El Concejo le puso el freno a la estación de servicio 

Este jueves los ediles avanzaron con una nueva Sesión Ordinaria signada por cruces y discrepancias. Había expectativas por la votación de la Ordenanza que establecía una modificación del Código Urbano que, de haberse aprobado, le daba luz verde a la instalación de la proyectada estación de servicio en la esquina de Luis Fanti y Suipacha. Esto no sucedió. El concejal Leonardo Viotti presentó una moción que contradecía el proyecto oficial, afirmando que "si nosotros permitíamos que en el Tejido 8, se permitan servicio de media complejidad, íbamos a permitir que haya mayor transitabilidad, en arterias donde se registran un mayor número de accidentología", bajo ese fundamento Viotti contradijo al Ejecutivo y fue acompañado por parte de la oposición.

El expediente que elevó el Ejecutivo, para "subsanar incongruencias" en el Código Urbano, establecía la posibilidad de que, en los lugares contemplados (Tejido 8), se instalen actividades económicas de mediana complejidad, como, por ejemplo, una estación de servicio.  Tal modificación, según fundamentaban desde el oficialismo, traería aparejado mayores inversiones y la consecuente creación de puestos de trabajo. Si bien esta modificación no estaba pensada solo para la iniciativa privada de la familia Merli, que es la estación de servicio YPF en la intersección de Av. Luis Fanti y Suipacha, sino que además abría las puertas a futuras inversiones.

Estaba más que claro que se pretendía subsanar esas discrepancias que ponían un stop a esta inversión concreta y a futuras de similares características.

Es así, que días atrás el concejal Bonino, hizo conocer públicamente su intención de acompañar el proyecto del Ejecutivo. Pero sus pares no tenían las mismas intenciones. Viotti llevó una propuesta diferente, y afirmando que ese sector era el que mayor número de registros de accidentes tiene, solo se instalen servicios de baja complejidad, como un comercio. 

No podemos perder de vista, que esta modificación iría sobre el actual Código Urbano, que el propio Viotti calificó como "parches", apuntando a que sería mejor discutir la Ordenanza del Código Urbano en su conjunto. Recordemos además, que se viene trabajando sobre un nuevo Código, pero aún hoy, es algo utópico.

Fue el turno del concejal del Frente Progresista, Lisandro Mársico, quien cuestionó el proyecto oficial y afirmó que el mismo "es una mentira a la ciudadanía, ya que se pretende favorecer solo la instalación de la cuestionada estación de servicio en la esquina de Luis Fanti y Suipacha".

Entre sus fundamentos el edil subrayó que: "El Código Urbano Capítulo IV.4.3. referido a estaciones de servicio exige que sean instaladas frente a calles con anchos mayores o iguales a 25 metros (se cuenta desde la línea de edificación) con Ada.Luis Fanti posee un  ancho menor, por lo tanto no puede emplazar anexa a esa calzada". 
Y continuó que "el Código Urbano tampoco lo permite sobre Avda. Suipacha en virtud de que en ese sector se autorizan servicios de baja complejidad y una estación de servicio es de media complejidad. Como así también la sobrecarga de tráfico vehicular, sin necesidad de brindar el servicio en ese sector, con el agravante del numeroso tránsito de los camiones proveedores de combustible, que deben llegar al sitio".

Por último señaló que "otras zonas de la ciudad hubieran  quedado equiparadas a este sitio, respecto a la complejidad, lo que podría posibilitar la instalación de otras estaciones de servicio, en lugares céntricos. Toda inversión, que a su vez implique el otorgamiento de fuentes de trabajo debe ser bienvenida para la Ciudad. Pero en este caso particular, gravitaron una serie de implicancias negativas que pesaron a la hora de tomar una decisión", señaló el edil.

Quien acompañó además la moción presentada por Viotti, fue su par Miguel Destéfanis, quien afirmó "hay que priorizar la seguridad de las personas antes que las inversiones", en respuesta el pedido que hizo Leonardo a sus pares señalando que su proyecto era "el único que consideraba la cuestión vial y el crecimiento ordenado de la ciudad".

Quien salió al cruce de este debate fue el propio bloque de Cambiemos, de la mano de Lalo Bonino, quien recordó que la polémica sobre este proyecto era netamente político y cuestionó que los concejales lo redujeran a ello, afirmando que se requería un análisis mucho más profundo aún.

La votación

Las discusiones se daban en el marco de un debate libre, tal como lo había mocionado Destéfanis. Y fue por ello que el titular del cuerpo Legislativo Germán Bottero, pudo hacer uno de la palabra y acompañó a su apadrinado edil. "La propuesta de Viotti es sólida desde lo técnico".

Para cerrar la discusión debieron votarse ambos proyectos del oficialismo donde se sumó Bonino a respaldarlos y de la oposición, que contó con el acompañamiento de Sagardoy, Destéfanis, Mársico, Viotti y Bottero.
El justicialismo no dudó en cazar el guante para exponer públicamente, que la oposición es quien estaba "atrasando las inversiones". De esta manera y en una clara pero bien estudiada maniobra, la oposición ganó por mayoría, con cinco votos positivos, Viotti, Sagardoy, Destéfanis, Bottero y Mársico. Contra los cuatro que defendían el proyecto oficial, Vimo, Senn, Muriel y Bonino, ¿Qué pasó con Pascual? Se lavó las manos, y se abstuvo de votar.

De esta manera el Concejo puso el freno sobre la iniciativa privada de la familia sunchalense en nuestra ciudad. Habrá que esperar, quizá los privados sigan luchando por conseguir ese permiso, o bien bajarán las persianas y Rafaela no será ¿nunca más? un destino de inversiones. El tiempo mostrará las consecuencias, a favor o en contra de lo decidido, pero así son las votaciones y guste o no, gana siempre la mayoría.

Sumario a dos empleados 

A su vez y fuera del debate reñido por el Código, quedaba un tema delicado para tratar, que apuntaba a las irregularidades detectadas en el Concejo. Sobre tablas los ediles aprobaron que se inicie un sumario a dos personas de planta permanente, ante la posible comisión de irregularidades. Se busca determinar si un personal cobró por un título que no tenía y quien debía controlar que esto fuera así, no lo hizo. La pena máxima es la cesantía o la exoneración, que implica que no puedan volver a trabajar en la administración pública.

Esta investigación recae sobre los agentes Fabio Colombo, y Graciela Cecilia Bertaina. En la misma se busca esclarecer "la procedencia o improcedencia respecto de la aplicación de medidas disciplinarias y en su caso la graduación de las mismas". El encargado de llevar adelante la investigación es el ex fiscal municipal Dr. Daniel Galloppo. Luego de ello se conocerá el tipo de sanción que se les aplicará a los imputados.