Las principales entidades empresarias del país, como la Bolsa de Comercio de Rosario y la Unión Industrial Argentina (UIA), le manifestaron por carta al ministro de Trabajo de la Nación, Mario Meoni, su “preocupación por la falta de información pública respecto de cómo se garantizará la navegabilidad del sistema de navegación troncal durante la transición que ocurra entre el vencimiento de la actual concesión y la adjudicación de la nueva concesión”.
Ocurre que el próximo 30 de abril finaliza la concesión de la hidrovía y el gobierno todavía no anunció qué ocurrirá a partir del primero de mayo. En off the récord, el ministro -según supo Rosario3- le anticipó a empresarios de la agroindustria con los que se reunió la semana pasada que habrá una prórroga a la actual concesión mientras se prepara una nueva licitación. Pero no sólo no hay precisiones, por ejemplo por cuánto tiempo será la prórroga, sino que no hay información oficial y por eso la preocupación de las empresas.
“En una presentación anterior fechada el 4 de marzo, manifestamos la importancia de garantizar la continuidad del servicio de dragado y señalización, dando previsibilidad a. sistema de navegación troncal y sostuvimos que la transición debería ser lo más breve posible. En esta oportunidad, a pocos días del vencimiento de la concesión vigente . sin información oficial respecto de lo que sucederá a partir del 1 de mayo, reiteramos aún con más énfasis dichos conceptos y destacamos los efectos negativos que la incertidumbre existente genera entre quienes participan de la actividad, permitiéndonos sugerir, como principales usuarios del Sistema . a modo de aporte, que la transición debería ser por un plazo prudencial que no obstaculice la operatoria y dote de previsibilidad al Sistema mientras se trabaja en el proceso licitatorio, estimando también que no debería ser inferior a seis meses ni superior a un año”, señala la carta enviada a Meoni que también está firmada por la Cámara de Puertos Privados y la Cámara de la Industria Aceitera.
“Insistimos en destacar la importancia de la decisión de. Estado Nacional de llevar adelante una licitación transparente y competitiva para las tareas de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal, a riesgo empresario y sin aval del Estado, que todas las obras y mejoras deban ser sustentables desde el punto de vista medioambiental y económico, en la necesidad urgente de constituir Órgano de Control independiente, altamente profesional y autónomo, con participación del Estado Nacional, las provincias y representantes del sector privado”, finaliza la carta firmada por la Cámara de Actividades Portuarias, la Cámara del Acero y el Centro de Navegación, entre otras entidades del sector.
Negociaciones cruzadas
La incertidumbre es total ya que la decisión se toma en el más alto nivel político (Alberto Fernández y Cristina Kirchner), más allá de las líneas de trabajo que esté preparando el Ministerio de Transporte de la Nación.
Ocurre que luego de dar marcha atrás con la idea original de cambiar de raíz el sistema (creando una sociedad estatal que administre las hidrovías), el gobierno nacional decidió a finales del año pasado encarar una nueva licitación de un concesionario privado.
Pero los tiempos no le dieron para armar una licitación de jerarquía internacional (sólo en parte por el coronavirus) y Transporte empezó a trabajar en una prórroga para poder prepararla el nuevo esquema a licitar. Sin tener ni siquiera los pliegos presentados, se especuló con uno o dos años de extensión del contrato al actual concesionario (Hidrovía SA) para tener tiempo de proyectar obras de expansión de la vía navegable, principal “autopista” productiva del país por donde salen los granos y entran los dólares.
El tema se complicó a principios de este año cuando desde el sector más kirchnerista se opusieron a la prórroga que preparaba Transporte. ¿La razón? Uno de los socios de Hidrovía SA es la empresa Emepa, cuyo dueño es el empresario Gabriel Romero, quien en el marco de las causas de los cuadernos de la corrupción K confesó que le pagó una coima a Cristina. No hay margen político, sostienen desde el ala dura del gobierno, para que Romero siga en el negocio de cobrar un peaje en dólares. Fue así que el propio Alberto salió a decir en la prensa que no habría prórroga alguna.
Transporte empezó, entonces, a apurar el armado de una licitación, tarea casi imposible por el poco tiempo disponible. Se especuló con una licitación rápida sobre la base de los requerimientos y las exigencias actuales, dejando para el futuro el armado de las necesarias nuevas obras necesarias (más profundidad del canal, obras complementarias y tecnología) para hacer frente a los desafíos futuros de la navegación fluvial.
Pero luego se empezó a especular en círculos políticos con una extensión o prórroga de las tareas pero sólo a Jan de Nul, lo que supone también un armado jurídico porque el contrato lo tiene Hidrovía SA no Jan de Nul.
