El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dijo que los próximos pasos de la mesa de enlace estarán enfocados en reclamar la eliminación total de las retenciones a las exportaciones. Uno de los caminos que analizan los ruralistas es ir a la Justicia.

En el sector productor entienden que el rechazo al Presupuesto 2022 en el Congreso habría dejado sin sustento legal a los derechos de exportación.

Pino prometió ir por el fin de las retenciones en la asamblea realizada este sábado en Armstrong, que fue convocada por productores autoconvocados y que contó con la presencia de representantes de la mesa de enlace.

Ante esta realidad, la SRA esgrimió una serie de argumentos en los que se basa para lograr la declaración de inconstitucionalidad de los Derechos de Exportación (DEX) sobre todos los productos agropecuarios.

En primer término, se basa en que el pasado 31 de diciembre venció el plazo fijado en el Artículo 52 de la Ley 27.541 de “Emergencia Pública”, dictada en diciembre del 2019, que le permitía al presidente de la Nación, Alberto Fernández, fijar las retenciones por decreto. Ante el vencimiento de ese plazo, fue que el Gobierno trató de continuar con esa facultad a través del frustrado Presupuesto 2022.

“Por lo tanto, la legislación que habilitaba al Poder Ejecutivo a fijar retenciones ha concluido”, señaló la entidad. Al mismo tiempo, recordó que, según lo dispone la Constitución Nacional, y tal como lo reconocen los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), las retenciones, por ser manifestaciones del poder tributario del Estado, “solo pueden ser exigidas por ley del Congreso, y el Poder Ejecutivo tiene prohibida su creación en cualquier circunstancia”.

En estos últimos años, el Gobierno fijó las retenciones porque así lo había habilitado la última Ley de Emergencia. “Pero esa facultad de emergencia, por naturaleza transitoria, ha vencido por el mero transcurso del plazo fijado. Por tal razón, la percepción de derechos de exportación, más allá del 31 de diciembre de 2021, sin que el Congreso haya prorrogado las facultades delegadas del artículo 52 de la Ley 27.541, se encuentra viciada de nulidad absoluta e insanable, y es manifiestamente inconstitucional”, señalaron desde la SRA, que integra la mesa de enlace junto a la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

En tal entendimiento, el Decreto 851/21, dictado el pasado 15 de diciembre, sería nulo también en cuanto fija alícuotas para determinadas mercaderías “a partir del 1° de enero de 2022″. O sea, señaló la Sociedad Rural, “por fuera del período de emergencia de la ley, e incluso por fuera del periodo específico fijado por esa misma ley en el cual podía imponer retenciones. No hay otra posible discusión interpretativa al respecto”.

En ese sentido, remarcaron que “la gravedad de la situación actual exige de parte de todas las autoridades de la Nación una inmediata atención”. En primer lugar, la entidad mencionó al Poder Ejecutivo y a los órganos que de él dependen, que “no puede continuar exigiendo el pago de un tributo sin que una ley lo habilite; ejercer una competencia tributaria en esas condiciones constituye una imposición ilegítima, inaceptable en un Estado de Derecho”.

Esta situación, que podría evitarse, generaría “un enorme daño al Estado en la medida que frente a la ausencia total de base legal de las actuales retenciones surgirán indefectiblemente numerosos reclamos económicos”.

Esta “crítica situación”, evaluó, exige que el Congreso deba “abocarse de inmediato a debatir y decidir cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al Tesoro de la Nación, sin impedir la reactivación económica, el crecimiento de la economía y la disminución de la pobreza”.

En lo que respecta concretamente a las retenciones, el Congreso deberá decidir “si sigue con la política de imponerlas o no, y en caso afirmativo a qué sectores y cuáles han de ser las alícuotas”.

“Finalmente, si las autoridades políticas no fuesen capaces de cumplir sus roles constitucionales, serán los jueces de la Nación quienes deberán honrar su papel como custodios de la Constitución y de las reglas comunes de convivencia democrática. Solo mediante una decisión adoptada, luego de un debate abierto y responsable, por el Congreso, será legítimo obligar a los contribuyentes a destinar un parte sustancial de su trabajo y de su esfuerzo para el sostenimiento del Estado y de un proyecto común de país”, finalizó el comunicado de la SRA.

Fuente: Tn Campo