Marcelo Algarbe Calamante
El proyecto de Presupuesto 2026 de la provincia de Santa Fe se elabora en un escenario crítico donde los recortes dispuestos en el presupuesto nacional, anunciado por el presidente Javier Milei, generan un fuerte desfinanciamiento en áreas sensibles como jubilaciones, infraestructura y educación.
Este contexto obliga al gobernador Maximiliano Pullaro a diseñar su plan económico con el foco puesto en mitigar las pérdidas y garantizar la estabilidad fiscal.
Según el análisis presentado en un proyecto girado a la Legislatura por el diputado provincial Walter Agosto, la caída más pronunciada se registra en las transferencias previsionales, con una reducción estimada superior al 50% respecto de 2025 y más del 70% en comparación con 2023. Esto implica que el Tesoro provincial deberá destinar recursos propios para cubrir la caja de jubilaciones.
La situación no es menos grave en infraestructura, donde Santa Fe sufriría un recorte real del 50% en relación con 2025 y del 95% respecto de lo ejecutado en 2023. "Con lo previsto, apenas podrían construirse siete kilómetros de ruta", advirtió el diputado Agosto en su proyecto de Declaración donde denunció la “discriminación” hacia la provincia.
Javier Milei aseguró que “lo peor ya pasó"
En el plano educativo, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) traslada a las arcas provinciales el costo salarial de los maestros, con el riesgo inmediato de conflicto laboral si no se garantiza su continuidad. A ello se suma la ausencia de financiamiento nacional para ciencia y técnica, lo que afecta los planes de innovación vinculados al sector agroindustrial.
“Bajo la premisa del equilibrio fiscal necesario en todo presupuesto, el gobierno nacional ajusta de manera desordenada e indiscriminada la inversión en sectores claves para el desarrollo futuro de nuestro país y desfinancia a la educación pública en todos sus niveles y al sistema tecnológico de nuestro país”, se concluyó en el proyecto también firmado por Omar Perotti, Miguel Rabbia, Celia Arena, Alejandra Rodenas, Marcos Corach, Sonia Martorani, Verónica Baro Graf y Lucila de Ponti.
Frente a este cuadro, la estrategia de Pullaro se centraría en blindar las áreas que considera esenciales: seguridad, educación, salud e infraestructura productiva. La inversión en seguridad, con la construcción de nuevas cárceles, estaciones policiales y equipamiento tecnológico, aparecería como el único gasto de capital intocable.
En paralelo, no se puede descartar un reordenamiento de las obras públicas, limitándolas a aquellas que la provincia pueda financiar con recursos propios o que cuenten con avales externos asegurados, como el Acueducto Biprovincial.
