El exministro de Gestión Pública y actual referente del peronismo local criticó en redes sociales la decisión del intendente Leonardo Viotti de avanzar con la instalación de una alcaidía en Rafaela. Aseguró que se trata de una medida tomada sin consenso y se sumó a los reclamos de concejales de la oposición que piden dar marcha atrás con el proyecto.
Política03 de junio de 2025
La polémica por la decisión del Gobierno municipal de Rafaela de avanzar con la construcción de una alcaidía junto al Gobierno de la provincia, sumó en las últimas horas una nueva voz: la de Marcos Corach, exministro de Gestión Pública y actual dirigente peronista local, quien cuestionó abiertamente la iniciativa a través de sus redes sociales.
“Muchos rafaelinos y rafaelinas no lo saben, pero el intendente Viotti decidió unilateralmente instalar una cárcel en nuestra ciudad. No lo podemos permitir”, escribió Corach en su cuenta personal de X (ex Twitter), en un mensaje directo y contundente que encendió el debate público.
Con estas palabras, Corach se posicionó claramente en contra de la propuesta del intendente Leonardo Viotti, quien en enero logró aprobar —con mayoría simple en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal— la donación de un terreno al Gobierno de Santa Fe para la construcción de una nueva alcaidía.
Según Corach, la medida fue tomada sin consultar a los vecinos ni a las instituciones de la ciudad. La postura de Corach encuentra eco en el bloque de concejales de la oposición, compuesto por Valeria Soltermam, Juan Senn, Martín Racca y María Paz Caruso, quienes ya habían advertido sobre las consecuencias de instalar una unidad penitenciaria en cercanías del ejido urbano.
Los ediles visitaron días atrás el predio donde hoy funciona el REMA —y donde se proyecta reubicar la alcaidía— y reiteraron su rechazo. Recordaron que hace 15 años, en 2008, un intento similar fue descartado por el fuerte rechazo social y que incluso integrantes del actual gabinete municipal votaron en contra en ese entonces.
“La alcaldía se tiene que trasladar, sí. Pero no a otro barrio dentro del área urbana”, expresó Soltermam, mientras que Racca añadió: “Hoy todo se agrava. Estaría a menos de 9 cuadras de zonas residenciales, frente al autódromo y al futuro loteo del club Atlético”.
A su vez, Caruso sostuvo que la decisión “no puede tomarse a puertas cerradas” y propuso convocar a los actores del Consejo Consultivo y del Ente del Área Metropolitana para ampliar el debate. Por su parte, Senn planteó una mirada regional: “Tal vez haya otras localidades cercanas que sí lo vean como una oportunidad. Hay que poner todas las opciones sobre la mesa”.
Desde el bloque opositor también advirtieron sobre la falta de detalles técnicos del proyecto, como áreas específicas para el ingreso de visitas y condiciones adecuadas de acceso, y presentaron un proyecto de ordenanza para derogar la donación del terreno y prohibir la instalación de infraestructuras penitenciarias en un radio de 3.000 metros del ejido urbano.
En este contexto, las declaraciones de Corach reavivan una discusión que parece lejos de cerrarse. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de modernizar y ampliar la capacidad del sistema penitenciario local —actualmente desbordado—, la oposición insiste en que el problema debe resolverse sin comprometer la calidad de vida urbana ni repetir errores del pasado. Castellanos.
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