“Al haberse caído el Presupuesto 2022, es el momento para aprovechar para darle institucionalidad a los derechos de importación y de exportación y que regresen al Congreso Nacional”.

El economista y diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, redobló la apuesta del pedido de la Sociedad Rural Argentina (SRA) al Gobierno, para que deje de cobrarse derechos de exportación porque “ya no tiene sustento legal”. El documento presentado por la Rural había explicado que, como el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el mandatario nacional reglamentar los derechos de exportación, la no sanción de dicho presupuesto, “que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, convierte en nulo el decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año”.

Uno de los que salió a contestarle a la entidad fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que en una nota de opinión publicada en el portal de noticias Infobae, dijo que “los derechos de exportación se mantienen incólumes en el horizonte”.

En la interpretación del funcionario, citando fallos judiciales, señaló que “los derechos de exportación son establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional, a partir de una habilitación permanente ínsita en el artículo 755 del Código Aduanero”.

Enseguida, Espert, quien también es productor agropecuario en la zona de Pergamino, le respondió a Fernández y dijo que el artículo 755 “es inconstitucional hasta la médula, porque el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la administración, ninguna de sus facultades conferidas en la Constitución Nacional”.

Asimismo, expresó que otra cuestión no menor es el tema de la habilitación permanente que tendría el Poder Ejecutivo para ejercer dicha facultad.

“Es el Congreso quien tiene que decidir cuáles son esos derechos de importación y exportación. Quiero que el presidente Alberto Fernández, cuando convoque a sesiones extraordinarias por el tema del acuerdo con el FMI, incluya también la fijación de derechos de importación y exportación, o sea las retenciones”, dijo a LA NACION.

“Para que el Poder Ejecutivo pueda fijar derechos de exportación e importación, el Congreso es quien debe sancionar una ley, en donde se justifique la emergencia pública por un tiempo determinado. Estamos a años luz de eso. Hace décadas que estamos en este limbo de ilegalidad constitucional en esta materia”, añadió.

En este contexto, señaló que hasta tanto continúe el vacío legal, deberá ser resuelto por la Justicia: “Serán grupos de productores, más las entidades quienes se presenten en la Justicia y digan qué pasa”.

Es pública y conocida la posición de Espert respecto de la eliminación de las retenciones. En octubre pasado, en una jornada organizada por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, cuando aun era candidato a legislador nacional por la provincia de Buenos Aires, dijo que había que llevar los derechos de exportación a cero “sin ningún tipo de diferencial”. (La Nación)