
De qué trata la denuncia por desvíos de fondos que salpica a Caren Tepp
La denuncia, presentada por Provincias Unidas, apunta a un desvío de más de 21 millones de pesos de una ONG de ayuda a inundados para financiar la publicidad digital.


Según pudo conocer CASTELLANOS, cada provincia maneja criterios diferentes y el trabajo no es unificado. Con la Ley se espera modificar estas diferencias. "La norma viene a ordenar el proceso de atención", señalaron desde Salud Pública.
Política28 de enero de 2021
Redacción web
El pasado domingo entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a raíz de ello, en el Hospital Jaime Ferré, mantuvieron reuniones entre los profesionales médicos para repasar el protocolo ILE, que ya estaba vigente en la provincia de Santa Fe y lo que establece la Ley del aborto.
Si bien desde el efector público de salud, piden esperar hasta que se presente el protocolo nacional de acción. CASTELLANOS pudo saber que "se están definiendo algunas cuestiones en lo operativo, a los fines prácticos. Hasta las 14 semanas, lo seguimos manejando de la misma manera, no dejamos de hacer consejería y evaluar la necesidad, el planteo y la realidad de cada mujer, por más que haya una ley que diga que antes de las 14 semanas no hace falta evaluar ningún causal".
"Lo importante de la ley es que clarifica bien, cuáles son las responsabilidades de los efectores, quienes pueden ser objetores de conciencia, y qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Abren la puerta para que se pueda comprar la mifepristona, que es un medicamento que aumenta la eficacia del misoprostol. Y viene a ordenar el proceso de atención. Pero es importante esperar el protocolo nacional para que se unifiquen criterios de trabajo y no haya tanta diferencia entre una provincia y otra, como sucede actualmente", explicaron fuentes oficiales a este medio.
Por otro lado explicaban que "la ley no obliga a los profesionales médicos a practicar interrupciones de embarazo, o asesorar, si es que sienten que sus convicciones están comprometidas, no obliga a ninguna mujer a abortar si no quiere, no obliga a nada, pero sí garantiza el proceso de atención de quienes lo requieren, y se entiende que el aborto es una práctica médica más".
Esta Ley obliga a no negar la interrupción de un embarazo si una persona gestante, así lo desea. Pero ¿Cómo lo manejarán los efectores privados de salud?, ¿cobrarán las prestaciones? Las obras sociales ¿cuánto tiempo tardarán en adecuarse a la nueva ley?
"Lo de los privados es una incertidumbre, cuando encuentren cómo cobrar la prestación se va a ordenar todo, y lo van a estar haciendo, es cuestión de ver cuánto se va a cobrar la consulta por interrupción de embarazo, y si encuentran la forma de facturarla un poco más que una consulta ginecológica común".
Consultando a algunas clínicas privadas de la ciudad, desde Clínica Parra señalaron que "nosotros lo hemos charlado con los ginecólogos de la clínica y ninguno va a garantizar la práctica por objeción de conciencia. Pero como clínica tenemos la obligación de guiar a la persona que quiere abortar, de qué forma puede proceder. En el Hospital Jaime Ferré van a encontrar solución, nosotros los derivaremos allí", señalaron.
Además explicaron que "desde lo privado nosotros podemos hacer facturaciones a las obra sociales, aún no sabemos sobre eso, es una práctica médica más, que podemos facturársela a las obras sociales, ellas deben abonar esas prácticas".
En tanto desde salud pública detallaron que "en el consultorio de salud sexual, no es que recibimos una paciente que solicita una ILE y se le receta el medicamento, generamos un espacio de escucha, saber qué pasa con esa mujer, muchas veces nos encontramos con situaciones de vulneración de derechos, de violencias y trabajamos integralmente sobre todo eso", sentenciaron.

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El texto recorre sus datos biográficos, su pasión por la medicina y la política, como así también su compromiso con el crecimiento de la ciudad. También pone en valor su trayectoria como emprendedor y su aporte al desarrollo local.