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El Gobierno, ahora más duro con beneficiarios de planes sociales: ya aplica quitas del 50% a incumplidores

Las medidas apuntan a reordenar el programa Potenciar Trabajo que hoy alcanza a 870.000 personas y actualizar la base de datos oficial

Nacionales 14/04/2021 Redacción web Redacción web
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En medio de la discusión sobre la posibilidad de instrumentar un nuevo IFE y los crecientes reclamos para ampliar la ayuda social ante la explosión de contagios, el Ministerio de Desarrollo avanza en un reordenamiento del plan Potenciar Trabajo, con un mayor control del ausentismo y un nuevo procedimiento en paralelo para que los 870.000 beneficiarios actualicen sus datos hasta el 10 de mayo o, de lo contrario, sufrirán rebajas del 50% y la posterior pérdida del beneficio, hoy de $10.800.
El objetivo de la nueva medida es determinar quiénes están cumpliendo su contraprestación, ya que el programa prevé el pago de la mitad del salario mínimo a cambio de hacer capacitaciones, concluir los estudios o trabajar 4 horas por día (20 horas semanales). En ese marco, gobernaciones, municipios, movimientos y organizaciones religiosas y los propios titulares empezaron a recibir en los últimos días la notificación para iniciar el relevamiento previsto para entre el 10 de abril y el 10 de mayo.
La resolución oficializada este martes prevé un "descuento del 50%" por no actualizar datos en el plazo previsto, la posterior suspensión del subsidio por seis meses y, pasado ese período, la baja del programa con el cierre de su cuenta en el Banco Nación. Para revertir la suspensión, recién se podrá solicitar la actualización con causa justificada después del 10 de mayo. "Esto te permite saber quién está activo, si la gente no actualiza datos, el primer mes se le descuenta 50%", explicaron desde el área a cargo de Daniel Arroyo.
Cuando Arroyo asumió su cargo, había 560.000 beneficiarios en los planes de ANSES Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios, quienes percibían un salario social complementario, igual a la mitad del salario mínimo. Luego, el funcionario decidió en marzo de 2020 unificar dichas iniciativas bajo el paraguas de Potenciar Trabajo y ampliar su alcance con 300.000 incorporaciones para facilitar la inclusión laboral de los mayores de 18 en riesgo o en estado de vulnerabilidad social.
El plan inicial incluía una revisión del padrón heredado de la gestión anterior, que se postergó por la pandemia y la posterior eliminación del IFE de $10.000. A pedido de las organizaciones aliadas, en julio se creó el Registro de la Economía Popular (Renatep) para facilitar el acceso de ese sector al monotributo social y créditos para maquinaria. Pero en marzo pasado se retomó la revisión del programa y se aplicaron por primera vez descuentos del 50% a 24.000 beneficiarios de Potenciar Trabajo por no asistir a sus tareas.

Mayores controles

Desde su inicio, el programa contempla una quita del 50% por inasistencia frecuente o incumplimiento de tareas durante un mes, la suspensión del programa si la situación irregular se extiende por tres meses, y la baja definitiva después de seis meses. Las autoridades evitaron recurrir a este tipo de medidas el año pasado, con 9 millones de personas inscriptas en el IFE, 13% de desempleo y 47% de pobreza en el peor momento. Pero en las últimas semanas comenzaron a incrementar los controles.
En algunos municipios bonaerenses ya empezaron con el reempadronamiento y aseguran que el beneficiario sin tareas será asignado a alguna actividad de acuerdo a su profesión o sus capacidades, ya que el objetivo "no es darle de baja a nadie". En Berazategui, por caso, los integrantes del programa trabajan en reparación de viviendas, carpintería, herrería, albañilería, forestación, bloqueras o limpieza de avenidas. En Mendoza, en tanto, el intendente de Malargue dispuso días atrás que quienes tengan un plan social trabajarán en tareas de limpieza.
En los movimientos, en tanto, creen que "si la gente no se anotó en ninguna unidad, lo más probable es que le den de baja" y están atentos a ver qué ocurre con los beneficiarios en sus organizaciones. Una veintena de ellas copó la semana pasada la Avenida 9 de Julio para exigir la apertura del Potenciar Trabajo en rechazo al cierre de inscripciones, un aumento salarial de emergencia y el fin de recortes en las partidas de alimentos. La fuerte movilización contó con la participción del Polo Obrero, Barrios de Pie, MST, MTR, FOL y el Bloque Piquetero, entre otros.
En vistas del recrudecimiento de las protestas, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, invitó a participar del Consejo del Salario a algunos de los dirigentes que se habían manifestado previamente frente a la cartera laboral. El organismo tripartito se reunirá el 27 de abril para definir el salario mínimo, hoy de $21.600, cuyo aumento impactará en el monto que cobran los titulares de Potenciar Trabajo. La idea del gobierno es llevar el mínimo a $28.000 en tres tramos, pero las agrupaciones opositoras piden una suba cercana a la canasta familiar de pobreza, hoy de $58.000.

Reempadronamiento

El Ministerio de Desarrollo Social reglamentó este martes el trámite "personal y obligatorio" para que los integrantes del programa ingresen datos personales, de contacto y de estudios "a efectos de contar con información actualizada que permita un mayor conocimiento de los y las titulares y promover su vinculación con proyectos socio productivos, socio comunitario y socio laboral", según la resolución 419.
Además de datos de domicilio, género, teléfono, mail y estudios alcanzados, cada beneficiario deberá confirmar la unidad de gestión o certificación a la que se encuentra vinculado, elegir una nueva o bien no elegir ninguna, por lo que en ese caso las autoridades lo vincularán de oficio a algún organismo gubernamental en función del domicilio. Una vez cumplidos esos requisitos, continuarán percibiendo el salario social complementario y deberán realizar algunas de las tareas previstas por el programa.
Dentro de esas posibilidades, los beneficiarios pueden integrarse a un grupo de trabajo en tareas de cuidados y servicios comunitarios, reciclado yservicios ambientales, construcción, infraestructura social y mejoramiento barrial y habitacional, agricultura familiar y producción de alimentos, producción de indumentaria y otras manufacturas, y comercio popular; o también pueden completar estudios (primara, secundaria u otras ofertas).

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