Un hombre de 26 años y una mujer de 23 quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por ilícitos cometidos en perjuicio de los arrendadores de un campo de 101 hectáreas ubicado en Moisés Ville (departamento San Cristóbal). Las medidas cautelares fueron impuestas por el juez Juan Gabriel Peralta a raíz del pedido formulado por la fiscal a cargo de la investigación, Hemilce Fissore, en una audiencia llevada a cabo de forma remota en los tribunales sancristobalenses.
La representante del MPA aclaró que «la particularidad que tienen los hechos, es que la mujer imputada es la propietaria -junto con su hermana- del predio rural que arriendan las víctimas y en el que se produjeron los ilícitos». Fissore también informó que «la prisión preventiva impuesta al hombre investigado -cuyas iniciales son AGN- es por 90 días, mientras que la mujer -cuyas iniciales son YMU- cumplirá la medida cautelar de forma domiciliaria a raíz de que tiene a su cargo un hijo menor de edad».

Contrato
«Los ilícitos que investigamos surgieron a partir de diferencias contractuales por un arrendamiento rural acordado hace 11 años entre las dos víctimas -que son productores agropecuarios- y la imputada, que es una de las propietarias del predio», explicó la fiscal. «La mujer investigada -junto con su pareja- resolvió dar por terminado el contrato, romper el candado, usurpar la casa que hay en el lugar, quemar 200 fardos de alfalfa e impedirle a los productores continuar con su trabajo», agregó.
Fissore se refirió a las calificaciones penales atribuidas y detalló que «antes de debatir las cautelares les atribuimos al hombre y a la mujer (que son pareja) la autoría de los delitos de estrago rural; defraudación por retención indebida y usurpación por despojo. De los tres delitos, entendemos que el de mayor gravedad -por la pena en expectativa que tiene- es el de estrago rural, a partir del incendio doloso que provocaron los imputados de 200 rollos de alfalfa que eran propiedad de las víctimas», sostuvo la fiscal. Fissore aclaró que «el ilícito fue cometido entre las 9 y las 15 del viernes 31 de diciembre pasado».
La fiscal del MPA advirtió que, «en realidad, el accionar ilícito de la pareja comenzó una semana antes del incendio». Relató que «en horas de la tarde del viernes 24 de diciembre, mediante violencia y amenazas, despojaron a las víctimas del uso y goce del predio rural arrendado». En tal sentido, especificó que «con pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos, invadieron el campo, se quedaron en él y expulsaron a los legítimos poseedores».
Por último, la fiscal se refirió al delito de defraudación por retención indebida y subrayó que «desde el 24 de diciembre y hasta el martes de la semana pasada, mientras estuvieron ilegítimamente en el campo, los imputados retuvieron indebidamente máquinas rurales y elementos de propiedad de las víctimas».