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“De las autoridades políticas depende que haya mejores controles y seguridad”

La doctora Susana García, especialista en toxicología, fue convocada en su momento por la Sociedad Rural de Rafaela para analizar con una mirada científica la problemática de la utilización de fitosanitarios. En un mano a mano con CASTELLANOS, brindó su punto de vista.

Locales Redacción Redacción
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Hace unos días atrás, la Sociedad Rural de Rafaela organizó un nuevo encuentro de difusión de saberes en el marco del debate por la utilización de fitosanitarios que surgió en el Concejo Municipal, después de un proyecto impulsado por la concejal Brenda Vimo, que pretende llevar el límite agronómico a mil metros.
Esto, sin lugar a dudas, generó un cierto “revuelo” en el sector agropecuario, que no hace más que mostrar la realidad y exponer sobre la mesa, las herramientas que el campo viene utilizando desde hace tiempo, y que mucha gente desconoce. “En la presentación que realicé para el Concejo Deliberante me enfoqué en la escasa información que tenemos sobre los impactos negativos que pudiera tener el uso de plaguicidas agrícolas en la salud de la población rafaelina en particular, y toda la provincia de Santa Fe. Ni los registros del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, ni las investigaciones realizadas sobre datos de mortalidad por malformaciones congénitas o los registros hospitalarios de tumores infantiles, nos revelan los resultados alarmantes que algunas noticias que aparecen en los medios parecieran indicar”, comenzó diciendo la doctora Susana García, especialista en toxicología, en un diálogo con Diario CASTELLANOS.
En tanto, recordó que en el año 2019, solamente se notificaron tres casos de intoxicación por plaguicidas en toda la provincia de Santa Fe: “hay que entender que se trata de una enfermedad de notificación obligatoria por parte de los establecimientos de salud, tanto médicos como laboratorios. Esto no significa que no haya muchos más casos que no se han reportado, pero evidentemente la percepción que hay en el sector salud sobre la importancia de esta problemática es baja. También me referí (en la convocatoria que hizo la rural) a las controversias que existen en el ámbito científico internacional sobre la evaluación del potencial efecto cancerígeno de los plaguicidas en general y del glifosato en particular, ya que después que la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, conocida por su sigla, IARC, clasificara al glifosato, y a otros plaguicidas como probablemente cancerígenos, hubo al menos cuatro comités de expertos, de jerarquía similar, que se pronunciaron diciendo que el glifosato era improbablemente cancerígeno. Se trata de la Agencia Federal Alemana de Evaluación de Riesgos, el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Agencia Europea de Sustancias Químicas y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que revisaron la misma evidencia científica (y me refiero a cientos de publicaciones de estudios realizados en distintos lugares del mundo) y consideraron que estaba muy lejos de ser concluyente para esa clasificación que la IARC le dio”, dijo.
García refrescó que en Europa el glifosato sigue estando autorizado, con una nueva evaluación cuyo dictamen está previsto para fines de 2022. Esta afirmación motivó a una pregunta (en el encuentro mencionado) sobre la certeza con la que yo podría afirmar que el glifosato no produce cáncer o malformaciones congénitas, y la verdad es que lo único que yo puedo afirmar es que no hay ningún caso de caso o malformación congénita que hoy podamos atribuir a una exposición a glifosato. “Esto de ninguna manera intenta decir que no hay que insistir con las regulaciones y los controles para que las aplicaciones sean seguras, para que el uso de plaguicidas se realice con buenas prácticas y se prevenga la exposición de la población a estas sustancias químicas, que son nocivas y no están pensadas para que entren en contacto con las personas. De hecho el glifosato es una sustancia caracterizada como muy irritante y nociva para la vida acuática. Pero estas regulaciones y controles no pueden ser a costa de que la gente viva con la sospecha y la angustia de que sus hijos van a enfermar de cáncer o naceran enfermos porque viven en una zona agrícola donde se usan plaguicidas, cuando nada de eso está demostrado”, remarcó.

El grado de desconocimiento

En relación a lo que sucede habitualmente, cuando se mencionan los nombres de los productos que los productores utilizan, García dijo que “hay un grado de desconocimiento grande, y lo notamos en las diferentes percepciones que distintas poblaciones tienen sobre el uso de plaguicidas y los efectos que pueden generar. He participado de relevamientos realizados en localidades del tercer cordón del Gran Buenos Aires, donde las personas no tenían noción que a menos de 300 metros de sus hogares había plantaciones y aplicaciones periódicas de plaguicidas. De la misma manera en cinturones hortícolas de Córdoba, del Gran La Plata, o aún en Gaiman, en la provincia de Chubut, donde también he participado de estudios similares, los mismos productores desconocen los efectos de los plaguicidas que utilizan, no se protegen adecuadamente cuando los aplican y consideran normal que tengan algún síntoma después de hacerlo, sin que eso implique siquiera que consulten al médico. Contrariamente, vemos poblaciones que están fuertemente sensibilizadas por la problemática, cuando los datos del sistema de salud no están respaldando esa preocupación”, marcó.
En relación a los daños que se generarían si se llegara a aplicar este límite agronómico, la doctora marcó que “cada comunidad tiene que poner sobre la mesa las ventajas y desventajas de tomar estas medidas” y recordó que “he visto que en algunos lugares han quedado como letra muerta ya que la fiscalización de su cumplimiento no se lleva a cabo. Además, he visto algunas experiencias exitosas en las que se promovieron cultivos agroecológicos con fuertes incentivos y capacitación para el desarrollo de los productores y las cadenas de comercialización, al mismo tiempo que se fortalecieron los sistemas de gestión de envases de los plaguicidas, y las certificaciones de calidad y de buenas prácticas”.
A modo de cierre, hizo referencia a las autoridades políticas y el compromiso de las mismas en estos temas: “necesitamos que las autoridades políticas se involucren en estos temas, porque de ellos depende que haya mejores controles, más seguridad, y la gente pueda confiar en que cada sector hace lo mejor para el bien de todos. La preocupación desmedida de algunos sectores de la población respecto de las consecuencias negativas del uso de los plaguicidas, yo la veo muy asociado a la desconfianza que hay en la gestión pública que tiene que garantizar los controles y la fiscalización. Si la respuesta a eso es la prohibición, estamos reconociendo que hacen bien en desconfiar, porque no somos capaces de controlar y entonces prohibimos. Hay formas de hacer las cosas bien, sin necesidad de prohibir el uso de plaguicidas. En la provincia de Buenos Aires se trabajó durante muchos años en una resolución para establecer franjas de exclusión o de amortiguamiento y entiendo que se logró un buen producto que no establecía límites arbitrarios sino en función de las características de cada ejido municipal, y con una fuerte inversión pública en capacitación de los productores, de los inspectores, de los profesionales, la implementación de la receta agronómica, y en ganar la confianza y la participación de la comunidad toda en mejorar la seguridad en el uso de los productos”, culminó.

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