Durante la jornada de este lunes, impulsado por el grupo de autoconvocados «Verdad y Justicia» de nuestra ciudad, se llevó a cabo una sentada en la vereda de los Tribunales locales pidiendo por una Justicia Independiente, sin ideología de género. La movida parte de un pedido hacia la comunidad para seguir apoyando a visibilizar esta causa donde «las características de muchas denuncias de abuso sexual es que no existen huellas físicas, por el tiempo transcurrido o por el tipo de hechos denunciados. Esto hace que se le dé mucha relevancia al relato de la supuesta víctima», expusieron desde el grupo local. Aunque particularmente el pedido no solo pasó por esta órbita, y desde el movimiento han solicitado a la justicia que pueda comenzar a investigar el accionar de determinados fiscales, sobre quien pesan denuncias por un accionar irregular.

Una de las presentes en esta acción fue, Fernanda de Luca, esposa del profe Juan Trigatti de Santa Fe, el docente imputado por abuso sexual a niños del Jardín «Ceferino Namuncurá», quien fue una de las encargadas de levantar la voz y hacer un claro pedido a la justicia sobre este tema en particular.

En diálogo con CASTELLANOS, de Luca reconoció claramente que «hemos observado y que hay múltiples denuncias presentadas, ante la comisión de acuerdo del senado, sobre las tremendas irregularidades en las investigaciones penales, esta prevalencia del relato sobre cualquier prueba material ha generado una relajación del sistema de investigación penal, al punto de que comprobamos a simple vista y de todo el mundo, inclusive muchos casos han tomado estado público, se esconden pruebas, se pierden pruebas, se niegan y ante la evidencia de esta situación, no se inician procesos de investigación, los fiscales siguen adelante con las causas, las mismas terminan en una condena a pesar de las innumerable cantidad de irregularidades sobre las cuales se sustentan y los fiscales no solo siguen en sus cargos sino que además en esta instancia, muchos se encuentran concursando para jueces penales, fiscales regionales o generales, entonces lo que estamos pidiendo, no solo las familias vinculadas a las falsas denuncias, sino un grupo importante de ciudadanos autoconvocados, es que se investigue el accionar de los fiscales, sobre las denuncias concretas que se han presentado y que mientras la investigación se realice que no se les permita acceder a ningún cargo superior dentro del sistema judicial 

Un hilo conductor
Como ya lo hemos comentado en varias oportunidades desde este medio, es que uno de los vínculos que unen a estas personas autoconvocadas es la resistencia a encontrar cualquier evidencia que apunta a “desmentir la denuncia”.

Según de Luca, “se tergiversa esta premisa de proteger a las víctimas, considerando que sería revictivizarlas con cualquier tipo de investigación, con lo cual no se investiga el contexto de las víctimas, pero tampoco el contexto de los acusados. Mi esposo tiene 26 años de docencia, nadie se interiorizó en saber cómo ha sido su trayectoria durante todos estos años, somos nosotros los que ofrecemos un sin número de testigos que van a dar cuenta de su trabajo. Nadie indagó sobre esto y su perfil psicológico o psiquiátrico”, sino que el “único sustento” a este tipo de denuncias es el relato de una supuesta víctima y ante este lugar “estamos ante la imposibilidad tremenda de ejercer el derecho a la defensa, ya que las pruebas que se pueden obtener para demostrar la inocencia, son siempre desestimadas”

Fernanda reconoce que a partir de lo que les tocó vivir en primera persona, empezaron a conocer una realidad que es ajena, a menos de que se esté involucrado en esta situación y es la existencia de muchas personas y familias atravesando por la misma situación. “Muchas personas que por un relato se encuentran privados de libertad y con una familia haciendo un esfuerzo más allá de lo posible, inclusive vendiendo todos sus bienes para poder sostener una defensa que es muy costosa. No hay garantías de poder probar la inocencia ya que la primera hipótesis es la culpabilidad. Desde ese lugar es muy difícil, sumado a la presión social y mediática, que este tipo de denuncias genera sobre los jueces, fiscales. Es terrible asumir que lo mejor para un magistrado que equivocándose y condenar a un inocente, que equivocarse y no dando una respuesta a una supuesta víctima. Es más costoso no dar una respuesta a una supuesta víctima, frente a este desequilibrio de la presión social, se terminan inclinando por lo más débil, se termina acusando sin la suficiente cantidad de pruebas o fundamentación de la condena, con la consecuente cantidad de personas que están condenadas por delitos que no cometieron con una falta absoluta de sustento en las condenas” finalizó Fernanda De Luca.