. De concretarse, el pasaje bajaría $ 6,60.
Educación26 de mayo de 2022El diputado nacional del Bloque Socialista, Enrique Estévez, presentó en el Congreso un proyecto de Ley que trabajó en conjunto con la concejal de Rosario y presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Verónica Irizar, para eximir del Impuesto al Valor Agregado al transporte público del interior del país y bajar el precio del boleto.
«Frente a esta situación crítica que vive el transporte urbano en el interior del país, proponemos soluciones urgentes para reducir la brecha entre los costos del servicio y las tarifas vigentes», explicó la edila Verónica Irizar. En este sentido, como este servicio esencial se encuentra alcanzando por el Impuesto al Valor Agregado con alícuota diferencial del 10,5%, de concretarse dicho proyecto se reduciría el costo del boleto actual en $ 10, lo que impactaría en la reducción de la tarifa en $ 6,60.
Por su parte, el diputado nacional Enrique Estévez explicó: «El problema de fondo es la inequidad en la distribución de subsidios por parte del Gobierno Nacional; actualmente de cada 10 pesos, $ 8,80 se destinan para la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana y $ 1,20 para el resto del país». «Hasta que no haya una decisión de triplicar los subsidios al interior del país vamos a seguir corriendo muy de atrás», enfatizó la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, Verónica Irizar.
Dicha asimetría en el reparto explica que un boleto cuesta $ 18,00 en el AMBA y $ 69,50 en el interior del país. De aquí que este proyecto de los legisladores socialistas, que también cuenta con la firma de la ex intendente de Rosario, la diputada Mónica Fein, tiene vital importancia para bajar la tarifa.
Asimismo, como las empresas de transporte realizan compras de insumos al 21% -generándose un costo que definitivamente termina siendo absorbido por los operadores- en el proyecto presentado en el Congreso también se propone eliminar el IVA para la compra de unidades de transporte automotor de pasajeros, taxis y remises. Asimismo, los saldos de libres disponibilidad podrán ser aplicados al pago de contribuciones patronales o bien solicitar la devolución.
«La suba de precios sostenida, la liberación del precio de los combustibles, la devaluación del tipo de cambio, las altas tasas de interés que enfrentan las empresas prestatarias del servicio, sumado a la contracción económica y la distribución inequitativa de subsidios, impactan de lleno en el sector y llevan al sistema de transporte público al borde del colapso», reflexionó Estévez.
El federalismo es fiscal o no es federalismo
De un análisis de las compensaciones de los últimos cuatro años, surge claramente la distribución cada vez menos federal de los subsidios nacionales al transporte; entre 2018-2021 los subsidios a CABA-AMBA se incrementaron un 309%, mientras que los subsidios al interior del país sólo un 54%. «El federalismo es fiscal o no es federalismo», apuntó Irizar, e interpeló: «¿Acaso es federalismo lo que pasa actualmente que cuando cualquier persona de un pueblito recóndito del interior del país carga combustible está financiando el transporte urbano porteño?».
Al respecto, los socialistas presentaron varias iniciativas para reducir las brechas tarifarias entre jurisdicciones, como la creación de una comisión del Fondo de Compensación al transporte público del interior del país y un proyecto para directamente reestructurar el esquema de asignación de subsidios e igualar el interior del país con el régimen de compensaciones dispuesto a los sistemas de jurisdicción nacional.
El diputado Enrique Estévez señaló: «Pareciera que en Argentina hay ciudadanos de primera y de segunda. Exigimos que esta discriminación a la que nos tienen acostumbrados los gobiernos nacionales se termine y que los fondos públicos, que pertenecen a todos los argentinos, sean repartidos de manera equitativa».
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