Fetos en el Hospital "Dr. Jaime Ferré": Possetto brindó detalles de la causa

Durante la víspera dimos a conocer la publicación del Diario La Nación sobre la presencia de fetos en el Hospital "Dr. Jaime Ferré", los cuales se encontraban almacenados en frascos con formol para su conservación y que estos no sean descartados como residuos patógenos. Los mismos fueron acumulados desde el año 2005 en el nosocomio local por el doctor Jorge Pérez; la Justicia entendió que debían tener un certificado de defunción y ser sepultados.
Desde la institución local emitieron un comunicado durante la jornada del lunes para aclarar esta situación. En el mismo admiten que "el Hospital se encuentra trabajando junto a la Justicia a fin de dar pronta respuesta al requerimiento sobre la disposición final de los fetos almacenados en este efector en el transcurso de las últimas décadas".
Además indicaron que "respecto a esta situación, las familias ya fueron contactadas e informadas acerca del proceso, aceptando algunas de ellas llevar a cabo los procedimientos administrativos necesarios para la inhumación. Actualmente nos encontramos abocados a la preparación de la documentación que permita darle el mismo destino al resto de los fetos", sostienen y concluyen diciendo: "Es nuestra firme intención bregar por el respeto de la dignidad humana en todas las etapas de la vida".

La palabra del abogado

Por su parte, el abogado Pablo Possetto, quién patrocinó la demanda judicial manifestó a Diario CASTELLANOS que junto a su equipo iban a continuar con los "esfuerzos que hagan falta para que las mamás puedan resolver el destino del cuerpo de su bebé de la manera más decorosa posible".
También confirmó que "muchas familias terminaron estando muy agradecidas por la decisión del Hospital y del doctor Pérez de darle un trato humano a sus hijos y de saber dónde están, dónde poder ir a rezar por ellos o visitarlos y darles el tratamiento que le damos a cualquiera de nuestros familiares que han partido este mundo".

Ayudar en un momento complejo

"Nosotros creemos que la naturaleza jurídica del cadáver es indiscutible en cuanto a que existe un cadáver humano y que siendo una cosa con una naturaleza jurídica específica merece un tratamiento diferenciado", comenzó explicando Possetto. 
En este sentido también admitió que muchas veces no se alcanza a dimensionar realmente "cuál es la realidad que se vislumbra a través de esta situación y, creo yo, las grandes ausentes en esta realidad son las mamás que sufren sabiendo que ni siquiera van a poder sepultar a sus bebés. Creo que esta es una manera de ayudar a todas las que quieren sepultar a su hijo. A sabiendas de que la decisión de descartar los cuerpos no se ajusta a la ley, se basa en una costumbre que data de décadas anteriores y tiene que ver con una percepción que había sobre las características del cuerpo en base a la edad gestacional. A punto tal, es en cierta medida contradictorio de que por el sólo hecho de pesar 600 gr una persona pueda recibir un tratamiento diferenciado que por pesar 400 o de que por 22 semanas de gestación sea distinto que en la semana 19. Creo que de esto se trata, de manejarlo de manera respetuosa, con mucho cuidado. A nosotros no nos ha sido sencillo trabajar con este tema, tiene un peso muy fuerte inclusive para cada uno de los que nos interesamos", enfatizó el abogado local. 

Cómo nace el proceso

El abogado Pablo Possetto explicó que lo que se conoció de esta noticia publicada por el Diario La Nación viene a partir de un proceso iniciado allá por el año 2019 junto al Dr. Jorge Pérez. 
"En el año 2019 yo entré en contacto con el doctor, pensando un poco -sin saber de la existencia de estos cuerpos- en la posibilidad de garantizar el derecho de los padres a poder sepultar a estos niños. Le pregunté un poco cómo funcionaba el procedimiento y, en ese momento, él me planteó lo que sucedía, que él quería que esto tuviera una solución que no sólo se ajustara a lo que cada uno de nosotros piensa sobre esto, sino lo que dice la ley". 
Así es que comenzó y por los próximos 6 meses, según explicó el doctor a CASTELLANOS, realizaron un estudio exhaustivo sin ser especialistas, según sus palabras, sobre lo que realmente consideraban que correspondía hacer en este caso. "También hicimos un análisis muy interior porque sabíamos de las implicancias que esto podía llegar a tener sobre las familias que están involucradas en esta problemática. Y después de estudiar, nos pareció que lo mejor era seguir el procedimiento que establece la ley que regula el registro civil, que es un procedimiento que fija la necesidad de que cualquier persona que conoce la existencia de un cuerpo, después de 60 días de su fallecimiento pueda presentarse ante el registro civil y solicitar la inscripción de la defunción y que posteriormente se le dé el tratamiento que corresponde". 
Ahí inició a través de una presentación realizada en el juzgado de la ciudad de Rafaela, el cual fue trasladado al Registro Civil para que diera su opinión al respecto y luego de estudiar el proyecto el ente "compartió el criterio que nosotros estábamos proponiendo por la interpretación de la ley. La doctora Mendoza, de manera muy atinada, preservando los derechos de las mamás y la opción de proceder del modo que quisieran. Además resguardando la posible responsabilidad civil del Estado en este tipo de casos por no informar a los familiares, se empezó a ordenar la citación". 

¿Qué hacer en estos casos?

Según explicó claramente el abogado a nuestro medio, la recomendación que ellos hacen como equipo de trabajo es que "en estos casos solicitamos que se les dé el tratamiento que legalmente corresponde. Eso quiere decir que la persona tiene que tratar de lograr que se le extienda la documentación médica que va a constar el fallecimiento".
A partir de este paso, deben presentarse en el registro civil para pedir que se registre la defunción, y con el Acta de Defunción poder presentarse en el Hospital para darle el tratamiento que recibe cualquier cadáver, que es darle sepultura. "Si alguien cree que eso no es procedente, se tendrán que articular las herramientas que dispone la ley para poder dirimir los conflictos de interés que existen en estos casos".