El Gobierno tiene poco margen fiscal para afrontar más semanas de cierre de actividades

La prolongación de las restricciones por la segunda ola de coronavirus que se definirá en las próximas horas tiene entre sus principales limitaciones el margen fiscal que tiene el Gobierno para afrontar más semanas de cierre de actividades a sectores que ya vienen deprimidos por la cuarentena de 2020.
Es que Argentina ingresó a la pandemia con el arrastre de un déficit fiscal de hace décadas que el año pasado llegó a totalizar, en el resultado primario, 6,5% del PBI, y casi todo financiado con emisión monetaria del Banco Central (BCRA). Con un rojo previsto de 4,5% para este año sin gasto Covid proyectado, el margen parece estrecho.
Una de las principales complicaciones pasa por el lado de los gastos, dado que no había partidas previstas en asistencia por el Covid, luego de que el año pasado las erogaciones superaron los $ 900.000 millones. Sin Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) el espacio para asistir a los hogares y empresas perjudicados con el cierre es mucho menor que el año pasado.
Por lo pronto, en los primeros cuatro meses el Gobierno dispuso ampliaciones presupuestarias y destinó casi $ 84.000 millones por gasto Covid de los $ 165.000 millones autorizados actualmente, cuando solamente en abril de 2020 había volcado $ 230.000 millones, el primer mes totalmente alcanzado por la cuarentena.
Los últimos anuncios del Gobierno tienden a incrementar el gasto Covid, como el bono de $ 15.000 a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y monotributistas A y B, un bono para empleados sanitarios en tres cuotas mensuales de $ 6500, la ampliación del Repro II -que se repetirá en junio- y la extensión de la Tarjeta Alimentar. Según estimaciones de LCG, el gasto total de la asistencia anunciada alcanza los $ 170.000 millones.
Naturalmente, el Poder Ejecutivo podrá reacomodar partidas para ampliar el gasto autorizado, pero los analistas coinciden en que el espacio disponible no llega a totalizar la mitad de lo volcado el año pasado.
Por el lado de los ingresos, los expertos señalan que el mayor impacto de una extensión de las restricciones vendría por el lado de la recaudación, cuyos componentes más sensibles a la actividad económica se verán mermados a medida que se prolonguen las prohibiciones. El año pasado, el impacto fue de casi $ 650.000 millones, contrastando el dato oficial con las previsiones de fines de 2019 de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC).
De hecho, aunque la recaudación de abril creció 105% en la comparación interanual, todavía el componente impositivo del IVA, el más caudaloso y el más ligado al consumo interno, siguió por debajo del nivel prepandemia: subió 30 puntos menos que la inflación respecto a abril de 2019 y alcanzó un deterioro real de 13,6%, que podría aumentar ante el refuerzo de los cierres.
Dada la incertidumbre sobre la evolución de la segunda ola, todavía no hay previsiones de cuánto recortará la recaudación. Pero en este plano el Gobierno cuenta con dos fuentes de ingresos que no estaban presupuestadas: el impuesto a la riqueza y la suba del precio de las commodities como la soja vía derechos de exportación.
Estos dos canales de recaudación proveerían al Fisco de cerca de $ 400.000 millones: unos $ 220.000 millones por parte del impuesto a la riqueza, según AFIP, y casi $ 180.000 adicionales por retenciones, estima Ecolatina.
Además de la recaudación tributaria, otra fuente de ingresos a la que apuesta a robustecer el equipo económico es el financiamiento con deuda local, aunque todavía lejos está de poder cubrir partidas no presupuestadas al continuar por debajo de las metas implícitas en el Presupuesto.