Este martes hubo una Audiencia dentro la causa por el Asesinato de Gonzalo Riatto en Lehmann, ocurrido en julio pasado. El motivo de la misma fue la apelación de la prisión preventiva solicitada por la Dra. Georgina Alassia. La misma presentó un recurso impugnando la resolución del Juez de Instrucción Penal Preparatoria.

Como primer argumento Alassia expresó que existe un riesgo probatorio que no ha sido debidamente fundamentado. Agregó que podrían haberse considerado medidas menos restrictivas, como la propuesta de designar un domicilio en una localidad diferente a la de los familiares de la víctima y los testigos.

A continuación la defensa abordó el arraigo del imputado remarcando sus vínculos familiares y señalando la presencia de su hija y su hermana en la sala de audiencias. También cuestionó el hecho de que el Juez se basara en la posibilidad de que el acusado enfrentase una pena que lo motive a huir.

Como tercer punto la abogada defensora propuso alternativas como fijar un domicilio en otra localidad, la prohibición de acercarse a testigos y víctimas, y la obligación de acercarse a firmar en la Oficina de Gestión Judicial como prueba de adhesión a las medidas alternativas.

En base a todo lo anterior la defensa solicitó la liberación del imputado. Consideró la letrada que las medidas mencionadas eran suficientes para garantizar el proceso.

El representante del Ministerio Público de la Acusación, Martín Castellano, se opuso a lo solicitado y pidió mantener la resolución del Juez de primera instancia que determina prisión preventiva sin plazo alguno para el imputado.

Castellano hizo mención a que la Dra. Alassia no puso en duda la materialidad de los hechos ni la acreditación de los cargos imputados, incluido el Homicidio doloso simple. Asimismo, enfatizó que los riesgos procesales, establecidos previamente justificaban la resolución de la prisión preventiva.

Castellano fue enfático en asegurar que existe un peligro real de fuga debido a la magnitud de la pena en expectativa. Volvió sobre algo que se había hablado en audiencias previas: el hecho de que el imputado al momento de los hechos carecía de una relación de dependencia laboral y no tenía arraigo suficiente ya que ambos padres habían fallecido.

Desde el MPA concluyeron que la libertad del imputado podría influir en los testigos con el riesgo de que se vean forzados a cambiar su testimonio. Eso, aclaró Castellano, podría frustrar la investigación. Así entonces fundamentó la necesidad a su criterio de mantener la prisión preventiva para garantizar la tranquilidad y el adecuado desarrollo del proceso judicial.

La familia de la víctima se constituyó como querellante y cuenta con el Dr. Carlos Farías Demaldé como abogado en la causa. El profesional expresó su acuerdo con los argumentos presentados por la Fiscalía en la audiencia y coincidió con lo vertido en la audiencia por parte del MPA.

La familia espera una condena a perpetua

En diálogo con Diario CASTELLANOS, la madre del joven asesinado, Verónica González, aseguró que no existía ningún conflicto previo entre su hijo y el imputado: "Conflicto con Gonzalo no había. Me decía que era un vecino raro que ponía música y se iba a dormir". Luego recordó a Gonzalo diciendo que era alguien que "se levantaba cantando y llegaba cantando. Entraba a mi casa sin llave, era un tipazo y no le importaba lo que hacia el vecino".

Verónica valoró la actitud del fiscal Martín Castellano, quien el día de la marcha que tuvo lugar en la localidad de Lehmann para reclamar por lo sucedido, el mismo se comunicó con ella para interiorizarla de cómo se iba a desandar el proceso judicial. En ese momento el Fiscal le consultó respecto a la carátula de la causa es un "Homicidio simple agravado", pero que a su entender "hay un montón de pruebas que indican que lo esperó y lo persiguió, que fue con premeditación e incluso con alevosía y solamente está caratulado así", por lo que indefectiblemente no están de acuerdo con esta fijación.

Según detalló a Diario CASTELLANOS, Verónica González, desde la familia se espera a que la carátula del juicio sea reemplazada por la de "Homicidio agravado, con alevosía y premeditación", ya que las penas para uno y otro no serían las mismas, ya que con la actual la condena podría ser de 8 a 15 años, mientras que en caso de que la misma pueda ser modificada los años ya se incrementan notoriamente pasando a una posible pena de 25 a 35 años o perpetua. "Queremos una condena perpetua, ya que este hombre actuó sin ningún tipo de razón o derecho" y que el crimen privó a él de ver crecer a sus hijos y familia, como así también a esos niños a crecer sin un padre, "corresponde que pague por todo el daño que nos hizo como familia".

Ahora el juez Matias Drivet es quien deberá resolver en los próximos días si mantiene o revoca la prisión preventiva del imputado en este caso.