Personal de Control Policial allanó este jueves la Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe por dos presos que cambiaban sus identidades para seguir delinquiendo y así burlar a la Justicia.
Se sospecha que personal policial podría estar involucrado en el modus operandi. El operativo se llevó a cabo en la sede del Gabinete de Identificaciones, perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal.
Los casos investigados refieren a dos delincuentes que utilizaron identidades falsas y que incluso fueron condenados bajo esos nombres apócrifos, para poder evadir el accionar de la Justicia posteriormente.
Uno de ellos era buscado desde noviembre de 2020 por un caso de abuso sexual cometido en la ciudad de Santa Fe, siendo la víctima una familiar menor de edad. El sujeto fue recapturado a principio de este año en Rosario y según la investigación de la Fiscalía, se sospecha que durante los últimos años usó al menos ocho identidades falsas.
El otro caso corresponde a uno de los detenidos por el golpe comando a la Subcomisaría de Arroyo Leyes, ocurrido en noviembre del año pasado. En la audiencia imputativa contra los integrantes de la banda, se supo que uno de ellos debía estar preso por una causa anterior.
Sin embargo, estaba en libertad condicional porque cuando firmó el juicio abreviado en su contra, utilizó un nombre falso que no tenía antecedentes penales.

Inquieto

Al "Orejón" Hernán Matías Sosa se lo notó inquieto en las dos audiencias -imputativa y de prisión preventiva- en la que se trató su participación como uno de los integrantes de la banda que tomó la Subcomisaría 20° de Arroyo Leyes. No quería ser asistido por la defensa pública y pedía con insistencia la presencia de su abogado particular.
La actitud del reo llamó la atención de quienes participaron el lunes de la audiencia de medidas cautelares, incluso llevó a la jueza Rosana Carrara a ir más allá en la explicación y decirle que se habían comunicado desde la Oficina de Gestión Judicial con su abogado, que éste se encuentra "de vacaciones" y que "tiene derecho al descanso". Y dado que la causa tiene múltiples imputados y defensas, la misma no podía ser postergada, ni reprogramada a la espera del profesional indicado.
La postura renuente y esquiva pudo comprenderse a la luz de la evidencia, cuando las fiscales Laura Urquiza y Rosana Peresín argumentaron en contra de Sosa y la maniobra que había llevado a cabo para conseguir una condena de ejecución condicional, apenas unos meses antes de su última detención.

¿Complicidad o engaño?

La Fiscalía sostuvo esta semana que Hernán Matías Sosa, de 36 años, oriundo de CABA y con domicilio en Santo Tomé, a quien sus consortes llaman el "Orejón", había cambiado su identidad en octubre de 2022 para evitar una condena de prisión efectiva y declaración de reincidencia.
La maniobra, detectada por el MPA, sumada a otro caso donde se presume el cambio de nombre de un recluso, dio lugar a una investigación, para evaluar el desempeño policial y si acaso fue producto del engaño o la complicidad de un sector de la fuerza.
A raíz de ello, este miércoles por la tarde la Agencia de Control Policial (ACP) llevó a cabo un procedimiento en las oficinas del Gabinete de Identificaciones que depende de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que está ubicado en Primera Junta 2851, al lado del Ministerio de Seguridad de la provincia.

Robo de identidad

Se trató de una intervención para "preservar y secuestrar evidencia en formato digital y soporte papel", que llevó a cabo la División de Investigaciones Judiciales y Administrativas de la Unidad Especial de Asuntos Internos, bajo las órdenes del fiscal Federico Grimberg.
Los primeros en hacerse eco de la medida fueron las autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que a última hora informó sobre "la supuesta falsa identidad de dos detenidos" para lo cual "la Fiscalía interviniente solicita que personal de la ACP procesa al resguardo de toda la información que sea de interés para la causa, que se encuentra bajo secreto de sumario".
Según lo expuesto por el Ministerio Público de la Acusación en Tribunales, en la investigación por el robo a la dependencia policial de Arroyo Leyes aparece un teléfono a nombre de un tal "Andrés Alberto Borda", el cual había sufrido un "robo de identidad".

Las escuchas

La línea había sido adquirida el 16 de agosto de 2022, dos meses antes de que el impostor usara los datos falsos para engañar a la Justicia. El 19 de octubre del mismo año Borda -es decir Sosa-, fue detenido junto a un cómplice por un hecho de amenazas calificadas y portación de arma de fuego por el cual firmó un abreviado que le permitió recuperar la libertad, atento a que Borda tenía el prontuario en blanco. Sin embargo, volvió a quedar detenido el 16 de diciembre, por un escruche cometido en 2021 en la localidad de Franck por el cual le dictaron la prisión preventiva. Estando Sosa preso, el teléfono a nombre de Borda se volvió a activar.
Tras las escuchas entre el 28 de diciembre de 2022 y los días previos a las detenciones de la semana pasada, la Fiscalía terminó por acreditar que la línea era utilizada por Sosa. Así lo demuestran las conversaciones con su pareja desde el penal, donde le cuenta que fue detenido con Sebastián C. en octubre y que tenía 1.5 millones de pesos que le permitieron "arreglar con la Policía para falsear la identidad".
También le confiesa que "siempre fue un delincuente" y que cuando está en la calle "vive de eso" y que "lo hizo toda la vida", reseñó la Fiscalía que finalmente pudo corroborar que quien fuera detenido realmente fue Sosa y no Borda.