El gremio lácteo anunció "medidas inminentes y sorpresivas" con "cese de actividades" en toda la industria a nivel nacional ante nuevos "incumplimientos" de SanCor.
Regiónales13 de julio de 2024
Marcelo Calamante
En el marco del ya eterno conflicto que mantiene con SanCor CUL de Sunchales, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) anunció un nuevo plan de lucha que contempla la realización de paros sorpresivos a nivel en la industria lechera. Tras haber recibido promesas de pago luego “incumplidas” y de realizar reclamos en el frente judicial, el sindicato lácteo buscará frenar la actividad en todas las fábricas del país para forzar a la empresa a cancelar su deuda.
El Consejo Directivo Nacional de la organización gremial, que preside Héctor Ponce, adelantó que las medidas de fuerza “habrá de iniciarse de manera inminente y sorpresiva con un cese de actividades dentro de todo el arco de la industria lechera de nuestro país” y que la modalidad de las mismas serán comunicadas en su oportuno momento.
"Pese a las múltiples denuncias realizadas y promesas de pago incumplidas -que incluyeron la oferta firmada por sus autoridades y aceptada por las y los trabajadores-, SanCor CUL continúa adeudando salarios y cuotas sindicales, de obra social, mutual y fiscales de sus trabajadoras y trabajadores, que retiene indebida e ilegalmente agrandando la deuda mes a mes de manera exponencial y constante", sostiene el comunicado de ATILRA.
A su vez, el sindicato recordó que la patronal “se niega a suministrar ocupación efectiva al personal que se encuentra a disposición, habiendo sustraído el flujo de caja diario colocándolo fuera de la órbita de la empresa”, maniobra que los delegados gremiales denunciaron por “tener como pantalla la forma de un fideicomiso de administración financiera”, señalaron.
"Como todos bien saben, las medidas de acción sindical son una forma de reclamo directo habilitada por ley, y que no está en l@s trabajador@s encontrar soluciones a la empresa, sino que es una obligación de quienes la conducen. El trabajador y la trabajadora solo reclaman lo que les pertenece", fundamenta el documento.
El pasado 28 de junio, representantes de SanCor y de ATILRA participaron de una audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo de la Nación en la que buscaron al menos apaciguar el conflicto. Dos semanas después, nuevamente se tensa la cuerda.
A fines de noviembre de 2023 se cayó el fideicomiso que había propuesto un grupo de empresarios -Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond y José Urtubey, hermano del ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey- y que implicaba una inyección de U$S 60 millones que en gran medida provenían de un crédito bancario. A partir de ese momento, los directivos de SanCor comenzaron la búsqueda de alternativas de financiamiento para oxigenar las cuentas -tiene una deuda que ronda los U$S 380 millones- y hacer frente al millonario pasivo, en especial con los trabajadores, fuente de un conflicto que amenaza su producción. Asimismo, también explora opciones comerciales respecto a sus distintas marcas para hacer atraer a inversores.
En octubre del año pasado, las seis plantas productivas que posee SanCor fueron paralizadas por una acción gremial de ATILRA, una medida que se extendió por algo más de dos meses y que concluyó tras una resolución del Ministerio de Trabajo en diciembre. Desde ese momento se retomaron las actividades en sus plantas a excepción de la de Sunchales, afectada por el bloqueo gremial.
En sus tiempos de esplendor, SanCor llegó a procesar más de 3 millones de litros de leche por día y contaba con 14 plantas industriales. Tras caer en una profunda crisis, cuenta con cinco establecimientos fabriles en Sunchales, Gálvez, La Carlota, Balnearia y Devoto donde procesa menos de 500 mil litros de leche diarios.
Esta semana, al menos SanCor Cooperativas Unidasd Limitadas logró evitar el remate de casi 700 mil kilos de queso que habían sido puestos como garantía de un crédito solicitado ante IIG Structured Trade Finance Fund Ltd, que ante la falta de pago había conseguido el aval judicial para proceder a la subasta. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo -del que no se conocen mayores detalles- que frenaron el remate. Noticia publicada originalmente en Diario La Opinión.-
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