
Se busca asegurar por ley los fondos para mantener y mejorar los caminos rurales
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley del diputado Pablo Pinotti que establece los parámetros para distribuir los recursos económicos para mejorar la infraestructura vial de los municipios y comunas. Los montos son acumulables y deberán presentarse los proyectos y etapas correspondientes de los trabajos. El objetivo es que las obras trasciendan lo político.
Regiónales22 de julio de 2022
Redacción
En la última sesión de la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de ley que crea el «Fondo de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Vial», destinado a la ejecución de obras en la red vial rural, urbana y suburbana pertenecientes a municipalidades de primera y segunda categoría; y comunas. Los recursos económicos se obtendrán de la mayor recaudación de rentas generales que perciba la Provincia durante el período 2022, por encima de lo estimado en la Ley 14.075. La distribución será de un 30% por partes iguales entre todas las localidades de la Provincia, mientras que el 70% restante se distribuirá entre todas las municipalidades y comunas en un 50% en base a la población y en otro 50% en base a la cantidad de kilómetros de la red vial rural de la municipalidad o comuna.
El diputado Pablo Pinotti, autor del proyecto, explicó a AIRE que la Provincia tiene 60.000 kilómetros de caminos rurales que pertenecen a las comunas y que la mayoría no llega con los recursos propios y las tasas rurales a cubrir el costo de los trabajos necesarios. La ley establece específicamente en qué se puede destinar los fondos, siempre vinculado a la red vial y atendiendo las necesidades de cada caso.
En su sexto artículo marca que los recursos irán para obras de pavimento nuevo, de repavimentación y bacheo; mejoramiento y ejecución de nuevos accesos a las localidades; mejoramiento y estabilizado de suelos en caminos rurales y urbanos; obras complementarias en vías intervenidas, siempre que no superen el 30% de la obra, en lo concerniente a arreglo de veredas, iluminación, desagües pluviales y cloacales, señalización y semaforización. También se podrá destinar el dinero a la compra de materiales de obra, siempre que no supere el 30% de la misma.
Otro de los ítems establece que se podrán comprar maquinarias para la realización de tareas de mantenimiento de caminos y obras de seguridad vial como reductores de velocidad, radarización o instalación cámaras de vigilancia. Las municipalidades de primera y segunda categoría (Santa Fe, Rosario, Rafaela, Sunchales, Venado Tuerto, Reconquista, entre otras) deberán afectar como mínimo un 20% a caminos rurales.
«La idea es que a todos los municipios y comunas les lleguen los fondos correspondientes estableciéndolo por ley, para que puedan realizar las obras necesarias para los accesos, educación, producción, que a veces por cuestiones de la política no llegan», explicó Pinotti. El espíritu del proyecto aprobado es «procurar una mayor equidad social, equilibrio territorial y desarrollo económico».
Esto queda establecido en el quinto artículo donde se indica que los objetivos son los de incluir social y laboralmente a los habitantes de las localidades de toda la Provincia, generando a través de la obra vial, mayor integración territorial, creación de fuentes de trabajo, fluidez del tránsito de la población, acceso a servicios básicos de salud, educación, empleo y seguridad pública. También se intenta con esto impulsar las actividades económicas de importancia a nivel regional, promoviendo la integración de zonas productivas y de servicios (frutihortícolas, agropecuarias, industriales, comerciales, turísticas) con los grandes centros urbanos. En un análisis económico más amplio, con dicha integración se reducirían los costos de traslado de mercaderías.
La autoridad de aplicación será la Dirección Provincial de Vialidad que cuenta con el personal técnico y la infraestructura necesaria para el análisis y seguimiento de los proyectos de obra. A diferencia de los convenios que la repartición efectúa actualmente con municipios y comunas, en esta ocasión en vez de estar condicionados a los tiempos y voluntades políticas para la asignación de los recursos, son los propios gobiernos locales quienes ya tendrán en su haber la parte financiera y solo deberán acordar el proyecto ejecutivo de obra.
A modo de ejemplo, con un fondo estimado de $ 4.000.000.000 a una municipalidad de primera categoría como Santa Fe le corresponderían aproximadamente $ 300.000.000, mientras que a una comuna como Colonia Bicha en el Departamento Castellanos, que tiene 300 habitantes y 800 hectáreas recibiría 8.000.000 para avanzar en obras.


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