Este martes 29 de noviembre, en la Fiscalía de Delitos Complejos de calle General López y Saavedra, el ex ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Saín, y parte de lo que era su equipo de trabajo serán imputados en el marco de la causa que investiga presuntos hechos de espionaje ilegal llevados a cabo desde esa cartera. La causa investiga a una asociación ilícita que se habría dedicado a cometer, desde el Ministerio de Seguridad, espionaje a personas y empresas sin el aval de una orden judicial. En este sentido, trascendió inicialmente que durante la gestión de Saín se "perfilaron" a por lo menos 661 personas y entidades públicas y privadas, aunque se sospecha que pudo haber más.
Además de Saín, serán imputados el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; el ex subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; la ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman; Diego Rodríguez (ex subsecretario de Control); Milagros Bernard; Agustina Moulins, y la ex jefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini. Por la causa fueron admitidos como querellantes el Estado provincial (por medio del fiscal de Estado, Ruber Weder), el diputado provincial Maximiliano Pullaro, el gremio UPCN, los abogados Evelin Andriozzi y Jorge Bedouret, y el empresario de medios de Rosario, Gustavo Scaglione. Este último, con la particularidad que su admisión como querella aún no se encuentra firme.

"Delincuencia organizada"

El fiscal Hernández precisó que las 11 personas que fueron identificadas hasta el momento serían parte de una "asociación ilícita" dedicada a cometer "defraudaciones al Estado" y además violar la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25.520) mediante la recopilación ilegal de información sobre personas y entidades, tanto públicas como privadas. "Estamos ante un caso de delincuencia organizada", dijo al respecto. Sin dar demasiados detalles, el funcionario judicial indicó que por el momento se detectaron la creación de 661 perfiles, aunque aclaró que posiblemente pueda haber más personas implicadas: tanto futuros imputados como así también nuevas víctimas.
Por esa razón sostuvo que restan peritar por lo menos 70 teléfonos celulares secuestrados en un procedimiento judicial y además recibir informes de organismos judiciales (Fiscalías federales y provinciales) que fueron consultados para determinar si de las 661 personas y entidades relevadas algunas fueron parte de una investigación penal. Hernández dijo también que por la investigación se detectaron "miles" de consultas realizadas a las bases "Sudamericadata" y "Nosis", las cuales recopilan información personal (principalmente económica) de personas, tanto físicas como jurídicas, por lo que deberán ser analizadas por los peritos del Organismo de Investigaciones, la fuerza a quien se le delegó la investigación.

A un año

La imputación se llevará a cabo pocos días después de cumplirse un año de los allanamientos a las sedes de Santa fe y Rosario del Ministerio de Seguridad. El 26 de noviembre de 2021 y por orden de dos fiscales de la ciudad de Santa Fe, se realizaron allanamientos en las sedes de la cartera de Seguridad de la Provincia. Signados por un total hermetismo, los operativos se dieron en el marco de dos causas que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En el operativo -ejecutado por el Organismo de Investigaciones- se secuestraron teléfonos celulares de funcionarios. Las oficinas allanadas fueron la del secretario de Seguridad, Germán Montenegro, del secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas y del subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez. Según la investigación, los perfiles se confeccionaron mediante consultas de bases de datos públicas y otras privadas, como por ejemplo "Nosis" y "Sudamericadata" o registros de organismos como "Migraciones" o "Registros de la Propiedad del Automotor". Sobre la causa de espionaje, en el mes de agosto de 2021 la comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura recibió a la auditora general de gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, quien reveló el contenido de un informe que reflejaba actos de espionaje ilegal y escuchas telefónicas no autorizadas realizadas por el Organismo de Investigaciones del MPA mientras Marcelo Saín era ministro de Seguridad. El informe consta de la transcripción de escuchas telefónicas irregulares a empresarios y jueces, realizadas por el Organismo de Investigaciones y reportadas directamente al entonces ministro Saín.