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La política social en la era alfonsinista

Dentro de las políticas sociales alfonsinistas, se destacan la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida y la defensa de los derechos humanos. 

Especiales30 de octubre de 2020Redacción webRedacción web
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En Argentina, la patria potestad compartida había sido establecida en 1949, mediante la reforma constitucional realizada ese año. La derogación de dichas reformas por proclama militar en 1956, y la ratificación de dicha derogación por la Convención Constituyente de 1957, restableció la desigualdad de la mujer frente al hombre por varias décadas más. En 1974 el Congreso volvió a establecer la patria potestad compartida, pero la presidente María Estela Martínez de Perón vetó la ley. Básicamente los influyentes sectores conservadores en Argentina argumentaban que la unidad de la familia exige que uno de los cónyuges tenga "la última palabra", y que, por razones culturales y tradicionales, resultaba razonable que esa facultad fuera atribuida por la ley al varón.

En 1985, durante el gobierno de Alfonsín se restableció la patria potestad compartida, mediante la Ley 23.264, un derecho largamente reclamado por las mujeres.

Ley de divorcio

La sanción definitiva del divorcio vincular sucedería durante el gobierno de Raúl Alfonsín, esto fue realizado el 19 de agosto de 1986 cuando se aprobó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados y fue girado al Senado que lo aprobó el 3 de junio de 1987. Fue promulgada el 12 de junio en el Boletín Oficial. La Iglesia católica, que mantuvo siempre una tirante relación con el presidente Alfonsín, se mostró dividida frente a la ley de divorcio. El sector más conservador, encabezado por el entonces obispo de Mercedes, Emilio Ogñénovich, organizó una procesión a Plaza de Mayo encabezada por la Virgen de Luján y ante la escasa cantidad de asistentes, Ogñenovich acusó a los obispos ausentes de haber traicionado el compromiso. 

La Conferencia Episcopal Argentina discutió entonces la posibilidad excomulgar a los Legisladores que votaran la ley, pero la idea no prevaleció, sin embargo, el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Desiderio Collino, excomulgó a los diputados de su diócesis, una vez aprobada la ley, la Iglesia presionó al presidente Alfonsín para que la vetara, pero ello no sucedió. Por otra parte, los sectores más abiertos de la Iglesia, mantuvieron una posición crítica sin ser intolerante, como el caso del obispo Justo Oscar Laguna que manifestó: "El divorcio es un mal, pero es un mal para los católicos, y no podemos imponer en una sociedad plural una ley que toca a los católicos. Son los católicos los que tienen que cumplirla y no el resto".

Política de educación, ciencia y tecnología

En 1984, el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional de Alfabetización Funcional y Educación Permanente (CONAFEP). Se instrumentó el Plan Nacional de Alfabetización (PNA) diseñado por la profesora Nélida Baigorria. Al asumir el gobierno los datos del censo de 1980 indicaban un analfabetismo de 6,1 %. En el censo de 1991 el analfabetismo se había reducido a 3,7 %, porcentaje similar al que registran España y Canadá.

En 1988, el PNA de Argentina recibió el premio otorgado por la Asociación Internacional de Lectura de la Unesco. En la Universidad, reorganizó las universidades nacionales bajo los principios de la Reforma Universitaria, básicamente garantizando la autonomía universitaria plena, el cogobierno entre docentes, estudiantes y graduados y la gratuidad de los estudios de grado.

Congreso Pedagógico Nacional de 1984-1988

En 1984, por la ley N.º 23.114, el gobierno radical de Raúl Alfonsín convocó a un Congreso Pedagógico Nacional supuestamente para atender las deficiencias del sistema educativo pero con el fin de definir si la Educación Pública debía ser Estatal o no Estatal, de lo que dependería si los colegios privados seguirían recibiendo apoyo económico del Estado y si los padres de ingresos medios y bajos podrían elegir el tipo de educación para sus hijos en escuelas de gestión privada. Cabe tener en cuenta que en la Argentina viene de lejos la antinomia educación pública-educación privada. Y durante aquel Congreso pedagógico se enfrentaron dos enfoques respecto de la misma.

Alfonsín confió la organización del congreso a su equipo educativo, encabezado en 1984 por el ministro Carlos Alconada Aramburú, y el diputado Adolfo Stubrin, ambos con enfoques estatistas. El enfoque estatista era impulsado por radicales y comunistas; y el enfoque no estatista, que finalmente fue el que triunfó, fue defendido por la Conferencia Episcopal Argentina, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Justicialista, la Unión del Centro Democrático, el Movimiento de Integración y Desarrollo y una enorme movilización de padres de familia que tenían a sus hijos en colegios privados. En aquella convocatoria llegaron a participar 400.000 personas.

La asamblea nacional se realizó en Embalse de Río Tercero (Provincia de Córdoba), en marzo de 1988 y luego del triunfo del enfoque no estatista el gobierno de Alfonsín entró en crisis y a los pocos días una huelga docente dejó sin clases durante dos meses a millones de alumnos de escuelas estatales.

Ciencia y tecnología

La llegada de la democracia en 1983 eliminaría la persecución ideológica, pero las políticas puestas en práctica por los distintos gobiernos siguieron siendo de involución, y no se contó con un amplio proyecto de desarrollo integral. El vacío económico, político y cultural hizo imposible una política científica realista. Terminó la fuga de cerebros por motivos políticos pero recrudeció la debida a motivos económicos, debido a los continuos ajustes y falta de oportunidades de trabajo.

En 1984 Manuel Sadosky, como secretario de Ciencia y Tecnología, promovió la creación de una comisión nacional de informática, para establecer las bases de un plan nacional de informática y tecnología. En este marco nacieron la Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI) y la Escuela Argentino-Brasileña de Informática (EABI). Ambas iniciativas apuntaron a formar personas con dominio de la informática y capaces de desempeñarse como docentes e investigadores, para estar en condiciones de satisfacer las necesidades del desarrollo y de los futuros estudios de postgrado en América latina. Sadosky realiza una memoria de su gestión donde afirma: "Los dirigentes de nuestra sociedad no tienen en general conciencia de la importancia de los recursos humanos con calificación científica para el desarrollo nacional(…). Nuestros dirigentes no entienden por qué es importante que el país disponga del mayor número posible de científicos y tecnólogos. Esto es consecuencia de lo que se ha llamado visión alienada del desarrollo".

En lo que respecta a CONICET en este gobierno se cambia el mecanismo de subsidios, que pasa de depender de los directores de instituto a realizarse mediante convocatorias públicas. Además se crea dentro de CONICET el área de Transferencia Tecnológica para mejorar la vinculación con el sector productivo. Se destaca la creación de una única universidad, la Universidad Nacional de Formosa (1988). Además se crea el Sistema de Apoyo para Investigadores Universitarios (SAPIU) que entrega un incentivo a aquellos docentes universitarios que realizan investigación.

El INTI continuó con su declive, al que le sumó una gran inestabilidad institucional con cuatro presidentes en menos de cinco años. Se destacó la gestión de Enrique Martinez, quien abrió el INTI hacia la comunidad, buscó generar recursos propios y creó un régimen de incentivos. Sin embargo, el instituto se vio inmerso en una lógica

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