Lo que en algún momento fue un fenómeno ocasional, hoy es una constante en las unidades productivas, que ya toman como una variable más a las pérdidas por robos de maquinarias, de animales, hechos violentos en cuanto a los rodeos, los bienes móviles, herramientas, las viviendas y galpones, pero sobre todo en cuanto a las personas que hacen a la ruralidad.
Tomando el período dado por las últimas dos campañas gruesas, en nuestra región se han vivido situaciones de gran violencia y de pérdidas económicas enormes, que han pasado sin importancia frente a las autoridades provinciales y locales, sin respuesta por parte de la Justicia, ni de las fuerzas de seguridad.
Por los caminos rurales que no se mantienen, a pesar de los fondos que aporta el sector para tal fin, circulan libremente los delincuentes y no así las patrullas que deberían estar evitando los delitos, por falta de recursos de todo tipo.
Los hechos son denunciados, son planteados ante las autoridades que los dejan pasar para ocasionalmente completar una estadística, pero que no logran investigaciones y mucho menos condenas, limitando la vida en la ruralidad, así como pasa en las ciudades y pueblos.
El campo es la caja favorita de los gobiernos, pero no sólo genera divisas y alimento, sino que precisa respuestas políticas rápidas y efectivas como contrapartida para resolver estos conflictos que lejos de aletargarse se incrementan, los cuales al mismo tiempo no figuran en el temario de un año electoral.
No queremos llegar a lamentar alguna pérdida que no sea cuantificable, pero si irreparable.
Desde nuestra entidad siempre estamos dispuestos a volver a ser escenario de un intercambio serio, formal y concreto para poder avanzar en soluciones, sería lo mismo que iniciamos en 2024 y que terminó en la nada, discontinuado por las autoridades con la promesa de la conformación de una mesa ampliada de seguridad rural, que jamás impactó en las acciones.
Seguimos abiertos al diálogo y a la acción para remediar la inseguridad que no se detiene.
