"Establecimientos de producción lechera y cabañas desaparecerían si se avanza" 

June Allison Thomas es ingeniera agrónoma Ms. Sc. en Ingeniería en Calidad, y por más de 25 años se ha dedicado al tema de control de los riesgos, que afectan la salud, y la calidad de los alimentos especialmente en producción primaria, con especialistas de la Fac. de Cs. Agrarias de Esperanza y de Nueva Zelanda, donde ha desarrollado programas de Buenas Prácticas para la producción agropecuaria. Allison Thomas es, acaso, una voz más que calificada para tocar uno de los temas que más polémica ha repartido en las últimas semanas, que tiene que ver con la modificación del límite agronómico que proponen los concejales del bloque justicialista de nuestra ciudad, para llevar a mil metros la aplicación de agroquímicos en el periurbano de nuestra ciudad.

"Lo tomé con sorpresa, y desde mi especialidad, relacionada a minimizar los riesgos por contaminantes microbiológicos, físicos o químicos, sobre la salud humana, agrego que también con mucha preocupación; dada la falta de justificación científica en sus argumentos, claramente puesta de manifiesto en la ordenanza presentada", sostuvo la ingeniera ante la consulta de Diario CASTELLANOS. "Es posible interpretar que estas decisiones responden a una determinada ideología que se está difundiendo en forma alarmante en varios puntos del país, y que puede deducirse en la justificación de la ordenanza ‘La intención de impulsar en la periferia de la ciudad alternativas de producción de alimentos agro-ecológicos, argumentando beneficios derivados de la cercanía entre productores y consumidores; disminución de su huella de carbono; y alimentación sana y segura’. Se trata de un enfoque confuso: ¿Significa que deberían utilizarse estas 4.800 has para producir sólo alimentos agroecológicos para la ciudad? ¿Se refiere a lo que, en otros planes y propuestas ya conocidos por avanzar sobre la propiedad privada llaman reforma agraria?", se preguntó la especialista que participó de la Comisión del Plan CREHA a nivel nacional (Comisión de Residuos e higiene de los alimentos del SENASA) y del desarrollo de Análisis de riesgos para mercados externos. Una  formación más que segura en el tema riesgos, medidas de control y calidad e inocuidad de los alimentos.

Allison Thomas recordó que en los últimos 16 años, desde que la línea agronómica entró en vigencia, "ninguno de estos objetivos se ha podido alcanzar, sino que por el contrario las medidas han generado perjuicios.

Asimismo, la medida afectaría 4.800 has productivas adicionales (el 25% de la superficie productiva del distrito de Rafaela), lo cual va en el sentido opuesto a las expresiones recientes del Ministro de la Producción de Santa Fe, del mismo partido político, quien expresa el objetivo de alcanzar los 20.000 mill. de dólares en exportaciones agropecuarias de la provincia de Santa Fe", sostuvo. Además, agregó que "considero que al carecer de justificación científica,  y respondiendo a la responsabilidad de formular políticas públicas evaluando su impacto en la sociedad, confiamos en que el resto de los ediles, analizaran con mucho detenimiento y responsabilidad la información que con base científica se ha ofrecido y está disponible, y si esa propuesta está a altura de una sociedad como la rafaelina, con un arraigo cultural de orgullo por sus productores agropecuarios y por la jerarquía y reconocimiento que muchos de ellos han logrado alcanzar a nivel nacional, dando prestigio a la ciudad de Rafaela, en una de las cuencas lecheras más importantes de Latinoamérica", marcó.

¿Desinformación e improvisación?

La ingeniera agrónoma destacó que "desde la Sociedad Rural de Rafaela, a través de su presidente y de sus integrantes, han considerado inicialmente esa falencia", en relación a una acción "apurada" de los concejales del PJ. "Por esa razón, y con el objetivo de informar la respuesta que la ciencia y la tecnología ofrece para la protección de la salud humana y el ambiente, desde el mes de agosto del presente año, con invitación especial a los concejales y para el resto de la sociedad, se informó sobre las características de los productores periurbanos de Rafaela, su situación actual e implicancias de esta medida, donde se presentaron los proyectos de INTA Rafaela, y de Sociedad Rural de Rafaela, que responden en su contenido a la aplicación de las Buenas Prácticas para la aplicación de fitosanitarios, con aval científico tecnológico e implementada a nivel nacional e internacional.

En relación a los daños y perjuicios que esta ordenanza podría llegar a causar, la especialista dijo que "en principio es necesario reconocer el impacto de la prohibición de aplicación de 200 m desde el ejido urbano, para comprender las implicancias de los 1.000 m adicionales, que afectarían 3.600 has adicionales. Un total de 4.800 has afectadas. Desde el año 2004 (Decreto N.º 22.507) que se fijó el límite agronómico para la aplicación de productos fitosanitarios, y el Decreto Nº 30023 del año 2008, que ratifica la demarcación de la línea agronómica, se afecta una superficie de 760 has de tierras fértiles del periurbano rafaelino. El desarrollo productivo del área periurbana de Rafaela presenta desafíos, tanto en relación al respeto a la propiedad privada y seguridad, como económicos. Estos datos pueden confirmarse a través de los registros de denuncias de productores periurbanos", marcó e hizo referencia a los problemas de respeto a la propiedad privada y falta de seguridad: "por un lado, las experiencias de producciones tales como hortícolas, frutales, y pecuarias, ubicados en el área periurbana de Rafaela sufren constantes hurtos de la producción y abigeato. Empresas de producción hortícola que empleaban más de 10 personas han debido cerrar, al igual que emprendimientos avícolas ubicados en la periferia, debiendo trasladarse a otras zonas. Tambos, que han debido cerrarse y dedicarse a la explotación agrícola debido al abigeato. En el caso del cultivo de maíz, este es también afectado por los robos, con los daños colaterales de destrucción de alambrados y de instalaciones de las propiedades. Las experiencias de producción de forrajes en el área de restricción han demostrado muy baja productividad, y que no compensan los gastos de producción por la proliferación de malezas y plagas. El forraje obtenido (rollos), resulta de muy baja calidad por la cantidad de malezas, y de muy reducido valor económico. La elaboración de rollos se ve afectada por vandalismo. Se incendian los rollos en el campo, dejando destruida la producción", destacó. 

A modo de cierre, estableció que "la actividad ganadera en la zona periurbana es cada vez más limitada. Por otro lado, la dificultad de afrontar una producción económicamente sustentable con rotación agrícola ganadera como la que requiere la agroecología extensiva, ofrece muchas dificultades en las condiciones mencionadas, con resultados económicos inferiores e inciertos", dijo y añadió que "los establecimientos periurbanos que han debido arrendar sus campos, afectados por la línea agronómica, perciben aproximadamente un 60% menos en concepto de arrendamiento de dichas has. Esto evidencia la destrucción de capital, como consecuencia de la normativa tal cual ha sido implementada y puede deducirse el impacto de una medida arbitraria y confiscatoria como la propuesta de prohibición de 1.000 m y 1.000 m más de regulación injustificada", marcó Allison Thomas.

Por último, y a partir de la experiencia en la localidad de Rafaela, "la prohibición absoluta para aplicar productos fitosanitarios ha generado espacio para el desarrollo de insectos, malezas y enfermedades con importantes efectos negativos en la productividad, dejado lotes periurbanos ociosos convertidos en basurales, y lugares de proliferación de ratas y resguardo de delincuentes, debido a la no posibilidad de llevar a cabo producciones rentables. Lo más grave y doloroso para Rafaela, es que los establecimientos de producción lechera y cabañas de reconocida trayectoria en la región y en el país, que tienen afectada parcialmente la superficie, desaparecerían si se avanza en los 1.000 metros propuestos actualmente, en el contexto mencionado", sentenció la especialista. 

Allison Thomas le dijo a CASTELLANOS que debe considerarse este tipo de situaciones, como así también debe contemplarse detalladamente los costos asociados a la transición hacia producciones agroecológicas sostenibles, y el impacto de dichas medidas en la rentabilidad de la producción y en definitiva el impacto sobre el capital de los productores periurbanos. "La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en las conclusiones del Simposio Internacional de Agroecología (2014), reconoce la necesidad de brindar apoyo financiero a los productores para la transición agroecológica, protegiéndolos durante el proceso de transformación de sus sistemas, hasta la concreción de los beneficios de la transformación. Por lo que se deduce que cualquier iniciativa de este tipo debería subsidiarse", concluyó.