Conflicto presupuestario en el Concejo: disputa por los fondos para comisiones vecinales

Mientras los salones vecinales de Rafaela enfrentan dificultades para costear facturas básicas de energía y agua, una demora de siete meses en el desembolso de fondos municipales ha provocado un incendio político en el Concejo. El conflicto central radica en la falta de ejecución de las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento barrial, una situación que la oposición califica como una "falta de respeto" al trabajo voluntario de los vecinos, mientras que el oficialismo se desmarca de las acusaciones de parálisis administrativa.

Una norma vigente

La controversia escaló en intensidad cuando, finalizaba una reunión con vecinalistas, se puso en duda la existencia y validez de la normativa que rige estos aportes. La discusión técnica se centró en la moción de la Ordenanza de Presupuesto 5640, un documento que, según recordaron las ediles de la oposición Veleria Soltermam y María Paz Caruso, no es una mera sugerencia, sino una ley local votada y aprobada por la totalidad del cuerpo legislativo.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando se solicitó la presencia física del documento en el recinto: "Me la pueden traer, por favor", se escuchó decir a Hugo Menossi, referente del área de vecinales del municipio, en una de las intervenciones, para disipar cualquier duda sobre la legalidad de lo reclamado. La moción está debidamente registrada en el libro de actas, lo que deja al Ejecutivo sin margen para desconocer su obligatoriedad. Según el texto legal, la autoridad responsable de la ejecución es la Secretaría de Gobierno y Modernización, a través del Programa Vecinales.

El detalle de los fondos

El marco legal establece un esquema de aportes fijos destinados exclusivamente a garantizar que los espacios comunitarios puedan permanecer abiertos y operativos. Los puntos clave de la partida presupuestaria en disputa son:

• Monto máximo: Hasta 190.000 pesos por comisión vecinal.
• Concepto: Gastos de funcionamiento regular de los salones.
• Servicios cubiertos: Pago de energía eléctrica, gas, agua, limpieza y otros servicios esenciales para la operatividad diaria de los barrios.

Cruces por la "dilatación" de los pagos

Desde la oposición, el discurso fue inusualmente mordaz. Se denunció que el Gobierno local ha "dilatado todo este tiempo" —estimado en siete meses— para evitar el pago de fondos que ya fueron sancionados por el Poder Legislativo. La acusación no solo apuntó a una supuesta impericia administrativa, sino a una decisión política de retener recursos esenciales. "Faltan el respeto al laburo", sentenciaron los críticos, vinculando la demora con un desprecio hacia la labor de las comisiones que mantienen los salones.

En el fragor del debate, se mencionó que el presupuesto y sus respectivas mociones son instrumentos cerrados que el Ejecutivo debe acatar. "Tuvieron siete meses para pagar... paguen lo que corresponde", fue el reclamo que sintetizó el malestar del bloque opositor.

El oficialismo niega demoras

La defensa de la gestión municipal no se hizo esperar, calificando las denuncias de parálisis como "falsas". El argumento oficialista se apoyó en la validez de la norma, pero devolvió la presión hacia el cumplimiento de los procesos de rendición y gestión.

Un dato jurídico determinante surgió durante la defensa: la Ordenanza no fue vetada. Al no haber utilizado el Intendente su facultad de veto, la norma adquirió plena vigencia, por lo cual el oficialismo sostiene que cualquier retraso no responde a una voluntad de bloqueo, sino a la necesidad de que las comisiones y los responsables del área "hagan bien su trabajo" administrativo para liberar los fondos.

Un escenario de cumplimiento obligatorio

Al cierre de la jornada, la situación legal de la Ordenanza 5640 es indiscutible. Al contar con el respaldo unánime del Concejo, la normativa constituye un mandato legal que el Ejecutivo debe cumplir. La resolución de este conflicto presupuestario no solo definirá la relación política entre el Palacio Municipal y el cuerpo legislativo, sino que determinará si los barrios de Rafaela cuentan con el respaldo económico prometido para sostener sus servicios esenciales.