Si bien el Gobierno Nacional ha dado un paso, la medida resulta insuficiente y no resuelve la crisis del sector. Es imprescindible que se cumpla la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
07 de noviembre de 2025
Marcelo Calamante
El desfasaje arancelario del 70% que existe en la actualidad no se corrige con el incremento que se cobrará en su totalidad recién en abril de 2026.
Afirmamos que es necesario seguir enfrentando el desinterés oficial.
Seguiremos trabajando, una y otra vez, por el derecho a la información, señalando las campañas de desinformación que buscan generar malestar y confusión en la sociedad.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad celebra que la voz levantada por quienes integran el Hospital Garrahan, junto con todos los que se hicieron eco de su reclamo, haya alcanzado el resultado buscado.
Convocamos a seguir trabajando en todos los sectores para garantizar la efectiva implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y el reconocimiento a los derechos de los jubilados.
El aumento recientemente otorgado a los prestadores que trabajan con personas con discapacidad no respeta lo establecido por la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
El incremento anunciado representa la mitad —o incluso menos— del atraso arancelario acumulado durante esta gestión.
El gobierno engaña con su discurso al no respetar lo establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad, y así deja a los prestadores en una situación crítica.
La falta de compensación por lo no reconocido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 —equivalente a alrededor de tres meses de facturación—, junto con un atraso arancelario del 70% generado por esta gestión, obliga a las instituciones a afrontar con aranceles totalmente desactualizados los costos ordinarios, el combustible, el aguinaldo, las vacaciones del personal, los incrementos salariales y el creciente costo de vida.
Como consecuencia, y según datos oficiales de la Provincia de Buenos Aires, un número importante de los casi 700 prestadores existentes debió cerrar sus puertas durante este año.
El gobierno afirma haber dado respuesta al sector, pero la realidad demuestra lo contrario. El aumento correspondiente a octubre se hará efectivo recién entre enero y febrero de 2026, y la aplicación total del arancel prometido no llegará hasta marzo o abril del mismo año.
Mientras tanto, los prestadores continúan endeudándose para poder sostener la atención y garantizar la continuidad de los servicios.
El gobierno no ha dispuesto ningún aumento para los casi 7.000 trabajadores con discapacidad que se desempeñan en los Talleres Protegidos de Producción, quienes continúan recibiendo una asistencia mensual de apenas $28.000, monto que permanece congelado desde febrero de 2023.
El gobierno plantea una política de quita de pensiones.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 establece como meta la eliminación de 197.000 pensiones por discapacidad.
En un país donde la pobreza afecta a gran parte de la población y el crecimiento del trabajo sigue siendo una deuda pendiente, no puede aceptarse una meta de este tipo.
La única medida posible debe ser apoyar a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, garantizando los recursos económicos necesarios para su vida cotidiana y el acceso a las prestaciones que requieren.
Sigamos presentes en todos los espacios para que se escuche la voz de las personas con discapacidad y se conozca la grave situación que atraviesa el sector.
La denuncia, presentada por Provincias Unidas, apunta a un desvío de más de 21 millones de pesos de una ONG de ayuda a inundados para financiar la publicidad digital.
El texto recorre sus datos biográficos, su pasión por la medicina y la política, como así también su compromiso con el crecimiento de la ciudad. También pone en valor su trayectoria como emprendedor y su aporte al desarrollo local.
En la comparación con agosto, la actividad bajó un 1,8% desestacionalizado.
Dos especialistas disertaron en la Sociedad Rural de Rafaela sobre dos claves de la producción agropecuaria nacional, frente a un mundo demandante de mejoras ambientales y sustentabilidad.
Si bien el Gobierno Nacional ha dado un paso, la medida resulta insuficiente y no resuelve la crisis del sector. Es imprescindible que se cumpla la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.