La Justicia ordena al Gobierno aplicar ya la Ley de Emergencia en Discapacidad y anula el decreto que la frenaba

 La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El fallo declara la “invalidez” del decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la aplicación de la ley hasta tanto el Congreso no determinara el origen de los fondos para ponerla en práctica.

Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad

      El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, resolvió hacer lugar a un amparo colectivo y declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025 –publicado el 22 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial – con el que el Ejecutivo había promulgado la norma pero la había dejado en suspenso.

La demanda, presentada por los padres de dos niños con discapacidad y a la que se sumaron numerosas organizaciones, señalaba que el decreto representaba una “invasión flagrante” de las competencias del Congreso.

La Ley 27.793 establece beneficios económicos para el sector de las personas con discapacidad, declara emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y establece regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas.

De acuerdo a lo que señaló el juez en su fallo, “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de personas con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias, y que el Estado Argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que garantizan la protección integral de los grupos más vulnerables”.

Para González Charvay, la suspensión de la ley impide la aplicación de las medidas “diseñadas para garantizar la continuidad de las prestaciones, establecer estándares mínimos de calidad y accesibilidad, implementar mecanismos de monitoreo y evaluación del sistema y asegurar la participación efectiva de las personas con discapacidad en las decisiones que las afectan”.

El fallo se conoce luego de la movilización que este miércoles realizaron los trabajadores del Hospital Garrahan y el Foro Permanente por la Discapacidad a Plaza de Mayo para reclamar porque en el dictamen del Presupuesto 2026 no están las partidas destinadas al sector.

El pasado 4 de octubre, Javier Milei promulgó las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento para las universidades públicas, pero decidió no aplicarlas. Con el argumento de que ambas normas “generan un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica”, el Gobierno las publicó este martes en el Boletín Oficial y, al mismo tiempo, suspendió su ejecución, pese a que habían sido aprobadas por el Congreso por insistencia, con mayorías abrumadoras de 2/3 de los votos, tras un veto presidencial.