Considerando que las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para los departamentos, partidos y aglomerados que se encuentren en situación de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” o de “Alarma Epidemiológica y Sanitaria” finalizan el 30 de mayo (aunque volverán a implementarse el fin de semana del 5 y 6 de junio), resulta necesario que las autoridades provinciales brinden claridad respecto al formato de trabajo que podrán adoptar las diferentes actividades a partir de esa fecha. 

Resulta que el último decreto provincial que estableció las medidas para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, previo a las restricciones nacionales, tiene vigencia hasta el 31 de mayo. La preocupación radica en que, frente a un escenario sanitario incierto, se defina un esquema de mayores restricciones que siga perjudicando a la actividad económica.

Si bien autoridades provinciales han adelantado que Santa Fe regresaría a la modalidad de convivencia establecida el miércoles 19 de mayo (a través del mencionado decreto 647/2021), el marco de imprevisibilidad que ha caracterizado a las anteriores definiciones aumenta el nivel de incertidumbre y genera gran preocupación. Al respecto, entendemos que deben instrumentarse los mecanismos necesarios para garantizar el mayor nivel de actividad de los diferentes sectores, muchos de los cuales atraviesan crisis terminales. Estamos convencidos de que, con la correcta implementación de los protocolos de prevención, un efectivo control de parte de las autoridades, mayor cantidad de testeos y la aceleración del plan de vacunación, será factible tender hacia un esquema de convivencia equilibrada.

Asimismo, y mientras persistan restricciones que afecten los niveles de actividad de cualquier sector, consideramos que resultará clave continuar disponiendo de la mayor cantidad posible de herramientas y programas que mitiguen el profundo impacto económico que padecen miles de micro, pequeñas y medianas empresas.