Marcelo Algarbe CalamanteVivimos en una era de escasez artificial. En un mundo más rico que nunca, aproximadamente una décima parte de la población mundial aún vive en la miseria extrema. Millones de personas no pueden permitirse suficiente comida, una vivienda digna ni atención médica básica, mientras que una pequeña minoría acumula una riqueza y un poder sin precedentes. Al mismo tiempo, las sequías, los megaincendios, las inundaciones y las olas de calor nos recuerdan que nuestras economías están llevando al planeta más allá de sus límites.
Estas no son crisis aisladas. Son síntomas de un modelo económico que ha llegado a su fin. La pobreza y la desigualdad no son casualidad; son consecuencias previsibles de las decisiones políticas: cómo diseñamos los sistemas tributarios, regulamos los mercados laborales, valoramos la atención, estructuramos los servicios públicos y decidimos qué necesidades y qué voces importan. Fundamentalmente, si los gobiernos pueden crear pobreza, también pueden desmantelarla.
Durante décadas, la fórmula fue sencilla: hacer crecer la economía y la pobreza desaparecería gradualmente. Pero la promesa de que el crecimiento económico beneficiaría a todos no se ha cumplido. Mientras los ingresos nacionales aumentaban, los salarios se estancaban, el trabajo se volvía más precario y se recortaban los servicios públicos. En la cima, las fortunas se disparaban; en la base, las familias recurrían a los bancos de alimentos. El crecimiento se ha desvinculado de la prosperidad compartida.
Además, se ha vuelto ecológicamente insostenible. Nos acercamos peligrosamente a un «invernadero», donde el aumento de las emisiones y la pérdida de biodiversidad desestabilizan las condiciones que sustentan la vida humana. Alrededor del 92 % del exceso de emisiones globales de carbono se atribuye al hemisferio norte, y el 10 % más rico de la población es responsable de casi la mitad de las emisiones globales, mientras que las personas en situación de pobreza son las primeras en sufrir las malas cosechas y el aumento de los precios de los alimentos. Un modelo económico que depende de una expansión ilimitada en un planeta finito no solo es injusto, sino también peligroso.
Muchos países de bajos ingresos aún necesitan crecimiento para construir carreteras, hospitales, escuelas, energías renovables y empleos dignos. Pero la vía dominante hacia el crecimiento —basada en la extracción de recursos, mano de obra barata y dócil, dependencia de las exportaciones y creciente endeudamiento— ha aumentado la desigualdad y degradado el medio ambiente. La verdadera cuestión hoy no es si el crecimiento continúa, sino qué tipo de economías estamos construyendo, a quiénes benefician y si permiten que todos vivan con dignidad dentro de los límites planetarios.
Por eso nos hemos unido para desarrollar y respaldar la «hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento». Esta hoja de ruta ofrece diversas alternativas para superar el enfoque restrictivo de «crecimiento, impuestos y transferencias» que ha condicionado las políticas durante décadas. No se trata de un plan elaborado por un puñado de expertos. Es todo lo contrario: durante más de 18 meses, más de 400 personas —organismos de la ONU, gobiernos nacionales, expertos académicos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, actores de la economía social y solidaria y movimientos de base, tanto del norte como del sur global— trabajaron para responder a una pregunta sencilla: ¿cómo podemos acabar con la pobreza y reducir las desigualdades sin considerar el crecimiento del PIB como la condición principal para el progreso?
No coincidimos en todos los detalles de las políticas. Sin embargo, nos une la convicción de que nuestras economías deben rediseñarse en torno al cumplimiento de los derechos y el bienestar colectivo dentro de los límites planetarios, en lugar de maximizar la producción a cualquier precio. Los derechos humanos no son aquí una cuestión secundaria; son el principio rector de cómo medimos el progreso, establecemos prioridades y resolvemos las disyuntivas. La protección social y los servicios públicos son esenciales, pero no pueden compensar indefinidamente unas economías que, por su propia naturaleza, generan salarios de miseria, empleos precarios y viviendas inaccesibles.
Necesitamos cambiar las reglas desde la raíz. Esto significa, por ejemplo, trabajo decente y garantías de empleo, salarios dignos y una remuneración justa, sindicatos más fuertes y democracia en el lugar de trabajo, lucha contra la discriminación y valoración del trabajo de cuidados, remunerado y no remunerado, del que dependen nuestras sociedades. Significa invertir en la infancia, la vivienda, la salud, la educación y el transporte mediante la provisión pública universal. Significa el control público de los activos estratégicos, la orientación crediticia para dirigir la inversión hacia prioridades sociales y ecológicas, y el apoyo al desarrollo de la economía social y solidaria.
Implementar esta visión implica cambiar las reglas de la economía global. Hoy, los gobiernos del Sur global son criticados por no hacer lo suficiente para combatir la pobreza, mientras se ven presionados por sanciones unilaterales, acuerdos comerciales restrictivos, desigualdades en el intercambio y cargas de deuda arraigadas en siglos de despojo colonial. Alrededor de 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en el servicio de la deuda que en salud o educación.
Mientras tanto, las cadenas de suministro globales permiten una vasta transferencia neta de mano de obra y recursos del sur al norte. La solidaridad internacional es, por lo tanto, una obligación legal y moral arraigada en la realidad histórica de que muchos países ricos construyeron su riqueza empobreciendo al sur, mediante patrones de extracción que persisten hoy bajo nuevas formas. Una transición justa más allá del crecimiento debe incluir la justicia de la deuda, una mayor cooperación Sur-Sur, financiamiento climático reparador y apoyo a pisos de protección social universales, basados en los principios de no dominación y autodeterminación para que los países puedan forjar su propio futuro económico soberano.
Igualmente crucial es quién decide dar forma a esta transición. Con demasiada frecuencia, las políticas que afectan a las personas en situación de pobreza se diseñan sin su participación, y a veces en su contra. Cuando los sistemas de bienestar se construyen sobre la sospecha, las sanciones y las condiciones humillantes, profundizan el estigma y disuaden a las personas de reclamar sus derechos. Quienes viven en la pobreza saben mejor que nadie cómo pueden fallar los sistemas en la práctica. Su experiencia debe guiar el diseño, la implementación y el seguimiento de las estrategias contra la pobreza, desde los consejos locales hasta los parlamentos y los foros internacionales.
No partimos de cero. En todo el mundo, las luchas indígenas, la organización feminista, los sindicatos y los movimientos por la justicia climática defienden y construyen futuros alternativos basados en el cuidado colectivo y los derechos territoriales. Nuevas coaliciones de Estados impulsan nuevas visiones de gobernanza económica global, y los gobiernos experimentan con estrategias de lucha contra la pobreza basadas en los derechos, asambleas ciudadanas y la creación de riqueza comunitaria. La ONU y numerosos socios exploran indicadores que van más allá del PIB y nuevas instituciones, como un panel internacional sobre desigualdad, para contribuir a esta transformación. The Guardin.
