Redacción
El defensor santafesino destacó la postura institucional respecto de que la EPE "debe continuar indiscutiblemente como una empresa del Estado provincial, en virtud de prestar un servicio público esencial para todos los santafesinos, con un rol estratégico para el desarrollo de nuestra Provincia". Y expresó el apoyo a "los derechos de los trabajadores de la empresa".
Respecto a las tarifas, Lamberto pidió que se informe "cuál es el impacto que tuvo en el año 2020" el precio de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y "cuál es el impacto en los costos de la empresa que se estima tendrá en el corriente año". En ese sentido, recordó que en 2013 ese aspecto representaba el 30 por ciento y en 2017 saltó al 49 por ciento, es decir con un incremento del 63 por ciento en la participación.
"Sabemos que el precio mayorista se traslada al usuario y tiene un alto impacto en la factura que pagan los mismos. Por esto, insistimos en un pedido que se realizó anteriormente consistente en detallar en la factura cuánto corresponde al valor de compra de la energía a los fines de entender cualquier modificación del precio y en la lectura que hace el usuario de la misma", reafirmó.
El defensor santafesino explicó que la variación promedio que solicita EPE es del 42,8 por ciento: 40,1% residencial; 49,7% comercial; 43,4% industrial y 41,8% para instituciones. "En consonancia a lo expresado por los defensores del Pueblo en la reciente audiencia pública realizada para tratar el aumento tarifario en el área metropolitana de Buenos Aires, no compartimos el aumento en los términos solicitados", evaluó al recordar las restricciones sanitarias, que provocan caída de la actividad, y los incrementos de sueldos que han estado por debajo de la inflación.
"La realidad no lo admite. De hacerse lugar al pedido, aumentarán los usuarios que no pagan, las pérdidas por evasión y se debe entender que estamos en pandemia donde priman medidas excepcionales, de carácter restrictivas para la actividad económica que afecta la capacidad de pago de los usuarios", añadió.
En este contexto, pidió que se valore como alternativa "incrementar las acciones tendientes a disminuir las pérdidas técnicas y las no reconocidas, según el informe las mismas están en el orden del 16%". También pidió estudiar "la implementación de la medición mensual para los usuarios residenciales y el aumento de las franjas de consumos elevando el piso que hoy está en 75 kilovatios/mes, analizando el impacto que tendría en los costos y alternativas de financiamiento".
Asimismo, requirió que, dada la situación económica, social y sanitaria, "se prohíba el corte de suministro eléctrico para usuarios residenciales que se vean imposibilitadas de afrontar el pago de sus facturas y expresen voluntad de hacerlo". Y, respecto de sectores de la economía afectados por el aislamiento o distanciamiento social, solicitó que "se continúe con las medidas de contención implementadas".
Con relación al financiamiento de las obras de la empresa, Lamberto hizo hincapié en que la EPE manifiesta no contar con "acceso al crédito". Ello hace que todo el desarrollo de la actividad se financie con los ingresos de corto plazo provenientes del VAD, que es el único ingreso por venta de energía destinado a cubrir los costos operativos y las inversiones necesarias para el sostenimiento del servicio y desarrollo del sistema. En este punto, la Defensoría coincidió con la empresa y reiteró la propuesta de gestionar "financiamiento externo para concretar obras y que de ese modo no se afecte la tarifa final que abonan los usuarios de la EPE".
Finalmente, el defensor del Pueblo insistió en que "sería importante que el acceso a la tarifa social provincial tenga requisitos semejantes al de la tarifa social federal, determinándose beneficios tanto en su valor de generación como así también de distribución". En ese sentido, consideró que "lo solicitado tiende a que aquellos que son beneficiarios de la tarifa social federal se le apliquen los beneficios de algunas de las 2 tarifas sociales provinciales". Según datos del 2018 Santa Fe cuenta con aproximadamente 350.000 usuarios con tarifas subsidiadas, de las cuales 96.000 son beneficiarios de la tarifa social provincial, 35.000 de la tarifa provincial para jubilados y 219.000 de la tarifa social nacional.
