Rafaela avanza en la implementación de la Ley Micaela

En el marco del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el municipio presenta los avances de la implementación de la Ley Micaela a la cual adhiere a través de la Ordenanza N° 5.148.

La organización de la capacitación está a cargo de la secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia; la secretaría de Desarrollo Humano, específicamente la Oficina Municipal de Violencias de Género y el ICEDeL. Los materiales que se brindan fueron elaborados de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de Nación y del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe.

La experiencia indica que, tan importante como fortalecer capacidades a través de la difusión de información, la generación de espacios de formación y reflexión colectiva, es evaluar el impacto de esos esfuerzos para dar cuenta de sus resultados. Teniendo esto en cuenta, desde el Programa Rafaela Evalúa se inició el monitoreo y evaluación de las capacitaciones que se van realizando tal como establece la Ley Nacional y la Ordenanza Municipal.

Hasta el momento se capacitaron más de 150 personas de 16 áreas municipales a través de encuentros virtuales sincrónicos. De cada uno de los grupos surgen distintas reflexiones que son insumo para seguir planificando las restantes capacitaciones. Teniendo en cuenta la situación sanitaria, y una demanda reiterada de las y los trabajadores, actualmente se están planificando encuentros presenciales.

Entre los comentarios de quienes participaron, se remarca la importancia de fomentar espacios de reflexión sobre estos temas como también de que las y los agentes estén capacitados sobre cómo actuar ante alguna situación que ocurra en el área o que provenga de la ciudadanía.

Avanzar en estas capacitaciones realizadas permite la construcción de un Estado Local fortalecido en sus capacidades de respuesta a las demandas de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.

Transformar las estructuras de discriminación y exclusión que sostienen las violencias por razones de género es una tarea de cada agente estatal y de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas.