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“Las vacunas deben ser un bien público para salvar vidas”

En el marco de la primera Jornada “Por qué es importante liberar las patentes de las vacunas contra el Covid 19″ que se llevó a cabo en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, especialistas de diversas áreas expusieron sobre las principales barreras y vías posibles para el acceso universal a vacunas, tratamientos y medicamentos que se requieren para superar la pandemia.

Provinciales 11/06/2021 Redacción Redacción
Balagué

“No es casual que sea Santa Fe una de las principales provincias en promover el debate por la declaración de las vacunas contra el Covid 19 como bien público, para promover su acceso con criterio de justicia sanitaria, porque tiene una tradición de décadas de gobiernos que han impulsado la producción pública de medicamentos como bien social”, señaló la diputada Claudia Balagué en la apertura de las jornadas que convocaron, a través de un proyecto iniciado por el bloque Socialista y aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, a especialistas de diversas áreas científicas, de gestión y activismo social para exponer sobre la exención de derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, medicamentos y tratamientos para la pandemia.

La primera parte de la jornada se transmitió ayer en directo por el canal de Youtube de la Cámara baja provincial y tendrá su cierre el próximo miércoles 16 de junio, a las 18. El debate tiene como objetivo la divulgación científica y a la concientización ciudadana sobre las raíces sociopolíticas que impiden que las vacunas como bien público y el derecho universal a la salud estén garantizados, un tema que, según Balagué, “requiere un abordaje interdisciplinario. En ese sentido, las doctoras Maria Julia Bertomeu y Marcela Belardo abordaron de la situación geopolítica; la doctora Andrea Uboldi se refirió al contexto epidemiológico y abordaje de la salud como bien colectivo, el Dr. Juan Correa expuso sobre los derechos de propiedad intelectual y transferencia de conocimientos asociados a las vacunas, y la Mg. Josefina Martorell, argumentó respecto del activismo internacional de Médicos Sin Fronteras, con la campaña “Sin patentes en pandemia”.

Balagué destacó que “miles de científicos trabajaron colaborativamente para que hoy en el mundo se puedan desarrollar vacunas seguras y eficaces, pero cuando llegó el momento de la producción y distribución no primaron estos valores, sino los acuerdos comerciales, secretos, bilaterales, monopólicos, que llevaron a que más del 70 por ciento de las vacunas las concentren los países ricos, y millones de dosis estén allí inmovilizadas, incluso algunas a punto de su vencimiento”. La diputada socialista agregó que “mientras esto sucede, el virus sigue mutando, y ante las nuevas cepas las vacunas probablemente pierdan eficacia”.

En su intervención, María Julia Bertomeu, doctora en Filosofía e investigadora de Conicet, planteó que “la escandalosa desigualdad que mostró la pandemia se hubiera evitado si los gobiernos de los países más ricos hubieran optado por la investigación colaborativa de código abierto y no por el monopolio de patentes”. La investigadora valoró que si la vacuna hubiera sido considerada un bien de salud público mundial hubiera tenido consecuencias revolucionarias, porque podría desconocer el derecho de propiedad intelectual y priorizar el derecho a la salud. En cambio, mientras “el norte festeja la pospandemia, la parte pobre del planeta se asfixia literalmente”, señaló.

Por su parte, Marcela Belardo, doctora en Sociología, definió el contexto: “Los países periféricos estamos viviendo “un literal apartheid de vacunas”, en una carrera mundial por poder de mercado comercial que se disputan los países ricos. Para la especialista, se trata de un escenario muy complejo donde las grandes farmacéuticas y los Estados más ricos, utilizando la vacuna como arma diplomática, evidencian juegos de bloqueo de insumos y materias primas para la producción, aprobación o no de una vacuna en favor de intereses nacionales o de expansión mercantil hacia otros territorios y naciones. Por eso, instó a fortalecer las capacidades nacionales, y a aumentar la capacidad productiva de laboratorios públicos integrados en la región.

A su turno, la epidemióloga Andrea Uboldi, manifestó su desilusión respecto del mecanismo Covax que “surgió para disminuir las inequidades, pero terminó en una disociación entre el discurso y la operatividad de entrega de vacunas, y a muchos países les hizo retrasar la gestión de compra”. Uboldi, que fue ministra de Salud de Santa Fe durante el gobierno de Miguel Lifschitz, señaló que Latinoamérica tiene solo el 3 por ciento de su población con una única dosis aplicada y expresó que “el único modo de avanzar es generar soberanía y en ese sentido la transferencia de tecnología y poder producir medicamentos y vacunas tiene que ser una fortaleza y un aprendizaje en esta pandemia”.

El complejo jurídico que se discute en la Organización Mundial de Comercio respecto de la suspensión de las patentes para las tecnologías que buscan favorecer la lucha contra el Covid 19 fue explicado por el abogado Juan Correa, máster en derecho de Propiedad Intelectual por las universidades de Turín y Flacso-Argentina. “Es muy importante liberar las patentes, pero el efecto no va a ser inmediato, sino más a largo plazo porque el tema relevante en este momento es la transferencia de tecnologías y los acuerdos públicos y privados, que son los que realmente van a lograr una mayor distribución de la vacuna”.

Finalmente, Josefina Martorell, directora de Médicos Sin Fronteras para América del Sur, la organización internacional que con la campaña “Sin Patentes en pandemia” ya logró más de 148 mil adhesiones en la región, explicó que llaman a crear un sistema justo, que distribuya las vacunas, tratamientos y medicamentos basado en un criterio de salud pública para todos los Estados, que anteponga salvar vidas a cualquier especulación o ganancia económica. “Ciertamente, la exención por sí sola no puede resolver todos los problemas que enfrentamos en esta pandemia, pero si es una importante opción legal y un paso urgente a tomar entre otras medidas que deberían tomar todos los gobiernos para proteger a sus poblaciones”, señaló Martorell, y enfatizó que “no se responde a una emergencia de salud pública con caridad, sino con una transformación en la visión del mundo y la comprensión de cómo y por qué persisten las desigualdades”.

Para el cierre de la primera jornada, la diputada Silvia Ciancio, presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara baja y el ex ministro de Salud de la provincia, Miguel Cappiello, valoraron las exposiciones, señalaron las implicancias directas en la provincia de Santa Fe, y las propuestas legislativas a mediano y largo plazo. El debate continuará el miércoles 16 de junio, a las 18, con la participación de otros siete especialistas.

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