Marcelo Calamante
A través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó el Decreto 2417/1993, que durante más de treinta años reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en el país.
La medida representa un cambio profundo en el control estatal sobre las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, ya que elimina la obligación de informar y solicitar autorización previa para modificar los valores.
Según los fundamentos oficiales, la norma derogada “imponía limitaciones que obstaculizaban la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas actuales”.
El Gobierno argumenta que, tras la transferencia de competencias educativas a las provincias en los años 90, resulta necesario actualizar el marco normativo para “favorecer un entorno más flexible que garantice la sostenibilidad de los establecimientos y el derecho a una educación de calidad”.
El Ejecutivo también sostiene que el sistema anterior generaba efectos contraproducentes porque al requerir autorización previa para fijar precios, muchos colegios terminaban estableciendo cuotas más altas por temor a futuros aumentos de costos no autorizados.
Esa situación, según el texto, “termina perjudicando a las familias, que deben afrontar valores más elevados desde el inicio del ciclo lectivo y, en algunos casos, cambiar de escuela por razones económicas”.
Además, el decreto enfatiza la necesidad de respetar el derecho de propiedad y la libertad de contratación de los institutos privados, al considerar que deben tener la posibilidad de definir sus tarifas y salarios “sin intervención estatal”. La rigidez del sistema, argumenta el Gobierno, “puede afectar la calidad educativa” al impedir que las instituciones se ajusten con agilidad a las variaciones de costos y salarios.
