Redacción
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) presentó hoy una moratoria para que cooperativas y mutuales puedan regularizar su situación frente al Instituto presentando únicamente los últimos 3 balances, sin importar la cantidad de documentación acumulada que adeuden. Así, las entidades de la economía social tendrán la oportunidad de reordenar autoridades, acceder a subsidios y créditos estatales, volver a brindar productos y servicios, entre otros beneficios.
Alexandre Roig, presidente del INAES, junto a Jonathan Thea, jefe de Gabinete, y Milagros Moya, directora nacional de Fiscalización y Cumplimiento, presentaron la iniciativa acompañados por Mercedes Marcó del Pont, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Durante la presentación, Roig sostuvo: «Para el sector cooperativo y mutual es clave crear un vínculo fiscal significativo con el Estado para derribar los prejuicios que hay sobre el sector, ya que esta moratoria no es solamente un acto de ordenamiento, sino, fundamentalmente, un acto de construcción de identidad a través del lazo fiscal que las cooperativas y mutuales están promoviendo y reclamando».
Por su parte Marcó del Pont destacó que «la formalización genera derechos y esto está en el núcleo de nuestro proyecto político que es poner el eje en la producción, la inclusión, el trabajo y el desarrollo. Nosotros formamos parte de un proyecto que recupera la centralidad del Estado». La funcionaria que destacó el proyecto de ley de monotributo inclusivo impulsado por el Gobierno señaló que «el neoliberalismo es la contradicción principal que tenemos que confrontar los que pensamos de esta manera una sociedad y un país inclusivo y desarrollado». En ese sentido, Marcó del Pont enfatizó la necesidad de fortalecer la cultura tributaria como generadora de recursos genuinos para financiar las políticas públicas y advirtió que «detrás del planteo anti impuestos está el desprecio por el Estado y las políticas públicas».
El monotributo inclusivo tiene por objetivo facilitar la inclusión social, la formalización laboral y el acceso a las prestaciones de la seguridad social (jubilaciones y salud). El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley donde el Estado se hace cargo del pago del componente impositivo del monotributo en forma permanente a todas las personas registradas en las categorías A, B y C. Este proyecto abarca al monotributo social y al monotributo promovido. Respecto de esta iniciativa Roig subrayó que «es ese sector de la sociedad del que se dice que no paga impuestos el que quiere ser incluido, formalizar la relación y crear un lazo fiscal con el Estado».
Del acto participaron Ariel Guarco, vocal del directorio del INAES, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y referente de Cooperar; Alejandro Russo, vocal del directorio del INAES y presidente de la Confederación Argentina de Mutuales y demás vocales y directores del INAES, representantes de confederaciones y federaciones de cooperativas y mutuales y organizaciones sociales, así como también Fernando «Chino» Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete; Marina Cardelli, subsecretaria de Asuntos Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores; Patricia Vaca Narvaja, subdirectora general de Servicios al Contribuyente de la AFIP y Gildo Onorato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
A su turno, Jonathan Thea agradeció la presencia de vocales del directorio y dirigentes del sector y señaló que la presentación de esta resolución se enmarca «en la política que asumimos desde que llegamos al organismo que tiene que ver con hacer más sencilla y simple la inscripción de la matrícula, entendiéndose como la promoción del derecho a trabajar y el fortalecimiento de la economía social».
Por su parte, Milagros Moya destacó la participación concreta del Estado en la resolución de las demandas y necesidades de cooperativas y mutuales al poner en valor esta iniciativa: «Viene a transformar estructuralmente las muchas situaciones adversas que tienen las entidades, ya que esta norma permitirá generar más y mejor trabajo, más y mejor producción, más y mejor construcción de comunidad en toda la Argentina».
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