La causa, por sorteo, fue radicada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de esta ciudad a cargo del doctor Duilio Hail. La empresa propietaria pedía 272 millones de pesos, pero se terminaron depositando 118 millones.
Política28 de noviembre de 2020
Redacción web
Este viernes por la mañana, la Municipalidad concretó la presentación de la demanda de expropiación de los ex Almacenes Ripamonti ante los Tribunales de Rafaela.
La causa, por sorteo, fue radicada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de esta ciudad a cargo del doctor Duilio Hail.
"Lo siguiente será aguardar el proveimiento de la demanda y que se le corra traslado a la firma expropiada, Plaza Recova S.A", anunció el fiscal municipal, Daniel Fruttero.
También explicó que el próximo paso es que "el juez resuelva la entrega de posesión del inmueble que fue solicitada por el Municipio con la demanda. El dinero se encuentra consignado en una cuenta judicial a la orden del Juzgado".
Hasta allí lo informado oficialmente por la oficina de prensa del Municipio. Luego, en conversación con periodista de Radio Universidad/CASTELLANOS, Fruttero ratificó el trámite concretado y fue consultado sobre la posibilidad de que exista algún cuestionamiento que pueda dejar sin efecto la expropiación. En tal sentido, el funcionario manifestó que "no debería haber ningún inconveniente o impedimento para tomar posesión del inmueble, dado que el Estado cumple con su parte, que es consignar los fondos, y la contraprestación de esa obligación es la toma de posesión del inmueble, y lógicamente hay que aguardar el traslado de la demanda a la parte expropiada para que exprese en su contestación sus fundamentos, su versión de los hechos".
Respecto al estado en que se encuentra el inmueble, Fruttero recordó que "hemos expuesto de manera precisa, circunstanciada, a lo largo de la demanda, detalladamente en cada uno de los pasos que se ha dado desde el Estado intimando al propietario a la preservación del inmueble, a optar medidas de higiene, de seguridad, de resguardo de un inmueble declarado como patrimonial de la ciudad, y hemos tenido todo un derrotero de incumplimientos ante esas intimaciones, lo hemos expresado claramente en la demanda".
Sobre el valor fijado para el inmueble, el fiscal municipal dijo que "hubo una primera tasación de aproximadamente 97 millones que fue notificada a la firma expropiada, ante el rechazo de esa tasación la firma formuló una contrapropuesta cercana a los 272 millones, valor muy alto que consideramos no se corresponde con el valor objetivo del bien, no estamos hablando de una compra-venta de un inmueble, sino de una indemnización expropiatoria con valor objetivo. De eso se corrió nuevamente el traslado a la Central de Valuación de la Provincia, para que analice esa contrapropuesta, y la Junta en ese nuevo análisis elevó la tasación inicial a 118 millones aproximadamente, y también fue notificada y rechazada por la firma expropiada".
"Como todo poseedor de un inmueble, uno puede ejercer todas las medidas de conservación, preservación, y de higiene, seguramente que se van a ejecutar, tengo entendido que la Secretaría de Obras Públicas está diagramando un cronograma de tareas para avanzar progresivamente desde la limpieza del inmueble hasta el aseguramiento de las condiciones estructurales, apuntalamiento de muros, sótanos. Hay que hacer varias tareas", dijo Fruttero.
"La superficie total es de 2.112 metros cuadrados. Es todo lo que está vallado. Son siete fracciones de terreno que componen el inmueble en su totalidad. Hay poco techado porque en su momento se retiraron las cubiertas, se dejó sólo una parte, que también ha sufrido un deterioro por estar expuesta a las inclemencias climáticas. Esas obras inconclusas, esas demoliciones, han impactado negativamente en la estructura del inmueble y en su valor patrimonial lógicamente", agregó.
"Desde lo formal, estamos atados al tiempo que marca la legislación, y la ley de expropiaciones de la provincia de Santa Fe marca un plazo máximo de dos años desde la sanción de la ley que declara de utilidad pública y sujeto de expropiación el inmueble. Esos dos años se cumplieron al término de esta semana, así que hemos procedido acorde a lo que nos ordenaba la legislación vigente", concluyó el fiscal.
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