Lo hizo en el marco de la Ley de Expropiación que sancionó la Provincia a fines de 2018, y que deja en manos de la Municipalidad el compromiso de financiar la compra del inmueble. La empresa propietaria aceptaría el monto, pero dejando abierta una negociación antes de ir a la Justicia por un reclamo de mayor monto.
Política13 de octubre de 2020
Redacción web
En los primeros días de octubre la Municipalidad de Rafaela envió a Plaza Recova SA, la empresa propietaria del inmueble donde funcionaban los Grandes Almacenes Ripamonti, en 9 de Julio y Belgrano, una propuesta formal de dinero a modo de indemnización por la expropiación del inmueble. La oferta está en el orden de los cien millones de pesos aproximadamente, que debería poner el Municipio, pese a que ese monto no está contemplado en el proyecto de Presupuesto 2020 elevado hace pocos días al Concejo Municipal. En principio, esa sociedad –cuyo directorio preside el empresario Luis García Cullá- habría decidido aceptar la propuesta, a medias. Esto significa: que la Municipalidad pague la suma ofrecida, pero dejando abierto el proceso a una negociación –y a eventuales acciones judiciales-, ya que la sociedad propietaria considera que la valuación del inmueble es mayor a la que hace el Estado. En todo caso, el pago del monto ofertado daría al Municipio la posibilidad de contar con el edificio para tomar posesión del mismo y hacer lo que se comprometió según el proyecto de presupuesto elevado el 30 de septiembre al Concejo: limpiar el lugar y apuntalar las estructuras existentes. Y luego se verá –en negociaciones "por las buenas" o en los estrados judiciales- si el monto ofrecido resultó justo o no.
El tema generará polémica, sin dudas. Porque a la Municipalidad ni al Estado provincial le sobra dinero, mucho menos para invertir en una expropiación de este tipo. En plena pandemia y con conflictos aún no cerrados con el gremio de los municipales, más un clima político de efervescencia donde hasta se cuestionan las prioridades en obras públicas, una inversión del orden de los cien millones de pesos tan solo para rescatar un patrimonio histórico en estado ruinoso, dará que hablar. 
Lo que dice la ley provincial
La Ley provincial 13.848, sancionada el 29 de noviembre de 2018, en su artículo primero definió: "Expropiación. Descripción del inmueble. Declárase de interés público y sujetas a expropiación las fracciones de terreno ubicadas en la esquina Sureste y con frente a calles Belgrano y 9 de Julio de la ciudad de Rafaela, adquiridas mediante Escritura Pública Nº 2594 de fecha 27 de diciembre de 2007, dominio inscripto bajo el Nº 7296, Folio 474, Tomo 449 par, de fecha 24 de enero de 2008 del Registro General y conforme minuta Nº 59392 de fecha 9 de junio de 2011, se toma razón al margen de la inscripción antes citada de la aceptación realizada por parte de la firma Plaza Recova S.A., correspondientes a los lotes y medidas que a continuación se describen", tras lo cual sigue la descripción de los lotes en que está emplazado el inmueble.
La misma ley define, en su artículo 2, "el destino del bien expropiado. Los inmuebles motivo de la presente expropiación, descriptos en el artículo precedente, tienen por objeto la preservación, recuperación, apuntalamiento, reparación y puesta en valor de parte de la propiedad existente de los ex almacenes "Ripamonti", para constituirlo en un espacio multifuncional que deberá destinarse a fines recreativos, educativos y culturales de la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, conforme lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 4986/18".
¿Y qué dice la ordenanza N° 4986/18? Luego de la descripción del inmueble sujeto a expropiación, plantea en su artículo 2° la autorización "al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante la acción expropiatoria de los inmuebles que se designan en el artículo precedente, declarados como Bienes Protegidos, en los términos de las Ordenanzas N° 2461 y 3236 y sus modificatorias y como Monumento Histórico Provincial por Decreto Provincial N° 0592 de fecha 24 de marzo de 2000, cuyo objetivo se orienta a la preservación, recuperación y puesta en valor de parte de la propiedad existente los ex almacenes "Ripamonti", para constituirlo en un espacio multifuncional destinado a fines culturales, educativos, recreativos y/o cualquier otro uso de interés colectivo".
Luego, en el artículo 3°, la ordenanza brinda autorización al Ejecutivo a gestionar ante la Legislatura la correspondiente ley de expropiación (que deriva en la sanción de la normativa que lleva el número 13.848). Y en su artículo 4° viene la polémica. Porque la ordenanza municipal en cuestión faculta textualmente al Departamento Ejecutivo Municipal a "gestionar los recursos, ante Organismos Provinciales, Nacionales e Internacionales con el objeto de obtener los fondos necesarios para efectivizar las erogaciones del proceso expropiatorio y las obras a ejecutar, con expresa autorización de suscribir la documentación que pudiera requerirse a ese fin".
Esto significa que es la Municipalidad la que tiene que hacerse cargo de la indemnización correspondiente al propietario: "los fondos necesarios para efectivizar las erogaciones del proceso expropiatorio", dice claramente. Y la ley provincial lo ratifica, pese a que el proyecto original que ingresó por el Senado planteaba que fuera la Provincia la que se hiciera cargo de esos fondos, lo que finalmente se promulgó, tras su aprobación en Diputados, fue una simple facultad al Municipio de Rafaela y a la Provincia para resolver en consecuencia.
El hecho de que haya sido la propia Municipalidad la que hiciera la primera oferta oficial, define en gran parte las obligaciones que tiene el Estado local sobre el tema. En primer lugar, la apuesta sería a lograr que el Estado provincial aporte un subsidio para este fin, de la misma manera que lo hizo con algunos edificios emblemáticos de Rosario y Santa Fe durante la gestión socialista, como el caso del excine El Cairo, de Rosario.
Pero también la Provincia está rascando la olla en materia de recursos. Por ahora, el debate está abierto y el tema está en gestión en la oficina de la Fiscalía Municipal.
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