La Federación Médica de la Provincia de Santa Fe, en su carácter de representante de las 19 Asociaciones Médicas Departamentales, luego de celebrar su reunión de Plenario Provincial en la ciudad de Rosario, realizada el 7 de octubre del corriente año, comunica:
La situación que atravesamos es muy grave, como inequitativa, y pone en jaque la atención y la relación médico-paciente, que son aspectos fundamentales al ejercicio del derecho a la salud de la población.
Queremos expresar claramente las definiciones acordadas:
1. Definimos honorarios médicos éticos gremial, a aquellos sugeridos por el Colegio de Médicos de la Provincia y la COMRA (Confederación Médica de la Rep. Argentina), dejando aclarado nuestro desacuerdo con el cobro de “plus”, ya que el mismo, por definición, es a aquel valor requerido por encima del “honorario ético”.
2. Manifestamos como urgente la necesidad de implementación del “pronto pago”, que permita evitar la devaluación de nuestros ingresos, de la misma manera en que se les hacen las retenciones pertinentes, a nuestros pacientes, de las respectivas Obras Sociales y Prepagas, reclamamos, igual tiempo de proceso en la forma de pago de nuestros honorarios.
3. Exigimos los correspondientes ajustes de acuerdo con el proceso inflacionario que está atravesando el país.
Rechazamos rotundamente toda amenaza que perjudique el trabajo profesional, solicitamos instancias de discusión y sensatez para llegar a acuerdos que destraben esta tensa e injusta situación.
Un informe privado revela que casi tres de cada diez asalariados registrados usarán el aguinaldo de diciembre para ponerse al día con deudas, en medio de un contexto donde el salario real continúa rezagado y las familias priorizan estabilidad financiera por sobre consumo y ocio.
Los pasillos del Concejo Municipal volvieron a vibrar con intensidad: maniobras cruzadas, operaciones discretas y una disputa feroz por la presidencia del recinto marcan el clima de la semana. Con un intendente decidido a apuntar hacia afuera para explicar su propia fragilidad interna, y un oficialismo fracturado que ya no logra ordenar ni a los suyos, Rafaela ingresa a un escenario donde la rosca parece sustituir a la gestión. Analizamos este tablero en ebullición que anticipa días determinantes para la política local.
La medida fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante su cuenta de X al destacar que “damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”.
El Gabinete municipal en proceso de reconstrucción. Se incorporan Fernando Muriel, Augusto Rolando y Alejandra Sagardoy. Y quizás Alejandro Ambort.
Los trabajadores piden equidad regulatoria y que cualquier normativa contemple las mismas exigencias tanto para remises y taxis como para las plataformas digitales.
El diputado provincial Marcos Corach advirtió sobre la eliminación de más de 40 mil tarifas sociales de la EPE, la falta de cobro a grandes empresas y la posible condonación de cargos de expansión a desarrollos inmobiliarios. Vinculó estas medidas a un clima de creciente tensión entre el gobierno provincial y los sindicatos.
La AFA definió el cuadro de la competencia federal, que reúne a 64 equipos de todas las categorías del fútbol argentino
Los libertarios Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra presentaron un proyecto para redefinir la dieta de los concejales. Pero la reducción sería mínima.
La abogada rafaelina continúa haciendo historia tras ser la primera mujer en presidir la FACA en sus 104 años de existencia. Ahora va por su segundo mandato en una institución que agrupa a más de 80 colegios y asociaciones.
Un informe privado revela que casi tres de cada diez asalariados registrados usarán el aguinaldo de diciembre para ponerse al día con deudas, en medio de un contexto donde el salario real continúa rezagado y las familias priorizan estabilidad financiera por sobre consumo y ocio.
Un juez federal de Campana declaró inválida la suspensión dispuesta por el Ejecutivo y obligó a poner en marcha la ley que garantiza prestaciones, actualización de aranceles y regularización de pagos. El fallo se dio tras un amparo impulsado por familias y organizaciones, y llega en medio de reclamos por la falta de partidas en el Presupuesto 2026.
