Rechazan la desregulación de la venta de medicamentos: “Deben venderse en farmacias”

El proyecto de desregulación de la actividad farmacéutica impulsado por el Gobierno nacional suma nuevos cuestionamientos. Mientras el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) mantiene sus críticas a la iniciativa, la Federación Nacional Mercantil Mutualista de la FAECYS (FENAMMF) manifestó su “profunda preocupación” por una reforma que será presentada próximamente ante el Senado para su tratamiento.

La entidad, vinculada a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), sostuvo que los cambios propuestos representan una modificación de “enorme trascendencia” para el sistema farmacéutico argentino y advirtió que la discusión excede la organización comercial de las farmacias.

En un documento firmado por el dirigente mercantil Armando Cavalieri, la FENAMMF planteó que el debate central pasa por definir “el papel que debe asumir el Estado para garantizar el derecho a la salud y el acceso seguro a los tratamientos farmacológicos”.

El medicamento no es un producto de consumo común

Uno de los principales argumentos de la entidad es que los medicamentos no pueden ser considerados como cualquier otro producto de consumo.

“El medicamento no es un producto de consumo común; es un bien social de interés sanitario”, sostuvo la FENAMMF, al remarcar que su utilización requiere controles, asesoramiento profesional y normas que garanticen calidad, trazabilidad y uso racional.

Desde la organización señalaron que cada decisión vinculada con la dispensación de un medicamento tiene consecuencias directas sobre la salud de las personas.

En ese sentido, enumeraron como problemas de salud pública la automedicación, el uso incorrecto de fármacos, las interacciones entre medicamentos, las reacciones adversas, la resistencia antimicrobiana y las demoras en diagnósticos oportunos.

La entidad reivindicó además el rol de las farmacias dentro del sistema sanitario, al considerar que el profesional farmacéutico no se limita a vender medicamentos, sino que también orienta a los pacientes, previene riesgos y promueve el uso seguro de los tratamientos.

Por ese motivo, sostuvo que el Estado debe “establecer, regular y fiscalizar” las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

Críticas al avance de una lógica comercial

La FENAMMF también apuntó directamente contra el proyecto elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según el documento, las modificaciones planteadas podrían trasladar progresivamente decisiones vinculadas con la salud hacia una lógica “predominantemente comercial”.

La ampliación de los canales de comercialización, la incorporación de plataformas digitales, la flexibilización de los mecanismos de expendio y una mayor integración entre distribución y venta al público son algunos de los aspectos cuestionados.

Para la entidad, esos cambios podrían generar condiciones para que “intereses económicos prevalezcan sobre criterios de salud pública”.

Otro de los riesgos señalados es una eventual mayor concentración del mercado. La posibilidad de operar bajo distintas figuras societarias y la participación creciente de grandes operadores con mayor capacidad financiera, tecnológica y logística podrían profundizar las diferencias competitivas, especialmente en perjuicio de farmacias mutuales, cooperativas, sindicales y establecimientos de pequeñas localidades.

Cavalieri destacó que esos establecimientos cumplen una función social que excede la actividad comercial.

En numerosas comunidades, sostuvo, representan “el único punto de acceso cercano a medicamentos y atención farmacéutica profesional”, garantizando la continuidad del servicio incluso en lugares donde la rentabilidad económica no resulta suficiente para atraer a otros operadores.

“Modernizar no significa debilitar los controles”

La FENAMMF sostuvo que cualquier reforma normativa debería apuntar a fortalecer el sistema sanitario y mejorar el acceso de la población a los medicamentos, pero sin reducir los controles existentes ni disminuir las responsabilidades del Estado.

En esa línea, planteó que la modernización del sector debe estar acompañada por mecanismos que garanticen la seguridad de los pacientes y la calidad de las prestaciones.

Peretta: “Es una gran estafa disfrazada de libertad”

Por su parte, el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, profundizó las críticas contra Sturzenegger y calificó la iniciativa como “una gran estafa disfrazada de libertad”.

El dirigente sostuvo que, si el objetivo es reducir el precio de los medicamentos, el camino debería ser fomentar la competencia entre los laboratorios y no ampliar los lugares donde pueden venderse.

“Para bajar los precios hay que fomentar la competencia entre los laboratorios que los fijan, no abriendo la venta en kioscos o supermercados que no regulan el valor”, afirmó.

Peretta advirtió además que una mayor apertura de los canales de comercialización podría banalizar el consumo de medicamentos y favorecer la automedicación, sin necesariamente alcanzar el objetivo de reducir los precios.

Como argumento, señaló que durante junio los medicamentos registraron un incremento del 2,6%, por encima de la inflación general, y sostuvo que el esquema actual estaría favoreciendo la concentración en un reducido grupo de laboratorios.

Advertencia judicial contra Sturzenegger

El dirigente sindical también cuestionó el avance del Gobierno sobre la desregulación farmacéutica pese a las objeciones judiciales existentes.

Peretta aseguró que la Justicia mantiene suspendido el capítulo referido a la desregulación del sector y acusó al ministro Sturzenegger de avanzar pese a esa situación.

En términos particularmente duros, sostuvo que el funcionario podría terminar enfrentando consecuencias judiciales por avanzar con medidas que, según su interpretación, contradicen disposiciones legales vigentes.

El debate, mientras tanto, promete trasladarse al Senado, donde el proyecto deberá afrontar una nueva instancia de discusión. En el centro de la controversia queda una pregunta que atraviesa los cuestionamientos sindicales y profesionales: si los medicamentos deben ser tratados como una mercancía más o como un bien sanitario sujeto a controles específicos y a la responsabilidad del Estado.