La reorganización de la vida política: entre el parlamento y la participación

Con el advenimiento de la democracia la embrionaria esfera pública halla su representación institucionalizada en el parlamento, de tal modo que ya no puede ser exclusivamente identificada con los actores políticos de finales de la dictadura, ni con sus respectivos discursos, ni con sus lugares de comunicación. Toda la sociedad se incorpora ahora al régimen democrático mediante el sistema de representación política establecido por el sufragio universal. En su nueva integración la esfera pública política amplía tanto los temas como los lugares de discusión entre gobernantes y gobernados, en la medida en que el gobierno democrático ofrece nichos de participación y está obligado a la publicidad de sus actos. Sin embargo, conviene adelantar que este campo de interacciones se verá en el mediano plazo debilitado tanto por el eclipse de la discusión pública, como por un conjunto de problemas de índole político, militar y económico-social.
Durante los primeros años, el gobierno de Alfonsín se encontró, por un lado, amenazado por el persistente pasado autoritario y, por otro, se vio animado por las demandas de participación y por la imperiosa necesidad de consolidar la democracia.
De tal manera, al asegurar los derechos civiles y garantizar la libertad política a través de las instituciones públicas, se abrió un período de lucha -que no será largo- por la ampliación de la participación política. Una sucesión de acontecimientos y decisiones gubernamentales, algunos de ellos con origen en el pasado y otros provenientes de la propia transición, sacuden con diferente intensidad y modalidad las fibras de la participación social y las demandas de consolidación de la democracia.
En efecto, la participación mayoritaria de la ciudadanía junto a las decisiones del primer gobierno democrático fueron factores determinantes del acontecer político de una sociedad que retomaba cuidadosamente sus primeros pasos en la creación de un nuevo orden: el juicio a las Juntas Militares; la labor de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) que fue sin duda el espacio de la sociedad civil; el tratado de paz con Chile sustentado por un plebiscito; la implementación de un programa económico heterodoxo conocido como Plan Austral que suscitó inmediatamente un amplio apoyo de la sociedad; el Congreso Pedagógico Nacional que promovió un debate horizontal en el sistema educativo, con la participación de diversos sectores, sobre la futura ley de educación; y la sociedad que se abroquela en las instituciones de la democracia (con reuniones masivas en las plazas públicas de todo el país en defensa de la democracia) ante la rebeldía militar de 1987 y 1988.
La política participativa permanece en lo fundamental, resumida entre 1984 y 1987, en aquellas formas y espacios que, como vías de deliberación convencional y no convencional, despertaron esperanzas, pero que, entre otras cosas, por falta de continuidad y consistencia, resultaron finalmente insuficientes a la hora de querer construir un modelo diferente de sociedad. Se podría convenir, entonces, en que la democracia participativa comienza a declinar su fortaleza a partir de las elecciones de septiembre de 1987 que causan una derrota electoral al partido gobernante, signo elocuente de un imparable deterioro político, que va estrechando los márgenes de acción del gobierno. La gravedad de la crisis, el poder de los centros financieros internacionales, y el peso de una sociedad altamente corporativa, doblegan la voluntad política del gobierno, mientras el sistema de partidos se resiente y los ciudadanos pierden protagonismo y buscan desentenderse (en términos relativos) de la política.