Desde las 9 .30 se lleva a cabo un encuentro de autoconvocados en el cruce de las rutas 9 y 178. Hay presencia rafaelina en el encuentro, que busca lograr una instancia en la que los productores le puedan transmitir a la Mesa de Enlace sus inquietudes y problemáticas.
Agro 08/01/2022
Redacción web
En la mañana de hoy, productores autoconvocados y entidades rurales se reunieron en la primera asamblea del año, en el cruce de las rutas 9 y 178, en la localidad santafesina de Armstrong, luego de que se pusiera en marcha esta semana el nuevo esquema de exportación de carne vacuna, que regirá por dos años, algo que provocó el enojo del sector. Si bien facilita la exportación de carne de vaca sin cupos a China, prohíbe hasta el 31 de diciembre comercializar siete cortes parrilleros muy demandados en el mercado interno.
El encuentro se dio en medio del creciente malestar de los productores con el Gobierno, entre otros puntos por la profundización de la intervención sobre los mercados agrícolas y lo que ocurrió en 2021 con la carne vacuna. Es por ello que la idea de la asamblea es analizar la manera de proceder para hacer llegar a los funcionarios nacionales el descontento.
Los participantes de la asamblea van tuvieron el micrófono para poder tener un ida y vuelta con los representantes de las entidades. Además de la Mesa de Enlace nacional, también se adhirió al encuentro las Mesas de Enlace provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, dodne también hubo dirigentes de la SRR.
“La necesidad del productor es muy notoria, viene pasando un momento muy complicado en lo económico y ahora en lo climático. Por eso necesita expresarle a nuestros representantes, que son quienes tienen la voz para llevar nuestros reclamos ante el Gobierno”, había explicado Iván Castellaro, uno de los organizadores de la convocatoria, antes del evento.
Originariamente, el encuentro se iba a realizar en Cañada de Gómez, pero ante las restricciones impuestas en una normativa municipal, decidieron trasladarlo a Armstrong, donde fuera el epicentro en 2008 durante las protestas del sector agropecuario en contra de las medidas del gobierno nacional.
Los organizadores de la asamblea difundieron en redes sociales un flayer en el que invitaban a los productores de alimentos a “defender nuestros derechos y nuestra actividad”. Varios de ellos estuvieron detrás del multitudinario acto que se hizo el 9 de Julio pasado en San Nicolás. Vale recordar que en esa oportunidad hubo más de 60.000 personas que se hicieron presentes.
Apenas iniciada la Asamblea, Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se acaba de retirar del Consejo Agroindustrial Argentino, un foro cercano al gobierno, dijo a los productores que como titular de su entidad y miembro de la Mesa de Enlace (que también integran Federación Agraria y los cooperativistas de Coninagro) había llegado a escuchar a los autoconvocados. “Nos nutrimos de todos los comentarios y diferencias que puedan plantear”, señaló.
Luego, ante la pregunta de un productor sobre la posición respecto de las retenciones, Pino dijo que la ley de emergencia y solidaridad sancionada a fines de 2019, a poco de asumir la presidencia Alberto Fernández, “cayó el 31 de diciembre” pasado.
“Estamos en condiciones de afirmar y exhortar al presidente de la Nación para que el lunes instruya al ministro de Economía, Martín Guzmán, a que la retención es cero, para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo; vamos a ir en ese camino”, dijo Pino. Y pidió también que el Gobierno convoque al nuevo Congreso a discutir el tema impositivo, incluidas las retenciones, en el ámbito que constitucionalmente corresponde.
En un comunicado, la SRA reafirmó que “las retenciones son inconstitucionales” y expresó “profunda preocupación por la grave situación institucional que atraviesa hoy el país”. Otro pasaje del texto explica que “desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el estado debería dejar de cobrarlos”.
Según la SRA, “el impuesto ya no tiene sustento legal”, pues venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente la reglamentación de los derechos de exportación.
“La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año. Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, solo pueden ser exigidas por ley del Congreso”, abunda el comunicado de la SRA,.
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