
Remiseros expresaron su malestar por la falta de regulación de DiDi
Los trabajadores piden equidad regulatoria y que cualquier normativa contemple las mismas exigencias tanto para remises y taxis como para las plataformas digitales.


Redacción web
A principio de junio del corriente año, la Municipalidad de Rafaela firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de Nación para la compactación de motos y automóviles retenidos o que se encuentren en estado de abandono producto de alguna infracción. La compactación permitirá liberar un amplio sector de los inmuebles que la Municipalidad alquila para ser destinado a almacenar los vehículos y motovehículos retenidos. A la actualidad, el Ejecutivo tiene todos los trámites completados para el desguace de 700 las motos, junto a 70 autos, aunque todavía no se encuentra estipulada la fecha concreta para realizarlo. Cabe resaltar que esto deberá ser confirmado por el Ministerio de Seguridad, que es quien lleva adelante el programa de Compactación y Descontaminación (PRODECO).
Dicho convenio establece que un 90% del valor de la chatarra que se obtiene de la compactación va destinada a una entidad de bien público, "Vistiéndonos de Sol", mientras que el remanente del 10% queda en el municipio para atender algún reclamo que pueda surgir posterior a la compactación.
Cabe aclarar que la ordenanza Nº 4674 autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal para que proceda a conceder la compactación de los vehículos secuestrados en la vía pública que no reúnan las condiciones estructurales para la circulación y deban ser destinados a desguace, siempre que dicha contratación no genere cargo alguno para la Municipalidad y/o cuando la misma participe en las utilidades de ésta, conforme los términos del Artículo 10º de la Ley Nº 2.756. En tal sentido, los vehículos que hayan sido secuestrados y que no sean reclamados por sus titulares por un lapso de seis meses desde su secuestro, como así también los vehículos o sus partes que sean hallados en lugares de dominio público en estado de desuso, inmovilidad o abandono, podrán ser compactados a fin de que no vuelvan a circulación.
El secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, brindó detalles a Diario CASTELLANOS sobre lo que será este proceso, en particular sobre el trasfondo de la cuestión, y reconoció que a la fecha los depósitos del Municipio se encuentran repletos, con lo cual consideran oportuno proceder con el desguace. Desde el año 2017 a la fecha se han retenido más de 7.700 motos, lo que significa un poco más del 10% del parque automotor, ya que si hablamos de que hay 110 mil vehículos y el 60% son motos, estamos por encima del 10% del parque de motocicletas retenidas: "En la ciudad eso habla de una política sostenida en el tiempo en materia de seguridad vial, que probablemente no alcance, pero reitero que nuestro plan de seguridad 'Quíen Pierde?' se basa en tres pilares fundamentales como son la prevención, educación y control. Sin lugar a dudas que todo este proceso está dentro de lo que significan los controles. A uno no le gusta que suceda, pero es un dato de la realidad que todos los fines de semana y durante todos los días de la semana tenemos retenciones de vehículos, principalmente de motos, por faltas que se repiten. Por no uso de casco, no contar con licencia de conducir o los papeles al día, por fallas estructurales...".
Según comentó el propio funcionario, este proceso -que se utilizó hasta el 2017- se dejó de realizar. "Entiendo que es correcto ir por el camino de la compactación, ya que este proceso dejaba un gris entre la compra y la utilización de los papeles; además tranquilamente podía suceder que muchas motos volvieran al tránsito normal de la ciudad sin tener las condiciones estructurales correspondientes. Con lo cual entendimos que la compactación termina resultando más segura y sobre todo es mucho más transparente, ya que no deja librado ningún tipo de suspicacia, ya que era normal que se armen grupos que compraban por lotes cerrados y esto indudablemente que generaban algún tipo de desconfianza", finalizó el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel.

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