SAN VICENTE. Este viernes 1° de julio, el intendente de la ciudad, Gonzalo Aira, acompañado por la secretaria de Innovación y Desarrollo, Romina Neiff; y el subsecretario de la Producción, Ariel Bauducco, visitaron comercios de la localidad, dando continuidad así a una agenda de visitas que tiene como intención el recorrido periódico de las industrias, comercios y emprendimientos locales.
En estos encuentros se pretende, a través de las conversaciones mantenidas, conocer cuáles son las necesidades actuales, trabajar sobre ellas, generar articulaciones que permitan elaborar proyectos conjuntos brindando un apoyo constante desde el Municipio.
La premisa es continuar con esta agenda de visitas que se realizarán de manera semanal y que tiende a sistematizarse para tener de esta forma un diagnóstico certero y actualizado de lo que ocurre en San Vicente.

Entrega de aportes
Esta semana se concretó la entrega de un aporte a la Escuela de Enseñanza Superior Orientada Particular Incorporada (EESOPI) N° 8118 «Pedro Lucas Funes».
En esta oportunidad, la secretaria de Innovación y Desarrollo, Romina Neiff, hizo entrega de esta contribución a la directora del establecimiento educativo, Mariela Ghitti, que se destinará a un viaje que realizarán los alumnos para conocer los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, además visitarán otros lugares emblemáticos.

Capacitación Ley Micaela
En la Casa del Bicentenario de María Juana, referentes del Municipio sanvicentino se desarrolló una nueva jornada de capacitación en el marco de la Ley Micaela, N° 27.499 dirigida a equipos y funcionarios públicos.
La Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (N° 27499) es una ley promulgada en Argentina en 2018 que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina.
Fue resultado de la movilización social tras el femicidio de la adolescente Micaela García en 2017 y generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género.
Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.