Informes secretos sobre Montoneros y el ERP que tenía Perón cuando enfrentó a la JP

Autor: Juan Bautista Tata Yofre. El ataque del PRT-ERP a la guarnición militar de Azul coincidió con el tratamiento de reformas a la legislación penal, impulsadas por el Poder Ejecutivo, que se estaba considerando en el Parlamento. De lo que se trataba —frente al panorama que se vivía— era de restaurar algunas de las sanciones y la configuración de los delitos que habían sido derogados en las sesiones posteriores al 25 de mayo de 1973, tras la asunción de Héctor J. Cámpora. Especialmente para algunos delitos que afectarían la capacidad operacional de las organizaciones armadas terroristas. Entre otras figuras, los atentados con bombas; tenencia de armas de guerra; robo de armamento; muertes a personal militar y de las Fuerzas de Seguridad y toda persona con intenciones políticas; secuestros e incitación a la violencia.
Varios fueron los penalistas que trabajaron en la reforma penal. Entre otros José Alberto Deheza, yerno del general Eduardo Lonardi, en ese momento fiscal de la Fiscalía 2 y más tarde Ministro de Justicia y luego de Defensa de María Estela Martínez de Perón. Deheza era de los que pensaban que se podía atacar a la subversión con la ley. Ya se había intentado restaurar la Cámara Federal Penal de la Nación, mal llamada "Camarón", que había sido clausurada en mayo de 1973.
Desde el otro costado del arco político y en abierta disputa con Juan Domingo Perón, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luís Duhalde, reconocidos abogados del PRT-ERP, consideraron en su revista Militancia -Año 2-Nº 32- que "cualesquiera sean las diferencias que los sectores revolucionarios del peronismo tengan con el ERP, sobre las formas de llevar adelante la Guerra del Pueblo, nada hace a la conceptualización de las FFAA como un Ejército de ocupación que ha jugado un papel permanente para legalizar el sistema de explotación y dependencia". Para ellos reformar el Código Penal era una "vuelta al pasado".
Los diputados de la JP, enrolados en la Tendencia Revolucionaria, dieron un comunicado de prensa en el que señalan que los atacantes de la Unidad de Azul "pertenecen a las sectas de ultraizquierda y ultraderecha que pretenden obligar al Gobierno a un aumento de represión y se han pronunciado pues a favor de esas reformas pretendiendo burdamente que la represión se extienda sobre los sectores populares". Puras palabras porque el Presidente ya estaba informado del apoyo de Montoneros al ataque en Azul.
Así se comprende el relevo del gobernador Oscar Bidegain y su reemplazo por el sindicalista Victorio Calabró. Es más, tiempo más tarde Mario Roberto Santucho, jefe del PRT-ERP, dirá que el ataque a Azul, entre otras razones, tenía como fin "acelerar las contradicciones entre Montoneros y Perón".
Los diputados alertaron que se iban a oponer a la "legislación represiva". Firmaron esa declaración, que apareció publicada en la página 5 del diario Mayoría del 22 de enero de 1974, Roberto Vidaña, Armando Croatto, Carlos Kunkel, Aníbal Iturrieta, Rodolfo Vittar, Alberto Jiménez, Santiago Díaz Ortiz, Nilda Garré, Enrique Svrsek, Juan Manuel Ramírez, Jorge Glellel, Juana Romero y Diego Muniz Barreto. La declaración salió publicada el mismo día que Perón recibiría a algunos de ellos a las 10 de la mañana en la Residencia de Olivos.
Según me relato años más tarde el teniente coronel Alfredo Díaz, edecán presidencial, "estuve presente con otros oficiales cuando Perón se reunió con los diputados de la JP y los maltrató en directo por televisión. Antes de que entraran, Perón dispuso una tarima desde donde iba a hablar y algunos ministros atrás. Dispuso que sus sillones estuvieran separados por un metro 'así no se pueden codear'. Luego de lo que escuché, estaba claro de que Perón ya tenía 'in mente' lo que les iba a decir. Recuerdo que faltaron dos diputados: Julio Mera Figueroa y Nilda Garré. 'Alguien' de Olivos les avisó lo que se venía y que faltaran. No pregunté quién fue".
Los concurrentes pensaban que iba a ser una conversación privada y el Presidente los esperó con dos cámaras de televisión y el lugar de la escena, como contó Díaz, fue preparado con minuciosa prolijidad. A Perón se le acomodó el sillón presidencial y atrás separados por una corta distancia fueron ubicados los sillones para Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, y Ferdinando Pedrini, jefe del Bloque del FREJULI, los ministros de Interior y Bienestar Social; Secretario General de la Presidencia de la Nación, Vicente Solano Lima y el Secretario de Prensa y Difusión, Emilio Abras. El dueño de casa comenzó el encuentro de una manera seca y cortante:
Perón: -Muy bien, señores, ustedes pidieron hablar conmigo. Los escucho. De qué se trata.
Rodolfo Vittar: -Señor General, nosotros queríamos hablar con usted antes de hacerle entrega de un comunicado que hemos sacado repudiando el atentado de Azul. Queremos señalarle nuestros conceptos con respecto a la modificación del Código Penal. La nuestra no es una postura en contra de dicha modificación. Tenemos algunas dudas con respecto a la misma. Estamos de acuerdo en la necesidad de que nuestro Gobierno popular tenga realmente un aparato de seguridad y una legislación de seguridad del Estado popular, pero vemos que algunos de los considerandos no tienen mucha claridad en torno a pautas técnicas legales y políticas. Queremos con los compañeros diputados de la juventud escucharlo a usted. En el bloque hemos planteado, con los compañeros peronistas, la necesidad de una mayor discusión para que tampoco tengamos en el aspecto formal, enfrentamientos con los sectores opositores del Parlamento que hasta ahora vinimos trabajando en conjunto y en forma bastante profunda.
Perón: -Por lo que veo se trata de un problema interno del bloque. No es un problema que escape al mismo. Ahora, es indudable que en los grupos colegiados existe una norma ante la cual funciona y fuera de la cual no debe funcionar. Los grupos colegiados tienen su discusión interna; el concepto de la tarea misma legislativa lo impone, por eso existen los bloques. ¿Cuál debe ser la norma dentro de los bloques? Eso no se discute (…) Yo tengo entendido que hasta han concurrido ministros al bloque para tratar este asunto.
Diputado: -Concurrieron para hablar con el presidente de la comisión. Hay una comisión especializada interna permanente.
Perón: -Esto se ha tratado en el bloque y se ha votado.
Diputado: -Se votó simplemente si nosotros podíamos discutir el tema. Y se votó que no podíamos discutirlo.
Pedrini: -En el bloque no se pueden votar de ninguna manera los proyectos del Poder Ejecutivo. Lo que se votó fue la conveniencia o no de que comparecieran en el bloque los tres ministros, esto es, de Justicia, de Interior y de Defensa. Y el bloque resolvió que no era necesario, porque en realidad los tres ministros habían tenido una reunión con el presidente de la Cámara, con el suscripto, presidente del bloque, y con los presidentes de las comisiones Penal y de Justicia. Esa fue la resolución del bloque. Los compañeros de la juventud tienen problemas en dos artículos de la ley, que son Asociación Ilícita y Configuración del Delito.
Perón: -Entonces, las consideraciones son sobre la configuración del delito. Esa es una tarea del juez, el que hace la configuración del delito de asociación ilícita es el juez. Nosotros no podemos pensar en que ya la ley va a ir configurando los delitos de asociación ilícita. Eso es una enormidad; esa es una tarea para el juez. Lo que no esté claro en la ley será el juez el que lo interprete (…) El Poder Ejecutivo pide esta ley porque la necesita. Hay treinta asaltos que justificarían una ley dura; sin embargo hasta ahora hemos sido pacientes, pero ya no se puede seguir adelante, porque de lo contrario la debilidad nuestra será la que produzca la propia desgracia del país, que es lo queremos evitar. Ahora bien, hablando con toda franqueza, indudablemente no le veo razón a ninguno de los argumentos que vienen exponiéndome para la defensa de la ley. Eso será por la tarea de discutir y buscar triquiñuelas a las cosas. No, aquí hay un fin, el medio es otra cosa.
Diputado: -Pero la asociación ilícita podría venir por el solo hecho de estar agrupado en una asociación que no esté legalmente reconocida. Como puede suceder con una agrupación que recién se integra en un sindicato o en una agrupación de base política...