
Un concejal electo de La Libertad Avanza fue detenido por dispararle a su pareja
Se trata de Ignacio Contreras, de 51 años, quien consiguió su banca en las elecciones de septiembre.


Tiene 26 años, sus iniciales son VAK y cuenta con un antecedente penal condenatorio. El requerimiento fue informado por la fiscal Fabiana Bertero en una audiencia preliminar, en el marco de la cual también solicitó que sea declarado reincidente. El acusado perpetró los hechos ilícitos en noviembre de 2019, tres semanas después de que se le había otorgado el beneficio de la libertad condicional a raíz de otros delitos.
Sucesos14 de julio de 2021
Redacción
La fiscal Fabiana Bertero solicitará que se imponga una pena de 11 años de prisión a un hombre al que se investiga como coautor de robos calificados cometidos en 2019 en viviendas rurales y en una estación de servicio de Rafaela. Así lo adelantó ante el juez Javier Bottero en una audiencia preliminar desarrollada en los tribunales rafaelinos.
La funcionaria del MPA informó que “el acusado tiene 26 años, sus iniciales son VAK y cuenta con un antecedente penal condenatorio, razón por la cual también solicitamos que sea declarado reincidente”. Precisó que “llevó a cabo su accionar delictivo a tres semanas de haber sido beneficiado con la libertad condicional”, y agregó que “actualmente transita el proceso judicial en prisión preventiva”.
“El primer ilícito que investigamos sucedió a partir de las 2:00 de la mañana del miércoles 13 de noviembre de 2019 en un campo ubicado a dos kilómetros de la zona urbana de Rafaela”, dijo la fiscal. “El acusado cometió un robo junto a otras dos personas que aún no fueron identificadas”, explicó.
Especificó que “los atacantes agredieron a un hombre que se desempeña como cuidador del lugar e ingresaron por la fuerza a una casa en la que reside”. Según narró, “con el fin de que les dijera dónde encontrar pertenencias ajenas, le pegaron en la cabeza con armas de fuego, amenazaron con matarlo y le ataron las manos en la espalda”.
Bertero aseguró que “después lo trasladaron con violencia a la casa que habitan los dueños del campo, donde no había nadie más en ese momento”. Señaló que “rompieron la puerta de ingreso y, mientras le exigían dinero, llevaron a la víctima a una habitación en la que le arrojaron un ropero encima”.
Expuso que “el acusado y sus acompañantes amedrentaron al cuidador apoyando armas en diferentes partes de su cuerpo”, y agregó que “minutos más tarde, acercaron las manos del hombre a una hornalla prendida a sabiendas de que corría riesgo de quemarse”. Planteó que “luego lo encerraron en un baño, de donde logró escapar recién a las 9:30 de la mañana”.
Por su parte, “los atacantes se apoderaron ilegítimamente de 15 mil pesos en efectivo, joyas de oro, cinco armas de fuego, cajas de cartuchos, un teléfono celular y prendas de vestir”, detalló. “También sustrajeron una camioneta en la que huyeron hasta que ocasionaron un siniestro vial en un camino rural y la dejaron abandonada”, afirmó.
La fiscal mencionó que “el otro hecho que investigamos ocurrió el sábado después del robo en el campo”.
“Alrededor de las 6:00 de la mañana, ambos acusados actuaron de acuerdo con un plan previo para cometer un robo en una estación de servicios de Rafaela ubicada en la intersección de la ruta nacional número 34 y calle Luis Maggi”, precisó Bertero. “Llegaron en una moto y VAK sustrajo un teléfono celular mientras su compañero –de iniciales GAB– lo esperó en el vehículo”, indicó.
Manifestó que “la víctima fue un empleado comercial al que intimidaron con un arma de fuego”. Narró que “ante un intento de resistencia al robo, el acusado disparó y lo hirió en una pierna” y apuntó que “antes de irse, el atacante volvió a ejecutar el arma en dirección a una garita en la que la persona herida se había refugiado”.
Por el primer ilícito, a VAK se le atribuye la coautoría de robo calificado (por haber sido cometido en despoblado y en banda; y por la utilización de arma impropia); y de privación ilegal de la libertad agravada (por el empleo de violencia). A raíz del otro hecho, se le endilga la coautoría de robo calificado (por el uso de arma de fuego); y de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Tras la audiencia preliminar que se llevó a cabo, el juez Bottero tiene que resolver lo planteado por las partes. Si considera que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina auto de apertura a juicio. En ese caso, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) se encargará de sortear el tribunal y de establecer la fecha de inicio del debate oral y público.

Se trata de Ignacio Contreras, de 51 años, quien consiguió su banca en las elecciones de septiembre.


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